Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Atacan sicarios a empleados de Protección Civil; matan a un inspector y dejan tres heridos

El inspector de Bomberos Cecilio Pérez recibió dos disparos de pistola en el pecho y otro en la cabeza en el ataque ocurrido alrededor de las 3 de la tarde en una colonia de la salida de Acapulco por la carretera federal a la ciudad de a México * Foto: El Sur

 

*Versión extraoficial afirma que el atentado fue dirigido a las víctimas que iban a un terreno de la colonia Genaro Vázquez

* Hubo dos acribillados más en la jornada de narcoviolencia de ayer

* Paran labores en juzgados del penal de Las Cruces

*Dan formal prisión a los ministeriales acusados del asesinato de los dos normalistas

* Ofrece Aguirre un proceso justo y un bono tras un paro de labores de MPs y policías que protestaron en la Protur

* Castigo a responsables “trátese de quien se trate”, demanda diputado del PRI en nombre del Congreso

* Alumnos de Ayotzinapa buscarán otro mediador tras romper con el rector de la UAG

Matan a un inspector de Protección Civil en ataque de sicarios en colonia de Acapulco

Mariana Labastida

En una situación confusa, trabajadores de Protección Civil fueron atacados a balazos por sicarios en la colonia Genaro Vázquez, donde murió el jefe de inspección de zonas de Alto Riesgo, Cecilio Pérez Aranza, de 37 años, y resultaron heridos dos empleados de esa dependencia y un civil.
De manera oficial se informó que los trabajadores municipales fueron interceptados por hombres que asaltaban una tortillería en la colonia, pero de manera extraoficial se informó que habían sido atacados por hombres armados.
De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Melquiades Olmedo Montes, los trabajadores de esa dependencia iban a revisar un terreno en la colonia Genaro Vázquez a petición del señor Fortino de la Cruz, cuando se encontraron con varios hombres que estaban asaltando una tortillería en la calle Juan N. Álvarez, en el segundo retorno de la colonia, donde antes estaba la estatua de Lázaro Cárdenas, frente a la colonia la Mica.
El funcionario agregó que según la información que le dieron los delincuentes se llevaron a los trabajadores de Protección Civil e incluso ocuparon la camioneta para asaltar un camión repartidor, pero que desconocer en qué momento le dispararon al su jefe de inspección de zonas de riesgo y en que momento pudieron huir los otros dos trabajadores que resultaron heridos.
Olmedo Montes explicó que César González Bustos recibió un disparo en un glúteo y Jairo Morales Flores fue golpeado en la cabeza con la cacha de una pistola; ambos fueron trasladados al hospital Donato G. Alarcón.
Indicó que a las 2:30 de la tarde, los trabajadores, que iban a bordo de la camioneta número 06, se comunicaron a las oficinas de la dependencia para que contactaran a la persona que había pedido la inspección del terreno y que les diera alguna referencia porque no lo encontraban, y que momentos después se registraron los hechos.
Sin embargo versiones extraoficiales señalan que los trabajadores de Protección Civil fueron directamente atacados a balazos porque en el lugar se encontraron casquillos de armas R-45 y 9 milímetros.
El reporte al número de emergencia 066, aproximadamente a las 3 de a tarde, menciona que en una camioneta de Bomberos se encontraba una persona muerta.
La camioneta encendida sobre un morro de tierra donde se estrelló, en la parte trasera estaba el cuerpo de Cecilio Pérez con dos disparos en el pecho y uno en la cabeza, además de los dos trabajadores de Protección Civil heridos. También fue herido en el brazo derecho un hombre que iba pasando por el lugar.
Al lugar acudieron militares, policías federales, estatales y municipales, así como trabajadores de Protección Civil que resguardaron el área y comenzaron la investigación de los hechos.
Por la noche, del gobierno municipal se emitió un boletín de tres párrafos donde se informa del trabajador muerto y los dos heridos y “se lamenta profundamente este hecho delictuoso contra tres servidores públicos y reitera su atención al seguimiento de las investigaciones por  las autoridades correspondientes”.

