Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Un gobierno que encarcela a defensores indígenas

A 21 días de que se cumpla el tercer aniversario de las ejecuciones de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, dos defensores indígenas del pueblo Tu’un savi, que fueron detenidos, desaparecidos, torturados y posteriormente ejecutados en un paraje del municipio de Tecoanapa, Guerrero, otro defensor indígena Maximino García Catarino fue  detenido el 21 de enero y declarado formalmente preso en la cárcel de Ayutla, el pasado viernes 27 de enero de 2012. Maximino es  originario de Ocotlán y vecino de Juquila, del municipio de Ayutla de los Libres y forma parte de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que fue fundada por Raúl y Manuel.
Se trata de otro caso más donde un defensor indígena  es víctima de una falsa imputación fabricada por el Ministerio Público de Ayutla, quien  maneja de manera facciosa y mercantilista las leyes y los delitos, con el fin de lucrar con la justicia y al mismo tiempo, criminalizar a  las y los defensores de derechos humanos. Este trabajo sucio contra las organizaciones indígenas y sus defensores continúa profundamente arraigado en esta región, donde han sucedido graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de El Charco donde fueron ejecutados varios indígenas del pueblo Tu’un savi por elementos del ejército mexicano el 7 de junio de 1998.
En el 2002 en la zona me’ phaa de este mismo municipio, elementos del ejército mexicano violaron  a Valentina Rosendo Cantú el 16 de febrero, quien en esa fecha tenía 17 años. Esto mismo sufrió la compañera Inés Fernández Ortega  el 22  de marzo de ese mismo año. Las dos mujeres Me’ Phaa participaban en la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM). El 17 de abril de 2008 fueron detenidos 5 indígenas Me’ Phaa pertenecientes a la OPIM, acusados de cometer un homicidio contra un informante del ejército. Raúl Hernández fue el único que tuvo que enfrentar todo el proceso penal  que lo obligo a permanecer injustamente en la cárcel 28 meses, logrando demostrar su inocencia. Por este encarcelamiento arbitrario Amnistía Internacional (AI) lo declaró preso de conciencia.
En medio de estos actos persecutorios  contra los defensores indígenas y sus organizaciones se consumaron las ejecuciones de Raúl Lucas y Manuel Ponce en febrero de 2009, sin que las autoridades se hayan interesado en dar con el paradero de los responsables.
El encarcelamiento injusto de Maximino García Catarino se enmarca dentro del patrón de criminalización contra los defensores y defensoras que prevalece en una región militarizada, que ha costado la vida de muchos indígenas, quienes se han atrevido a organizarse y a defender sus derechos. En el 2007 los miembros de OFPM que vivían en Ocotlán, se vieron obligados a abandonar la comunidad ante las agresiones y amenazas constantes, por parte de un cacique priista. Fue un desplazamiento forzoso que las autoridades municipales y estatales solaparon y que dejaron en total indefensión a 15 familias que se vieron obligadas a asentarse en otro lugar, conocido ahora como Juquila. En esta región indígena es muy común que los caciques impongan su ley a balazos y que gocen de impunidad, por el padrinazgo político.
Desde su separación comunitaria, los miembros de la OFPM han tenido que luchar y resistir contra estos grupos acostumbrados a delinquir y a usar las  armas para dirimir los conflictos. En el 2009 fue asesinado en su parcela Francisco García Guadalupe, miembro de la OFPM, a pesar de que se interpuso la denuncia, las autoridades no han investigado los hechos al grado que no existe ninguna orden de aprehensión. En el 2010 emboscaron y mataron en el camino  a Constancio Rufina Lucas, también miembro de esta organización. Su caso se mantiene en la impunidad y gracias a esta actitud indo9lente de las autoridades, los autores del crimen  continúan con sus tropelías. Las autoridades en lugar de investigar y actuar  contra los responsables de estos homicidios, más bien se coluden con ellos y  se prestan para fabricar delitos. Uno de estos casos fue el de Álvaro Ramírez, a quien lo acusaron de homicidio. Con gran presteza actuaron los policías ministeriales para detenerlo. Sus negras intenciones de tener en prisión a uno de los líderes de la OFPM no prosperaron, porque se logró demostrar su  inocencia. No contentos con esta acción ilegal, los grupos de poder que atacan a la OFPM, intentaron matar el 30 de agosto de ese mismo año a Álvaro Ramírez junto con otros tres compañeros que se encontraban trabajando en su parcela. Álvaro recibió tres balazos que lo pusieron al borde de la muerte. Se salvó de milagro, sin embargo las autoridades encargadas de la investigación no se interesan  en atender los casos que le plantean las organizaciones como la OFPM y la OPIM.
