Culpa la Procuraduría Agraria a “intereses ajenos” de enfrentar a las comunidades de Malinaltepec

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Intereses ajenos al conflicto agrario que existe entre las comunidades de Tierra Colorada y Tilapa, municipio de Malinaltepec, son los que están promoviendo que los dos pueblos se enfrenten entre sí, dijo ayer el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, quien aseguró que se ha reunido por separado con los representantes de los dos núcleos agrarios y que existe la posibilidad de que haya una reunión conjunta para llegar a un acuerdo definitivo.
El funcionario federal aclaró que los hechos de violencia que se han dado en los últimos ocho días en las inmediaciones de esas dos comunidades no son por el conflicto agrario, sino que hay otros intereses de fondo de quienes están buscando que las dos localidades se enfrenten entre sí, por lo que demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se realice una investigación al respecto.
Jaimes Ferrel informó que el lunes pasado se reunió en Acapulco con los representantes del núcleo agrario de Tilapa, mientras que el martes lo haría en Tlapa con los de Tierra Colorada, pero finalmente este encuentro no se dio porque para los dirigentes era prioritario buscar al dirigente natural de ese pueblo, Raymundo Martínez Sánchez, quien fue baleado y privado de su libertad por un grupo de desconocidos junto con la maestra Camila Bravo Ignacio, quien logró escapar  de sus plagiarios a la altura de Santa Cruz del Rincón y narró los hechos.
Fuentes del mismo pueblo, el martes, dieron por muerto al dirigente a pesar de que aún no habían encontrado su cuerpo hasta ayer.
El delegado de la Procuraduría Agraria, informó que este incidente confirma también sus sospechas en el sentido de que la violencia no es por el conflicto agrario, puesto que uno de los detenidos por la Policía Comunitaria de Santa Cruz del Rincón, Anastacio Peñaloza, quien presuntamente participó en la agresión a Martínez Sánchez y Camila Bravo, no es de la comunidad de Tilapa ni de Tierra Colorada.
“Todavía no sabemos si Raymundo Martínez haya muerto del balazo que recibió y no sabemos que pasó después, lo cierto es que el individuo que aparentemente disparó, regresó a la comunidad de Santa Cruz del Rincón para ver lo que había pasado con la maestra y fue allí que lo detuvieron gentes de la CRAC y de ciudadanos del mismo pueblo”, dijo y agregó que seguramente esta persona sabe lo que pasó con Raymundo y el móvil del atendado en su contra, por eso añadió que es importante que la Procuraduría investigue bien lo que está pasando.
“Lo cierto es que esta persona (el detenido) es habitante de un poblado totalmente distinto a los núcleos agrarios que están en conflicto por la tierra y esto nos habla de que la violencia que hay es por otro tipo de broncas y hay quienes quieren que los pueblos se enfrenten”.
Dijo que en la reunión con los de Tilapa en Acapulco les dijo que “no tienen la cara de asesinos” y que no los cree capaces como para ir a agredir a los niños inocentes de la escuela secundaria, y que igual no cree que que los de Tierra Colorada son los que estén disparando contra Tilapa.
“Entonces, ¿quienes son los agresores?”, –se preguntó el mismo funcionario– y agregó que ese es el problema; “saber quien está empeñado en enfrentar a estos pueblos, quien es el interesado en que estos pueblos se aniquilen y hay que investigar quien es, y si ahorita ya hay un detenido, éste tiene que decir quién está detrás de todo esto”, dijo el delegado de la Procuradoría Agraria.
Explicó que el problema agrario se resolvió en su oportunidad con el pago de una contraprestación a la comunidad de Tierra Colorada “ pero ahorita, lamentablemente, están tomando de pretexto el asunto agrario para promover agresiones a ambos pueblos”.
Jaimes Ferrel dijo que como funcionario “le preocupa” que todo lo que está pasando en esos pueblos sea vinculado con el conflicto agrario, “porque no es verdad, por eso yo pediría a la instancia competente, en este caso a la Procuraduría de Justicia del estado que se avoque a investigar, tomando en consideración que hay un probable responsable detenido y veamos cual es el interés y quienes son los que están detrás de todo esto”, dijo.
El funcionario federal informó que hay posibilidad de una reunión con las dos partes para llegar a un acuerdo definitivo. Dijo que, incluso, la intención era que después de la reunión con los de Tierra Colorada en Tlapa se hiciera una en cojunto “para sentarnos a dialogar y olvidarnos de broncas”.
–¿Se ha identificado o hay algunos indicios de quiénes son y qué tipo de intereses están detrás de la violencia?
–Nos lo imaginamos pero no es conveniente mencionarlos, pero sí nos imaginamos que tipo de intereses hay.
“El problema agrario puede existir y revivir las veces que sean, pero en este caso es un pretexto que está tomando gente ajena a estos dos pueblos para echarlos a pelear y lastimarlos”, manifestó el procurador agrario.
Finalmente, el funcionario informó que existe de parte de esa dependencia federal una propuesta de solución al conflicto, misma que hizo del conocimiento a los comuneros de Tilapa en su reunión del lunes en Acapulco y que cree que también será aceptada por los de Tierra Colorada, cuando se reuna con ellos.
“Es cuestión nada más de que se generen las condiciones y una de estas condiciones es que se encuentre a Raymundo Martínez y yo sinceramente espero que lo encuentren con vida”, dijo.