Matan a dos más en Tres Palos y en el Kilómetro 21

Por otra parte, dos muertes violentas más fueron registradas ayer en el municipio y el primero de ellos fue asesinado en la carretera Acapulco-Pinotepa, a la altura del poblado de Tres Palos, y el segundo en el Kilómetro 21. Ambos fueron acribillados.
En el primer caso los hechos acaecieron a las 10 de la mañana y la víctima fue identificada como Jerónimo Muñoz Arredondo, de 41 años de edad, quien se encontraba recargado en una camioneta de la marca Ford Ranger, en el lugar se encontraron 15 casquillos de AK–47.
El otro ataque, en el Kilómetro 21, fue reportado a las 6 de la tarde, cuando hombres armados dispararon sobre un taller eléctrico ubicado sobre la carretera México-Acapulco, matando a uno de los mecánicos, de quien no se supo su identidad, y dejando herido a Miguel Flores Dorantes, trabajador de este taller.
Autoridades policiacas llegaron al lugar para resguardarlo mientras el Semefo trasladaba el cuerpo del occiso. En el sitio se encontraron cartuchos calibre 38 súper.

Paran labores trabajadores del TSJ por el asesinato de un secretario de Acuerdos

La ejecución de un agente del Ministerio Público (MP) y un secretario de Acuerdos, ambos adscritos a los juzgados del ramo penal, ubicados a un lado de la cárcel de Las Cruces, causó temor y protestas de trabajadores contra el gobierno estatal, al que exigieron mayor seguridad para su trabajo.
Ayer agentes del MP adscritos a los juzgados del penal y trabajadores del Tribunal Superior de Justicia que laboran en los juzgados de primera instancia que se encuentran a un costado del penal de Las Cruces, suspendieron labores ante el temor de ser víctimas de la inseguridad y rumores de más personas levantadas, como más tarde se confirmó que fue el caso del proyectista de Iguala, Hércules Aureoles Guadarrama.
Secretarios de Acuerdos y proyectistas adscritos en los mismos juzgados fueron a Chilpancingo a entregar un escrito al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, para exigirle que se refuercen las medidas de seguridad en su centro de trabajo debido a que varios de sus compañeros han sido víctimas del crimen organizado.
Los inconformes amenazaron con un paro laboral en caso de que el gobierno estatal no garantice su integridad en el TSJ y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los juzgados de primera instancia, de acuerdo con fuentes consultadas por este reportero.
Mientras que el juez sexto penal, Víctor Arellano Justo, dijo que hay temor entre los trabajadores que laboran en los juzgados adscritos al penal luego del asesinato de dos servidores públicos en menos de cuatro días, y pidió seguridad para esa zona de la ciudad “donde hay cientos de personas que trabajan en la procuración y administración de justicia”.
“Hoy iniciaron con un secretario (de Acuerdos) al día siguiente con un MP adscrito y no sabemos quién sea más adelante; no tenemos que esperar, las personas que colaboran aquí no van a esperar a quién pierda la vida, lo que necesitamos es seguridad”, señaló.
El domingo pasado, el agente del MP, Anselmo Santiago Arias, fue levantado por un comando en la calle del Futbol, de colonia Emiliano Zapata, cuando salía de su centro de trabajo.
Por la noche el MP fue encontrado muerto dentro de un automóvil abandonado en la avenida Cuauhtémoc.
El viernes pasado fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre en el interior de un automóvil sobre la avenida Farallón, cerca de la Costera, quien fue identificado como José Guadalupe de Aquino Flores y se desempeñaba como secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal, según reportes oficiales.
En el mismo vehículo, los sicarios dejaron varios narcomensajes escritos en cartulinas, uno de los cuales decía: “Esto les va a pasar a todos los que sigan apoyando a Víctor Aguirre y al director del penal, Antelmo Rodríguez Salgado, que sigue permitiendo la muerte dentro del penal, esto les va a pasar a todos. Atte. El Chapo”.