En este 2012, el panorama para estas organizaciones es sombrío, porque a pesar de que existen medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, para 107 defensores y defensoras incluyendo a Maximino García,  las autoridades del estado, no sólo no cumplen a cabalidad con ellas, sino que persigue y encarcela a las y los defensores que debe  de proteger, como es el caso de Maximino García Catarino, a quien le imputan el delito de homicidio. Tanto el ministerio público como la misma policía pusieron todo su empeño para fabricar bien la denuncia y detener arbitrariamente a Maximino. La policía  se introdujo  a su domicilio con lujo de violencia, agrediendo y causando temor a sus menores hijos y a su esposa, quienes se encontraban con Maximino moliendo caña. A empujones lo sacaron sin decirle el motivo, ni mostrarle la orden de aprehensión. En el trayecto hacia Ayutla la policía lo golpeó para obligarlo a que se declarara confeso sobre el asesinato de Juan Teodoro García. También lo amenazaban para que dijera dónde viven los demás dirigentes de la OFPM. El silencio de Maximino le costó muy caro porque estando esposado recibió patadas y puñetazos.
A pesar de que fue detenido el 21 de enero, la policía ministerial lo puso a disposición del juzgado a Maximino hasta el día lunes 23 de enero, con la intención de que no  hubiera tiempo suficiente para preparar bien su defensa. En su declaración preparatoria fue informado sobre el delito que se le imputa y de los dos testigos que lo señalan. Al acceder al expediente se pudo constatar que las únicas probanzas con las que se pretende incriminar al defensor Maximino, son estos dos testimonios, que presentan serias contradicciones entre sí. Con la declaración del auto de formal prisión por parte del juez, queda evidenciada la postura facciosa de la autoridad judicial quien restó valor a las pruebas que presentó la defensa, esgrimiendo argumentos que no están sustentados en la ley. En lugar de manejarse por los principios de imparcialidad y objetividad se prestó para cuadrar su determinación conforme a la línea política  trazada por la procuraduría de justica. La decisión del juez Inocente Orduño es en sí misma violatoria de derechos humanos, pues el auto de formal prisión está sustentado en pruebas insuficientes y falsas,  que atentan contra el derecho a la presunción de inocencia que debe gozar el defensor Maximino García.
Esta falsa acusación fabricada contra Maximino y su injusto encarcelamiento viene a agudizar m    as la crisis que enfrentamos en nuestro estado por la violencia imparable y las graves violaciones a los derechos humanos, como los casos de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos defensores ecologistas que fueron desaparecidos desde el 7 de diciembre de 2011, así como las ejecuciones extrajudiciales de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, quienes perdieron la vida a manos de policías estatales y federales, por ejercer su derecho a la protesta, el pasado 12 de diciembre de 2011.
Maximino vive del trabajo del campo, siembra maíz y frijol y lo poco que cosecha lo destina para el consumo familiar. No tiene ningún ingreso económico. Las pocas plantas de café que tiene a un lado de su parcela son las que le permiten acceder al mercado. Tuvo la oportunidad de estudiar hasta la secundaria. Pasó el examen que aplica una institución religiosa destinada a apoyar a niños indígenas que tienen el interés de estudiar la secundaria. Estuvo en la Villa de los Niños de Guadalajara, donde logró aprender el español. Regresó a su comunidad en el 2002 y llegó con el deseo de servir a su comunidad. Se incorporó a la OFPM y pronto asumió un liderazgo importante al lado de Álvaro Ramírez. Se han organizado para hacer exigibles los derechos básicos, porque en su comunidad no hay un camino transitable, luz eléctrica, agua potable, médico y maestros.
A sus 26 años Maximino ha tenido que enfrentar amenazas, agresiones, desprecios, discriminación y ahora la cárcel, por asumirse como un defensor de su comunidad. En medio de tanta dureza y tanto abandono Maximino no pierde la esperanza de que su hija Adriana de 7 años, Oliver de 6, Elizabeth de 4, Eduardo de un año y medio, puedan vivir en la montaña en condiciones dignas. Al lado de su esposa Carmen Ramírez, quien no habla español y tiene la misma edad que él, trabajan con ahínco en el campo para que nunca falte el maíz y el frijol en su casa. Ahora su esposa tendrá que cargar con toda la responsabilidad, enfrentan un situación totalmente adversa para luchar por la libertad de Maximino.
Para las autoridades estatales,  los indígenas no tienen valor ni importancia, porque no son redituables económicamente  y más bien los sienten como una carga y un estorbo para el desarrollo. Por eso, a los indígenas que defienden sus derechos y alzan la voz, los acallan y los encarcelan, como lo han hecho con  Raúl Hernández, Álvaro Ramírez y ahora Maximino García.
Mientras este fin de semana los diputados federales y senadores del PRD protagonizaron el sainete de actuar como jueces para exonerar al gobernador por el caso de los asesinatos de dos estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia encarcelaron injustamente a un defensor indígena. No cabe duda que las autoridades son las causantes de esta crisis de gobernabilidad, porque no respetan los derechos humanos de la población más pobre, y por el contrario, sin ningún empacho suplantan a las instituciones encargadas de las investigaciones y actúan facciosamente para impedir que los legítimos anhelos de justicia por la que luchan los estudiantes de Ayotzinapa  dé con los responsables intelectuales de este artero crimen.