Respaldan organizaciones civiles, maestros y estudiantes en un acto público al comité de alumnos de Ayotzinapa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes del Frente de Masas Populares de Guerrero dieron su respaldo a los jóvenes que aspiran ingresar a la Normal Rural de Ayotzinapa a través del corrimiento del escalafón, y denunciaron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pretende desestabilizar y criminalizar a los miembros del Comité de Alumnos Ricardo Flores Magón, que han sido acusados de maltrato y tortura por un grupo de alumnos desplazados durante la “semana de adaptación”.
Asimismo, un vocero del movimiento #Yosoy132 manifestó solidaridad con la normal de Ayotzinapa, en este periodo de hostigamiento oficial y exigió a las autoridades del gobierno estatal respeto para la forma de organización interna de los alumnos.
En conferencia de prensa en el Zócalo de la ciudad, bajo la sombra de un árbol y acompañados de padres de familia cuyos hijos aún esperan por su inscripción en las instalaciones del plantel, los integrantes del frente sostuvieron que la organización estudiantil de la normal rural tiene normas internas que los funcionarios se comprometieron a respetar, y que en ellas se incluye la llamada semana de prueba o adaptación.
Por lo tanto, demandaron que se termine de inmediato el proceso de inscripción de los 140 espacios convenidos, mediante el procedimiento de corrimiento y que permitan que la vida académica de la normal se regularice.
De la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), un maestro –que se identificó como Samuel– declaró que por principios y por convicción la dirigencia del Comité Ejecutivo Democrático rechaza que la SEG intente incorporar a alumnos recomendados, que no cumplieron dos requisitos fundamentales: el estudio socioeconómico y que no acataron las disposiciones internas de la organización estudiantil.
Por la Red de Organismos de Derechos Humanos, Manuel Olivarez Hernández manifestó que es preocupante que el gobierno del estado use este conflicto para avanzar en una posible desaparición del normalismo rural. Recordó que en la minuta del 27 de agosto, las autoridades se comprometieron a respetar la semana de adaptación.
La madre de familia Griselda Romero López expresó su preocupación porque en audiencias con las autoridades, la secretaria de Educación se comprometió con el comité de alumnos a realizar el procedimiento de corrimiento en agosto, pero el problema sigue creciendo; apeló a la sensibilidad del gobernador, para evitar que este conflicto se agrave.
Mientras que Roberta Campos, de la Universidad Autónoma de Guerrero, recalcó que no es una casualidad que el gobierno haya enviado a asesinar a dos normalistas en el desalojo policiaco del 12 diciembre, y hoy pretende desconocer las normas internas de la normal rural, así como hostiga a los movimientos sociales, por ejemplo a los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El director del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, dio lectura a un comunicado del colectivo donde recordaron al gobernador Ángel Aguirre y a la secretaria de Educación, Silvia Romero, que su injerencia en la normal provoca los problemas, que ocasionan por indolencia y persistente provocación de conflictos internos, tuvo resultados funestos el 12 de diciembre de 2011: el asesinato de dos normalistas en un desalojo policiaco a balazos.
Recriminó que las autoridades educativas insistan en ignorar la prevalencia y el sentido tradicional de la “semana de adaptación”, que consiste en la realización de actividades de campo, de pruebas físicas y de trabajo comunitario, “que generalmente realizan fácilmente los estudiantes campesinos”, argumentando que no está señalada la convocatoria de nuevo ingreso, “como si la tradición del normalismo rural mexicano requiriera revisarse a cada momento a la luz de la visión burocrática, superficial y chambista del modelo educativo neoliberal que ellos impulsan”.
En cuanto a los 26 jóvenes que exigen su espacio porque fueron seleccionados con los criterios de la convocatoria, junto con un grupo de padres conformaron un bloque opositor, y reiteró que son recomendados e incondicionales de las autoridades, “pues en la revisión del estudio socioeconómico que se les aplicó, la mayoría proporcionó datos falsos para aparentar un origen campesino y que provienen de familias de escasos recursos”.
Consideró que la admisión de estos jóvenes de origen urbano pondría en riesgo permanente la estabilidad interna de la normal.
Asimismo, demandaron el desistimiento de demandas penales contra los integrantes del comité, por presuntos abusos y tortura durante la semana de adaptación, que confirma la intromisión de las autoridades en el conflicto, “porque ha sido el instrumento favorito de este gobierno para amedrentar, perseguir y reprimir de manera sigilosa a los luchadores sociales”.
Para finalizar, Javier Monroy indicó que acordaron con el gobierno del estado continuar hoy con la ventanilla de atención de Masas Populares, que se suspendió tras la represión estudiantil del 12 de diciembre. Confió en que esta manifestación no provoque otro distanciamiento.