En otra de las cartulinas se leía: “Saludos Francisco Ramírez Ruiz, alias El pancho, supervisor de la Policía Preventiva, sigan mandando gente al rena y la Zapata, así van a quedar, ni clonando patrullas van a poder con nosotros. Atte. Gente Nueva generación del Chapo, Comando del diablo”.
De acuerdo con compañeros de Aquino Flores, éste había sido levantado un día antes de su hallazgo.
Sus familiares dijeron que se trataba de un secuestro, en virtud de que sus captores solicitaron dinero previo a su ejecución.
Ayer en las oficinas de los juzgados penales hubo poca presencia de trabajadores, como MPs, peritos o quienes laboran en el Tribunal Superior, porque un grupo, entre secretarios de acuerdos y proyectistas fueron a Chilpancingo a buscar a Martínez Garnelo para expresar el temor que tienen luego del asesinato de dos de sus compañeros.
Mientras que los MP adscritos a esos juzgados del penal se trasladaron a la protesta que tenían policías ministeriales en las oficinas de Promotora Turística, antes de una reunión con el gobernador Ángel Aguirre, para reclamar seguridad luego del asesinato de uno de sus compañeros.
En entrevista vía telefónica el juez sexto de lo penal criticó que no hay seguridad en esa zona donde se encuentra la cárcel de Acapulco.
Aunque ayer hubo patrullas en la calle del futbol, que conducen al penal, luego del asesinato del Ministerio Público Anselmo Santiago el domingo pasado.
“Han venido personas de fuera, de delincuencia organizada a tirarles o a balacear a las personas que vigilan la seguridad del reclusorio y quienes tienen armas. Con mayor razón deben de tener temor aquellas personas que se dedican a laborar de manera cotidiana y que son de personal administrativo  y personal judicial de aquí de los juzgados, hay un temor generalizado”, dijo el funcionario.
En entrevista telefónica en las oficinas a un lado del Cereso, el juez sexto penal señaló que la mayoría de las personas que laboran en los juzgados temen por su seguridad porque no hay vigilancia.
“Desde que entra uno, desde la carretera del bulevar hasta el lugar no hay ninguna patrulla que esté vigilando la llegada de las personas que laboran aquí, obviamente por esta relación laboral puede existir el riesgo de que alguien pueda dañar la integridad física de un trabajador del Poder Judicial”, indicó.
Arrellano Justo afirmó que el temor de los trabajadores aumentó con el asesinato del secretario de acuerdos y un Ministerio Público adscrito a los Juzgados del penal.
“Esto no había ocurrido en las instalaciones con trabajadores de la PGJE, de la Judicial, son dos vidas que arrancaron estas personas, de personal que trabaja aquí, personal con mucha dignidad”.
Indicó que la gente prefiere que les descuenten el día por no ir a trabajar a ir a laborar y poner en riesgo su vida, porque señaló que las operaciones de seguridad nada más están en la Costera.
En su caso, como juez dijo que está consciente de que desde que tomó el cargo como funcionario de la administración de justicia hay riesgos, pero que no por eso dejará de ir a trabajar. “Los riesgos son en todas partes tanto como el que trabaja construyendo un puente como el que trabaja construyendo un edificio, tienen los mismos riesgos laborales, nosotros  también como servidores públicos del poder judicial tenemos esos riesgos”.
Aunque el juez reviró que tampoco pueden permitir que “por omisión de las instituciones que se encarguen de la inseguridad sufrir una consecuencia cuando se puede evitar porque nosotros  no vivimos en otros tiempos donde debemos de estar armados o no, si tenemos cuerpo de seguridad, tenemos la situación que debe de predominar el estado de derecho, entonces debemos de confiar en las instituciones que procuren dar la seguridad a todos los ciudadanos”. (Redacción con información de Agencia Proceso).

