Ven defectos a la Ley de víctimas presentada por el presidente Calderón

La Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso de la Unión pero congelada por la Suprema Corte de Justicia a petición del presidente Felipe Calderón, tiene graves defectos que la hacen muy difícil de aplicar en la realidad.
Especialistas consideraron que la ley, que ha provocado una fuerte disputa del Ejecutivo con organizaciones sociales que la respaldan, tiene indefiniciones, ambigüedades y excesos en su diseño, que pueden provocar frustraciones aún peores que las que llevaron a su aprobación.
“Las condiciones en que se generó al ley generan una situación paradójica: se sigue considerando a la ley como un remedio mágico a un problema serio y doloroso, como si la ley por si misma fuera capaz de resolverlo, pero se olvida que una ley defectuosamente diseñada atenta contra el propósito mismo que se quiere lograr”, afirmó Sergio López-Ayllón, secretario General del CIDE.
Entre los problemas que enumeró destacan el diseño poco claro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y su Comisión Ejecutiva; las indefiniciones sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre el cual ni siquiera está claro si será uno solo, o uno para cada entidad del país y funciona con base en un complejo procedimiento de acceso; y el Registro Nacional de Víctimas, cuya operación tampoco está correctamente detallada.
“Por la forma en que fue diseñado el Sistema Nacional, es posible que en la práctica sea un galimatías que no pueda ser operable y genere un espacio más para la dilución de responsabilidades por parte de las autoridades obligadas por ley a dar atención a las víctimas”, afirmó López-Ayllón.
Una fuente del Ejecutivo, que pidió el anonimato para no entorpecer negociaciones con el Congreso, mencionó que una de las grandes preocupaciones es la “obligación subsidiaria” del Estado para reparar el daño en delitos en que el responsable no lo pueda hacer, lo que podría generar una enorme contingencia financiera que los legisladores no cuantificaron antes de aprobar el Fondo de Ayuda, pese a que dicha estimación previa es obligatoria en términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“La ley en cuestión es el resultado de muchos años de abusos, tanto en temas duros de derechos humanos, como en el día a día de la actuación de las autoridades ministeriales. Las afectaciones son muy claras. El problema es que la ley tal y como se pensó quería resolver muchas cosas en un sólo texto. Todo lo que busca resolver es válido, pero me temo que no puede hacerse en un mismo ordenamiento”, dijo por su parte José Antonio Caballero, también del CIDE y ex Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
Caballero explicó que la ley otorga a autoridades federales una serie de facultades sobre atención a víctimas que son propias de las Procuradurías estatales, partiendo de una aparente confusión entre el tema de seguridad pública -donde sí hay un sistema nacional concurrente entre todos los niveles de gobierno-, y el tema de procuración de justicia.
Además de los problemas de contenido, el Ejecutivo ha sostenido que el Congreso federal no puede expedir una ley general en esta materia, obligatoria para Estados y Municipios, mientras no se reforme la Constitución para darle dicha facultad.
El 30 de agosto, Calderón presentó su propia iniciativa de ley, con la idea de que podría ser aprobada antes de que la Corte resuelva la controversia contra la Ley General, sentencia que en el mejor de los casos será dictada hacia mediados de 2013. (Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México).