Rebasa el conflicto el ámbito de lo agrario, reconoce la Secretaría de la Reforma Agraria

El delegado de de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Juan Manuel Olea Contreras, reconoció ayer que la violencia que en los últimos días ha ocurrido en las comunidades de Tilapa y Tierra Colorada, “rebasó la parte agraria y se ha convertido en un problema social y de seguridad en la región, y los balazos ya no nos corresponden a nosotros”, dijo.
El funcionario federal dijo que la dependencia está al margen de la situación, aunque coadyuva con el gobierno del estado para la solución del problema. Además, aseguró que la SRA ya resolvió el conflicto agrario desde el 2004, cuando a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) pagó una contraprestación de 2 millones 700 mil pesos al núcleo agrario de Tierra Colorada y los representantes de ambos núcleos agrarios firmaron un convenio y finiquito del conflicto.
Aseguró que a pesar de que el conflicto entre los habitantes de las dos comunidades ya no es un asunto que deba atender la dependencia, está participando en las reuniones que convoca el gobierno del estado a las dos partes para resolver el problema, que, insistió, es más social y de seguridad, que agrario.
Informó que el año pasado las reuniones entre las dos partes fueron mas frecuentes, hasta que los representantes de Tilapa dejaron de asistir al considerar que todas las resoluciones eran a su favor y que ya no había motivos para continuar en las reuniones con sus pares de Tierra Colorada.
Explicó que estas reuniones se venían realizando a pesar de que para la SRA el conflicto agrario se finiquitó en el 2004, cuando a través de Cosomer pagó 2 millones 700 mil pesos como contraprestación a Tierra Colorada a condición de que las 542 hectáreas de tierras que estaban en conflicto inicialmente quedaran en poder de Tilapa.
Explicó que fue así que los representantes de los dos núcleos agrarios firmaron un convenio de finiquito del problema agrario. Recordó que en el documento los representantes de los dos núcleos agrarios se comprometieron a convocar a sus representados a no generar actos de violencia en lo sucesivo, así como de no emprender acciones legales en contra de las dependencias encargadas de resolver el conflicto, “con esto para la SRA quedó finiquitado el problema”, dijo el delegado.
Explicó que de acuerdo a la normatividad, el Cosomer no puede pagar dos veces por el mismo terreno y que por tanto ahora no puede aplicar la misma medida de solución del conflicto, puesto que no se ha determinado si las “44 o 42” hectáreas que están en disputa por los dos núcleos agrarios forman parte de las 542 hectáreas por las que ya pagó la dependencia a Tierra Colorada en el 2004.
Agregó que por eso, ahora, el conflicto más que agrario es social y que lo ha estado atendiendo el gobierno del estado, pero que en las reuniones participa sólo como coadyuvante porque “ya rebasó la parte agraria y se convirtió en un problema social y de seguridad en la región, y los balazos ya no nos corresponden a nosotros”, dijo.
Olea Contreras opinó que para resolver el problema por las 44 o 42 hectáreas que están en disputa por Tilapa y Tierra Colorada se necesita realizar nuevos trabajos técnicos que dejen satisfechos a las dos partes, puesto que los que realizaron peritos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), no los dejaron conformes.
“Lo que se necesita es cotejar los resultados del peritaje del Instituto Polítecnico Nacional y checar si hizo bien su trabajo, asegurarse que estén bién”, propuso.