Fue secuestrado
también un
proyectista del
TSJ de Iguala

Un proyectista de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue secuestrado al parecer el viernes pasado.
El proyectista es Hércules Aureoles Guadarrama y en el trienio pasado fue regidor en el municipio de San Miguel Totolapan por el PAN.
Fuentes del tribunal señalaron que la mañana de ayer los familiares del desaparecido informaron al presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, sobre los hechos durante el acto por la conmemoración del 162 Aniversario de la instalación del Congreso Constituyente.
Trascendió que el trabajador del TSJ fue secuestrado al parecer en una visita a la región de Tierra Caliente el viernes, luego de que salió de trabajar de la Tercera Sala Penal de esta ciudad. (Redacción / Iguala).

Aguirre y el gobierno federal deben responder por el asesinato del hijo de Sebastián Vázquez: ACNR

Fernando Hernández

Iguala

Los dirigentes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en la región Norte del estado coincidieron en que el asesinato de Hugo César Vázquez Bahena, hijo del activista Sebastián Vázquez Cruz, se trata de una provocación directa hacia la organización de izquierda.
Bajo una pintura al óleo del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, en uno de los cubículos de la Preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Moisés Ocampo Delgado, vocero de la organización, dijo que los asesinos del joven estudiante de ciencias políticas y administración urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) “lo que quieren es medir la capacidad de respuesta de la ACNR en este momento”.
“Nosotros, es sabido, ahora tenemos una vida pública, nuestra actividad política es abierta a la masas, nos sentimos orgullosos de nuestro pasado en la lucha armada… sin embargo pensamos que este es un ataque para ver nuestra capacidad de reacción, para ver si respondemos por otros métodos para justificar seguir reprimiéndonos”, acotó.
Abundó que “entonces para nosotros los inmediatos responsables  y quienes tienen que responder en primera instancia es el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y también el gobierno federal, son ellos a quienes estaremos exigiendo el esclarecimiento del asesinato”.
Exigió a los gobiernos estatal y federal que “paren esta ola de represión en contra de los luchadores sociales”.
—Con mucha frecuencia se vincula a los chavos que son asesinados con la delincuencia organizada, como si se tratara de justificar este tipo de asesinatos —se le preguntó por otra parte al profesor Juan Arredondo Riquelme.
—En ningún código o ninguna ley de esta ciudad está contemplada la pena de muerte, se trata de una vieja estrategia para tratar de hacer parecer a los luchadores sociales como integrantes de situaciones  delincuenciales, cosa que nosotros rechazamos. Las desapariciones forzadas y los levantones no están contemplados en la ley, se trata de la máxima expresión de la ilegalidad —respondió.
“La última vez que tuvimos la oportunidad de acompañar al camarada Sebastián (Vázquez Cruz) fue precisamente el martes pasado, fecha en que fue detenido y desaparecido su hijo. Esa noche vino aquí a Iguala y lo estuvimos acompañando a diferentes instancias de procuración de justicia, como la policía municipal, la Policía Federal, la Agencia del Ministerio Público del fuero común, y del fuero federal. Lo estuvimos acompañando hasta muy tarde por la desaparición de su hijo”, retomó Ocampo Delgado, quien también forma parte activa del Movimiento por la Paz con Justica y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Relató que la noche del martes “fue en la Policía Federal de Caminos donde un oficial nos informó que había estado ahí a la una de la tarde y que salió rumbo a las Grúas Rodríguez; ahí llegó y de ahí volvió a salir y nunca más llegó. Tiene mucha información este oficial, yo creo que también debe ser investigado al respecto, ¿por qué –en las instalaciones de la Policía Federal— no le entregaron toda la documentación en ese momento, por qué tuvo que regresar?”

