Jesús Mendoza Zaragoza

Servicio público sin privilegios

En unas semanas se dará ya el relevo de las autoridades municipales y de los miembros del Congreso en el estado de Guerrero. Esta es una ocasión para hacer algunas consideraciones sobre el servicio público como una vocación de alto valor por el campo de acción tan delicado y tan decisivo para el desarrollo de los pueblos. La identidad del servidor público implica un alto valor ético y una gran capacidad espiritual, además de las habilidades humanas necesarias para interactuar con personas, grupos, comunidades e instituciones.
La postración en que vive ancestralmente el estado de Guerrero debiera agudizar más el perfil de los servidores públicos como aquéllos que reconocen su responsabilidad social en torno a los principales valores sociales como la justicia, la paz y la libertad. Son necesarias capacidades morales en los servidores públicos que les hagan capaces de superar la tentación a brincar hacia un terreno ilegítimo e inmoral, que pocos suelen vencer. Me refiero a la tentación de sustituir el lugar del servicio como un lugar de privilegios.
Es la triste suerte con la que nos toca lidiar, servidores públicos convertidos en privilegiados debido al fácil acceso que se tiene desde el poder a los privilegios, unos de ellos legalizados por leyes y reglamentos carentes de sentido ético y social y, otros de ellos, construidos materialmente a partir de conductas criminales. Vamos, hay privilegios legales y otros ilegales. Para nuestro caso, todo privilegio que establece la inequidad como regla social, se vuelve ilícito puesto que no tiene sustento moral alguno que valga y es factor de injusticias y de desigualdades escandalosas.
Si es que mantenemos nuestra ruta hacia la democracia, sería oportuna la democratización del servicio público en dos aspectos muy puntuales. El primero es el de los ingresos, sueldos o salarios. Hay que medir la distancia que hay entre los salarios mínimos y los sueldos de los servidores públicos. Es una distancia abismal. Un servidor necesita un sueldo decoroso de servidor de la comunidad, que le acerque moral u materialmente a la comunidad a la que sirve o representa, de manera que se mantenga en contacto con las necesidades cotidianas de sus representados y con la sensibilidad de esas necesidades promueva acciones que mejoren las condiciones de vida de la comunidad.
Una iniciativa que se ha dejado escuchar en algunos espacios públicos es la de reducir los sueldos de los servidores públicos. ¿Por qué no promover la discusión –democrática– de este tema? ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a que ellos se sirvan con la cuchara grande? Tienen que bajarse los sueldos si es que tienen vergüenza y autoridad moral. Tienen que colocarse en el terreno del servicio y distanciarse del lugar de los privilegios, de los legales y de los ilegales.
El segundo aspecto que debiéramos democratizar en el ámbito del servicio público es la rendición de cuentas para comprobar que sirvieron al pueblo y no se sirvieron de él para ampliar el caudal de sus privilegios. Malamente ya nos acostumbramos a las corruptelas, al desvío de recursos, a las tranzas usuales en la obra pública. Tenemos ahora el mal sabor de los municipios que están en bancarrota. El caso de Acapulco es el más sonado pero no es el único, puesto que hubo excesos a los que antes no se había llegado.
La administración de los recursos públicos, no solo del dinero, sino también de las instituciones mismas tiene que ser vista como un servicio que hay que demostrar y verificar. Si lo hicieron bien, que se les reconozca; y si robaron o hicieron mal uso de la administración, que se les castigue, se reparen los daños y no se les premie con otros cargos públicos. Hay que señalar que en este caso prevalecen situaciones perversas. Las leyes que castigan a los ciudadanos comunes y corrientes son rígidas y estrictas en este sentido. Si una mujer es atrapada robando comida para sus hijos en un supermercado llega a tener formal prisión con mucha seguridad. Pero si un servidor público roba, no suele pasar nada porque las leyes están hechas a su medida. Tienen el acceso a los fueros que están sirviendo para solapar a quienes utilizaron de manera ilegal el servicio público para su conveniencia.
Mientras no se democratice el servicio público, la autoridad será más un factor de violencia y de inequidad que de paz y de justicia. ¿Y a dónde vamos a ir a parar con esta situación? Por lo tanto, opino que quienes vienen a relevar a las autoridades municipales y a los legisladores debieran asumir sus cargos con una conciencia de servicio público. Acerquen sus sueldos a los de la población en general y den cuentas claras a sus representados. Porque el terreno de los privilegios está maldito, ya que corrompe el alma y genera injusticia.