Detienen a un trabajador de Sedesol acusado de que no cobró préstamos a periodistas

El trabajador de base de la dirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, Luis Antonio Vélez Lorenzo, se encuentra detenido desde hace ocho días, acusado de no haber cobrado los préstamos que la dependencia hizo a periodistas a través del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP).
El empleado enfrenta esa acusación, a pesar de que, según sus compañeros de trabajo, no tenía facultades para realizar ese trabajo y sus funciones eran solamente administrativas en el área para la cual laboraba, por lo que denunciaron que su aprehensión es una injusticia y un abuso de autoridad.
La orden de aprehensión la libró el juez cuarto del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravo, Abimael Rodríguez Nava, a petición del contralor del estado, Julio César Hernández Martínez, presuntamente derivado de una auditoría que realizó al FAP.
Los compañeros de trabajo de Vélez Lorenzo expresaron ayer su inconformidad porque explicaron que éste solamente realizaba labores administrativas, como la elaboración de los cheques, pero que no tenía facultades ni para entregarlos a los beneficiarios, ni para cobrar los recursos, puesto que esa es una función del Comité Técnico que lo integran los representantes de las organizaciones de periodistas y funcionarios de la dependencia estatal.
En conferencia de prensa, en la que pidieron no revelar sus identidades por temor a las represalias, informaron que la principal acusación de la Contraloría en contra de su compañero de trabajo es que omitió cobrar los prestamos que el FAP autorizó a los periodistas y que por no haberlo hecho “causó una afectación al patrimonio del gobierno del estado”.
Denunciaron que en todo caso el Contralor estatal Hernández Martínez debió pedir que se fincaran responsabilidades al ex secretario de Desarrollo Social, Fernando Donoso Pérez, o a la ex directora de la dependencia Francisca Vázquez Juárez, que eran los facultados, junto con los miembros del Comité Técnico del FAP para recuperar los recursos de los préstamos.
Los trabajadores declararon que el juez Rodríguez Nava no ha tomado en cuenta las pruebas a favor de su compañero, como el informe de las actividades que realizaba, todas ajenas a la responsabilidad que hoy le están endilgando.
Denunciaron que la Contraloría está utilizando al trabajador como un “chivo expiatorio” como parte de los procesos administrativos que ha iniciado a miembros de la administración estatal anterior.
Insistieron que si quiere hacerlo que demande el enjuiciamiento y encarcelamiento a los ex funcionarios que verdaderamente cometieron irregularidades administrativas.
Dijeron que los recursos que no fueron cobrados a periodistas beneficiados con préstamos del FAP son más de un millón de pesos.
Explicaron que el gobernador Ángel Aguirre ya aportó recursos para que sean condonados esos adeudos, y se preguntaron por qué fue detenido entonces su compañero que nada tuvo que ver. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).