Hay incertidumbre en los empresarios por el rebrote de la violencia: Coparmex

Salvador Serna

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Acapulco, Fernando Vargas Lozano, informó ayer que los socios de ese sindicato patronal cámara empresarial tienen incertidumbre y temor por el rebrote de violencia en el puerto.
“Hay incertidumbre y temor entre los socios. Acapulco no va a aguantar otro impacto a la economía como el que tuvimos el año pasado. Se debe de recomponer la estrategia del programa Guerrero Seguro. Las autoridades ya mostraron que podían con el problema y en el sector empresarial hay confianza de que los resultados positivos puedan volver a darse”, indicó.
En entrevista en su oficina, Vargas Lozano informó que la Coparmex Acapulco ya organiza la primera expo red nacional de negocios, por lo que espera que el rebrote de la violencia no influya en una cancelación del evento”.
Indicó que el puerto vive una situación paradójica pues el 40 por ciento de los socios Coparmex “decidieron que sus hijos se fueran de Acapulco. Cuando las familias se percatan de que la violencia baja los hijos regresan al puerto. Peor por otro lado la ocupación hotelera está arriba del 60 por ciento, es decir todavía no ha afectado este rebrote de violencia en el turismo. Deberíamos de tener aquí a los canadienses pero no están y el turismo nacional sí viene”.
Vargas Lozano subrayó que es necesario reforzar el programa Guerrero Seguro “porque de no ser así el puerto no resistirá otro desastre económico como el de 2011”.
Respecto a los acuerdos tomados en la última asamblea mensual de la Coparmex Acapulco, el empresario dijo que aumentó el número de socios y que gracias a la estrecha colaboración con asociaciones empresariales de otras entidades se van a repetir los programas de “Sal a votar” y el de “Ciudad Juárez Competitivo”, con la finalidad de incentivar el mercado interno de Acapulco.
“Que este año haya Semana Pyme, se funde la Compra Net y se emita una equitativa ley de adjudicaciones y licitaciones, que quede todo en claro. Asimismo meter en regla a esas famosas comercializadoras que sólo tienen una oficinita y que te venden desde un lápiz hasta una locomotora o tractor. Eso no queda muy claro”, puntualizó.
Por último, Vargas Lozano dijo que este año la Coparmex va a tener acceso al fondo Pyme, confirmado por la pasada firma de convenio entre el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero; “si tenemos acceso y una mayor participación como incubadoras de negocio, si califican los nuevos proyectos se pueden obtener recursos federales para echarlos a andar”.

Ofrece Aguirre proceso justo a ministeriales y un bono tras paro de labores y protesta en la Protur

