Carlos Pérez Aguirre

Corrupción organizada y delincuencia

 

La vorágine de la delincuencia en la entidad ha alcanzado niveles sumamente alarmantes que atentan no solo contra la convivencia de la sociedad, sino también agreden el adecuado desarrollo y funcionamiento de las actividades productivas.

Estos embates se han dejado sentir en gremios como el de los médicos, los ingenieros y constructores, los maestros, los comerciantes, los prestadores de servicios turísticos y una lista interminable de sectores productivos que por temor a ser acechados o agredidos han disminuido significativamente sus actividades de producción y generación de empleos.

La actividad delincuencial imparable por los métodos tradicionales ha modificado los roles de relación con los órganos de Estado, y ello es a tal punto que ahora estas fuerzas oscuras controlan una parte del aparato político y administrativo del poder estatal.

Como se ha visto en las pasadas elecciones, la delincuencia penetró en los partidos políticos imponiendo candidatos o financiando campañas, ello sin distingo de emblemas partidistas, habiendo las estructuras burocráticas y dirigencias de esos –partidos- volteado la cara pragmáticamente para otro lado, con el fin de ganar a como diera lugar la elección.

Sin embargo al parecer ha aparecido otra figura, o mejor dicho, otra forma de actuar fuera de toda ley, con el único objetivo de obtener recursos ilícitos. Me refiero a los acontecimientos reseñados por la prensa, acerca de la toma de una fiesta por parte de individuos uniformados y embozados.

Ese festejo, como muchos que celebran en la capital del estado, tenía aspectos de corrupción que tradicionalmente son “aceptados” por las partes involucradas, mas no invitadas, los proveedores de bienes y servicios del sector salud estatal, a quienes se le pasó la charola para que cooperaran “voluntariamente “para el onomástico del subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud del estado. Sólo que en este evento se presentó un convoy de uniformados con los rostros cubiertos y quienes dijeron que buscaban nada menos que a los subsecretarios de Administración y al de Planeación de esa secretaría. O sea al anfitrión organizador y al festejado, pero según la narración de la prensa buscaban específicamente a esos dos personajes que afortunadamente pudieron escapar y ahora se encuentran fuertemente custodiados por policía estatal y marinos.

Lo alarmante del caso es en primer lugar el desafío directo al gobierno del estado al amenazar a funcionarios de primer nivel y lo segundo destacable son las características de sus demandas. Pedían que no se cobrara el 20 por ciento que según se sabe es el monto del diezmo que en los dos periodos de Ángel se ha utilizado para tasar a aquellos que no tienen la fortuna de ser familiares del gobernante.

De todos es conocido que los funcionarios en cuestión fueron impuestos por el hermano “cómodo” de Ángel, y ese es el encargado de los negocios jugosos al amparo del poder. Los demás se los dejan a empresas familiares constituidas al vapor, como la empresa que se encarga de los uniformes escolares. Aquí entonces cabe la pregunta; ¿se debe tolerar la corrupción oficial y el nepotismo gubernamental? ¿O sólo combatir la delincuencia que señala estas lacras? de las que los empresarios y la población ya están cansadas.

No es posible que la sociedad se entere de las prácticas cotidianas y procedimientos fraudulentos y fuera de la ley, para la asignación de contratos por boca de delincuentes, como tampoco debemos permitir que la delincuencia amedrente a la sociedad, incluso en festejos particulares. Uno de los saldos que genero la corrupción gubernamental es la falta de empleos y de alternativas de vida para la población y la juventud.

Hoy el corporativismo familiar del poder acerva y estimula ese cáncer que carcome la nación y específicamente al estado de Guerrero, la corrupción.

 

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