El dictamen sobre el desafuero de Willy Reyes, atorado por la falta de firmas de diputados

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Instructora, Marco Antonio Leyva Mena, imploró en tribuna a los diputados del PRD y del PAN que firmen antes del miércoles el dictamen por el que se exonera del juicio de desafuero al alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del diputado federal priista Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer Érick Estrada Vázquez, pero nadie le hizo caso.
A dos días de que termine la actual 59 Legislatura, los diputados realizaron ayer dos sesiones, principalmente para autoaprobarse sus cuentas públicas de 2010 y 2011, sin que dieran a conocer el contenido de los dictámenes.
Además, aprobaron dictámenes de las cuentas públicas de los ayuntamientos.
Fue en la segunda sesión donde los diputados aprobaron llevar a tribuna una postura del presidente de la Comisión Ins-tructora, sobre el caso Willy Reyes, por el que implora a los diputados del PRD y del PAN que firmen el dictamen, y para elegir a los consejeros electorales, pero éste segundo tema quedó pendiente para hoy martes.
En el caso del desafuero del alcalde de Tlapa, del cual una copia del dictamen se dio a conocer en la edición de El Sur el pasado viernes, el documento concluye que no es procedente el juicio político porque no existen elementos jurídicos.
Por ello, Leyva Mena, subió a tribuna a decir que llevaba “el tema que obliga a la actuación rápida de la presente legislatura, resolver”.
Primero dijo que “hay voces en este Congreso” que proponen  dejar el desafuero” del presidente de Tlapa a la próxima Legislatura, “señalando que no es un asunto de tema urgente para la presente”.
No dijo nombres, pero se sabe que los integrantes de la Comisión Instructora, el diputado del PAN, Ramiro Jaimes Gómez, y los perredistas Esteban García García y Pedro Reyes Gómez, no quieren firmar el dictamen en desacuerdo por la exoneración de Reyes.
Leyva Mena añadió que el dictamen presentado a los diputados de la Comisión Instructora sólo ha sido signado por él y por el otro priista, Ricardo Moreno Arcos, y que ha hecho “múltiples llamados, de manera verbal y escrita para convocarlos a ejercer con responsabilidad su derecho intransferible de votar en sentido positivo o negativo. Hasta el momento no se ha hecho”.
Luego Leyva Mena argumentó que “es de trascendental importancia agotar en la presente legislatura el asunto que ha mandado la Procuraduría en su petición de desafuero por autoría intelectual en contra de Moisés Villanueva de la Luz, porque obliga a un órgano de autoridad como éste a garantizar el principio de seguridad jurídica a cualquier ciudadano y no a obstruir, dilatar o posponer un asunto que concierne a su elemental derecho como ciudadano, que de caso contrario lo deja en total y absoluto estado de indefensión”.
Y advirtió a los diputados: “Lo contrario, retener, obstaculizar o posponer, un derecho fundamental, de petición de justicia, significa contraer responsabilidades para esta Legislatura como se tiene ya previsto en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como enunciativas se encuentran la del juicio político seguido a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán”.
Explicó que es procedente la controversia constitucional y no el juicio de amparo contra la abstención del Congreso de declarar la caducidad y continuar con aquél, o bien la controversia constitucional que procede en contra de resoluciones dictadas en un juicio político seguido a servidores públicos estatales.
Leyva Mena añadió que si a alguno de los diputados presentes le aburrían las citas de la Suprema Corte o de los Tratados Interna-cionales, indicó que en la Cons-titución local se señala en el artículo 110 que los legisladores locales se reputarán como servidores públicos y que éstos, en su artículo 111, “responderán de los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones de conformidad con la legislación aplicable, las sanciones podrán ser apercibimiento, amonestación, amonestación con constancia en el acta”, y por “las omisiones de carácter grave… es causa, amigas y amigos diputados, de responsabilidad política de esta soberanía”.
Insistió: “Aquí no se trata de señalar inocencias o culpabilidades de Willy Reyes Ramos o de incompetencia o eficiencia de la Procuraduría, simplemente es quitar o no el fuero, quitárselo actuará la Procuraduría, no quitárselo actuará la Procuraduría. Ello no le quita su obligación de proceder penalmente ante el inculpado y que sea el juez quien decida sobre su culpabilidad o inocencia”.
Considero que dejar el asunto a la siguiente Legislatura “es actuar con premeditación, alevosía y ventaja ante una Legislatura que no sabe el tema, que no se han conformado comisiones y pueden llegar a actuar con sentido político partidista ante un tema eminentemente jurídico”.
Además señaló sin explicar la alusión: “Hay otros que pueden estar pensando que el asunto lastimará la imagen del gobierno de Aguirre Rivero, pero yo les digo, no viste más a un gobierno ejercer con sentido de justicia sus casos que la realidad presenta y es toque de orgullo y distinción que sus órganos respeten la ley como garantía de buenos gobiernos”.
Leyva Mena, entonces se fue directo contra sus compañeros diputados de Legislatura: “Podrán señalar hoy que la omisión es la fase más política de este caso, pero yo refiero que puede ser la más cobarde de esta legislatura. El silencio cómplice del cálculo político partidista, que sin importar violentar el derecho, las garantías esenciales del ser humano prefiere callar a mantener una postura, positiva o negativa, pero al fin postura, que cubra las garantías procesales por esta soberanía”.
No estuvieron los diputados integrantes de la Comisión Instructora, el secretario es el diputado del PAN, Ramiro Jaimes Gómez; ni los perredistas Esteban García García y Pedro Reyes Gómez, para responderle a Marco Antonio Leyva Mena; tampoco lo hicieron el resto de los diputados asistentes a la sesión.

El dictamen exonerador

En la edición de El Sur del viernes 7 de septiembre, se dio a conocer que el dictamen firmado por Leyva Mena y Ricardo Moreno Arcos, establece que no existen elementos jurídicos que acrediten la presunta responsabilidad de Willy Reyes en la comisión del delito de homicidio en agravio de Villanueva y Estrada Vázquez.
Por lo que eso “impide legalmente” a la Comisión Instructora formular conclusiones dirigidas a declarar que ha lugar a proceder con el juicio político.
Se argumenta que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “no perfeccionó, concluyó y consignó la averiguación previa por el delito que se le imputó al acusado”.
Se añade que en la averiguación previa ZAR/02/090/2011, que adjuntó la PGJE para acreditar la presunta responsabilidad del denunciado, así como el juicio de procedencia instruido por esta comisión, “no se encuentran evidencias razonables para advertir el cumplimiento de los extremos del artículo 63 del Código de Procedimientos Penales que exigen contar con elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y comprobar la probable responsabilidad del indiciado”.
Dice que Reyes ofreció pruebas documentales y testimoniales, en tanto que durante el período procesal que se abrió el 25 de noviembre del 2011 y concluyó el 8 de junio, la PGJE “no presentó más pruebas para robustecer sus acusaciones”.