Ministerios Públicos, peritos, policías ministeriales y administrativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado suspendieron labores ayer y protestaron en las oficinas de Promotora Turística (Protur) no solamente en defensa de los agentes detenidos por el asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, ni por el pago de viáticos, sino también en demanda de seguridad por los sucesos recientes en los juzgados del panel de Acapulco
Se reunieron en privado con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) y se supo que éste ofreció pagarles un bono en la próxima quincena y que ofreció un proceso “justo e imparcial” contra los dos policías ministeriales presos como presuntos responsables del asesinato de los estudiantes normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
A medio día, unos 150 trabajadores de la Procuraduría se congregaron afuera de las oficinas de Protur y gritaron consignas de “fuera, fuera” contra el encargado de despaacho de la dependencia Juan Manuel Herrera Campos.
El gobernador atendió a una comisión de 25 trabajadores de la Procuraduría.
Se supo que en la reunión estuvieron la esposa de Rey David Cortés, Flores Dina Treviño Castro, y la mamá de Ismael Matadama Salinas, ambos encarcelados por su presunta responsabilidad en la muerte de los dos estudiantes.
Los policías ministeriales llevaban una playera en la que se leía “exigimos justicia señor gobernador para Ismael Matadama y Rey David, inocentes!”.
Los policías ministeriales dijeron que cuando se reunieron el viernes con el subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre, sólo se habló de la reunión con el gobernador y no sobre sus demandas de mejoras salariales, la salida del director de la Policía Ministerial, Marco Esteban Juárez Escalera, y del encargado de la Procuraduría.
De acuerdo con el agente del ministerio público José Antonio Clavel Díaz, “la Procuraduría en su totalidad” está a favor de la salida de Herrera Campos, y precisó que son unos 700 trabajadores los que están inconformes.
Señaló que la “mayoría” suspendió labores y sólo se trabajó en los casos de urgencias por el término de plazos legales.
Explicó que la decisión de manifestarse fue para repudiar el “autoritarismo e ilegalidad” con que fueron consignados Matadama Salinas y Cortés Flores, y en protesta por el asesinato de su compañero Anselmo Santiago Arias, el agente del MP adscrito al juzgado penal de la cárcel de Las Cruces cuyo cuerpo fue encontrado ayer en la cajuela de un automóvil luego de que fue levantado.
Dijo que reclaman un “cinturón de seguridad” en torno al penal, luego de ese asesinato, que se suma al de un secretario de Acuerdos del mismo juzgado unos días antes.
Otras de las demandas que solicitan sean solucionadas son mejores salarios, trato digno, derechos laborales como vivienda, jubilación y que en sus recibos de pago aparezca su salario real.
La salida del encargado de la Procuraduría la pidieron porque se expresa de manera despectiva, no los atiende y no es sensible a las necesidades del estado, porque no es de la entidad, y “¿para qué queremos un encargado de despacho así?”, agregó.
Del director de la PIM, Clavel Díaz en nombre de sus compañeros dijo que en el estado hay ciudadanos con solvencia moral para desempeñar ese cargo y no se toma en cuenta a los agentes de la Policía Ministerial, porque no hay carrera policial.
Dijo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia surgen del mismo órgano, y que eso no ocurre en la Procuraduría.
Denunció que con el ex procurador Alberto López Rosas ingresaron a la dependencia funcionarios y empleados de confianza sin someterse a pruebas de control, sólo por “favoritismo”.
A pregunta expresa de porqué esperaron ocho meses para manifestarse y para denunciar el favoritismo en la contratación de personal, cuando hechos de violencia en los que las víctimas son policías ministeriales o ministerios públicos no son nuevos, Clavel Díaz dijo que se debe a la “apatía” del actual encargado de despacho.
Mientras concluía la reunión de los agentes del Ministerio Público y policías ministeriales con el gobernador, algunos de sus compañeros contaron a los reporteros que el gobierno del estado no les ha pagado el bono que cada año se les daba en la primera semana de enero.
Se quejaron de que ese bono ha ido a la baja en lugar de ir en aumento, pues en 2009 les dieron 25 mil pesos a los ministerios públicos, en 2010 les entregaron 11 mil pesos, en 2011 8 mil pesos y este año no les han dado nada.
Los policías ministeriales reclaman que recibían un bono de 16 a 20 mil pesos y el último año se les entregó un bono por cuatro mil pesos.
La inconformidad de los trabajadores también es porque su salario base es muy bajo y eso les perjudica cuando se jubilan, porque les pagan pensiones de mil pesos al mes.
Al salir de la reunión los policías ministeriales y agentes del ministerio público se negaron a informar sobre los acuerdos con el gobernador y dijeron a sus compañeros que se reunirían en las oficinas de la Fiscalía Regional y ahí les informarían, aunque entre los manifestantes hubo voces que pedían que se las informara “de una vez”, pero no fueron atendidas.
Sólo se limitaron a decir que tenían “buenas noticias” y que en 15 días se volverían a reunir con el gobernador.
El agente del Ministerio Público Enrique Gil Mercado dijo que la petición de que Herrera Campos y Juárez Escalera dejen la Procuraduría no se planteó en la reunión.
Sobre la demanda de libertad a Ismael Matadama y Rey David Cortés, Gil Mercado dijo que el gobernador les ofreció un proceso “justo e imparcial”.
Sobre lo dicho por el abogado Antonio Nogueda Cavajal, de que el juez tiene línea del gobierno para dictarles auto de formal prisión, Gil Mercado dijo que hay un procedimiento para ello y el gobernador se comprometió a respetarlo.
Dijo que en 15 días se les pagará el bono a los policías ministeriales, y los presentes gritaron de cuánto sería, y les respondió que sería por lo menos igual al que se les otorgó el año anterior.
Dijo que los trabajadores que participaron en la movilización no hicieron paro porque hay varios turnos y hubo otros que sí cumplieron con el turno que les corresponde.
De la exigencia de seguridad en el penal tras los recientes asesinatos de funcionarios de los juzgados Gil Mercado no dijo nada.
Antes de reunirse con los policías ministeriales, en declaraciones a los reporteros después de inaugurar el quinto foro regional sobre el presupuesto 2012 para recursos hidráulicos que se llevó a cabo en el salón Ocean del hotel Princess, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que atendería a los policías ministeriales y reiteró que “si hay alguna cuestión en la que ellos no estén satisfechos que acudan a las instancias correspondientes”.
Por la mañana, en la conferencia semanal y a pregunta expresa sobre las manifestaciones de los policías ministeriales, el vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Núñez, dijo que “están en pleno derecho de manifestarse”. (Redacción con información de Daniel Velázquez).

Dan formal prisión a los dos ministeriales
por el asesinato de los dos normalistas

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El juez de primera instancia penal, Leoncio Molina Mercado, dictó auto de formal prisión a los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, como presuntos responsables del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Molina Mercado adelantó la diligencia y a las 6:40 de la tarde de ayer pidió a los custodios del penal que trajeran a la rejilla de prácticas del juzgado a los dos acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Enseguida les informó que dictaba el auto de formal prisión y que enfrentarán un juicio que durará siete meses, donde la PGJE aportará pruebas de cargo y la defensa de ellos las pruebas de descargo, para que pueda emitir una sentencia; los dos inculpados se retiraron de inmediato a sus celdas dentro del penal.
A esta diligencia en el juzgado no asistió el abogado de los dos policías ministeriales, Antonio Nogueda Carvajal, pero sí otro abogado, quien escuetamente dijo que solicitaron una copia fotostática de la resolución del juez para analizarla y dar una postura este martes.
Antes, por la mañana la defensa de los dos policías ministeriales tuvieron una diligencia con el juez, a quien le presentaron dos videograbaciones del 12 de diciembre como pruebas de descargo.
Al respecto, Nogueda Carvajal explicó que los dos videos son del dominio público y que los obtuvieron de una red que se dedica a subirlos en internet.
Explicó que el primer video es del momento en que es asesinado Gabriel Echeverría de Jesús, “donde se aprecia que los normalistas están reclamando a los policías federales que así dispararan a los delincuentes, y es el momento que cae asesinado el primer estudiante”.
El otro video es del momento en que está tendido en la carretera Echeverría de Jesús, pasa a un costado del cuerpo Jorge Alexis Herrera Pino y se dirige al muro de contención que divide los carriles de la Autopista del Sol, y en ese instante cae de frente, asesinado también.
Con todo y esas pruebas de descargo, el juez valoró que se debía dictar auto de formal prisión y lo hizo por la tarde, pero ya adelantó la defensa que va a acudir a un amparo de la justicia federal.

Castigo a responsables del asesinato de normalistas,
“trátese de quien se trate”, demanda diputado

Eduardo Albarrán

Iguala

Con protestas en contra del alcalde Raúl Tovar Tavera, demandas de cumplimiento de compromisos de obras, la exigencia de que frene la invasión de áreas verdes en la colonia Luis Quintero, así como la exigencia de desalojo de los invasores de la colonia Líderes del Sur, perteneciente a la asociación civil Rubén Figueroa Figueroa, se efectuó ayer el acto conmemorativo del 162 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del estado de Guerrero.
Poco después de las 8:30 de la mañana comenzaron a llegar los diputados locales al restaurante Los Laureles, donde desayunarían con los representantes de los medios de comunicación.
Sólo ocho de los 46 legisladores estuvieron ahí. Después de desayunar los diputados se trasladaron al monumento a la independencia, donde colocaron una ofrenda floral. Sólo acudieron 17.
Mientras los diputados se trasladaban a monumento a la independencia, miembros de la UCEZ, así como de las organizaciones Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, encabezados por Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado y Rafael Ochoa Ochoa, rodearon al presidente municipal, Raúl Tovar Tavera, para demandarle una audiencia y resolver los “asuntos pendientes”.
Tovar Tavera les pidió que no hicieran nada durante la ceremonia del Congreso del estado y les ofreció que los atendería en el palacio municipal a las 12 del día. Pero a pesar del compromiso, el alcalde no los atendió a la hora indicada.
Mientras se realizaba el acto conmemorativo, en el que estuvieron 27 diputados, la secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez en representación del Ejecutivo estatal, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia,? Jesús Martínez Garnelo, en las puertas del palacio municipal se manifestaron habitantes de las colonias Luis Quintero y Emilio M. González, quienes le exigieron desalojar a quienes han invadido áreas verdes de estas colonias con la anuencia y complicidad de funcionarios de catastro, obras públicas y del jurídico municipal, dijeron.
También se manifestaron los colonos del predio Lomas de la Pradera, mismo que fue invadido por precaristas hace más de 7 meses y que el presidente municipal se niega a regularizar.
Los habitantes de la colonia Luis Quintero aseguraron que entre los invasores se encuentra un policía de tránsito municipal, así como un militar que renta una casa en la colonia y quiere quedarse con un pedazo de terreno de las áreas verdes.
En el acto oficial, la lectura del decreto 21, del 21 de marzo de 1850 estuvo a cargo del diputado del PRD, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, y le correspondió al ex rector de la UAG y legislador por Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano), Florentino Cruz Ramírez, la lectura del acta constitutiva del Congreso Constituyente del estado de Guerrero.
El mensaje oficial le correspondió al diputado del PRI, Ignacio Ocampo Zavaleta.
En su participación, Ocampo Zavaleta hizo una remembranza histórica del Congreso Constituyente de 1850 y señaló que a pesar de las aportaciones históricas de Guerrero, sigue siendo uno de los estados que ocupan los últimos lugares en el desarrollo nacional.
Indicó que la muerte de los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como la del trabajador Gonzalo Miguel Rivas Cámara, además de la desaparición de los dirigentes ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, han colocado en los primeros planos de las noticias nacionales e internacionales a Guerrero, por lo que estos hechos deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables, “trátese de quien se trate”.
“Rechazamos la violencia, venga de donde venga, que mucho lastima a nuestros pueblos y que tanto nos obstruye en nuestros caminos. Promovamos la ley social con trabajo y con acciones productivas”, dijo el legislador.
Indicó que nadie quiere un estado convulsionado, “queremos paz y trabajo para que exista armonía social y política”.
Dijo que los legisladores han aprobado 213 leyes fiscales y 24 sobre otros temas, y destacó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual, dijo, es de las más avanzadas.
También destacó la Ley de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, además de la creación de la Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70.
Más adelante, y en el contexto electoral de este año, hizo un llamado a la conciliación, al diálogo, a los entendimientos, como instrumentos que permitan comprender que la política es el arte de dialogar para construir consensos.
Los diputados se retiraron. Los colonos inconformes se fueron al palacio municipal donde esperaron ser atendidos por el alcalde. Mientras, el alcalde Tovar Tavera atendía en su casa a algunos legisladores, como cada año de su gestión.

Convocan normalistas de Ayotzinapa a maestros a que les den clases para recuperar el semestre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa convocaron a maestros del estado y del país a impartir clases en la institución, para recuperar el semestre que concluyó el 27 de enero, y continuar la segunda parte del ciclo escolar, de forma ordinaria, con los maestros de la escuela.
En conferencia de prensa, los integrantes del Comité Estudiantil dieron lectura a un boletín de prensa sobre la convocatoria y para aclarar la solicitud que inicialmente hicieron al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ascencio Villegas Arrizón, en el sentido de respaldar institucionalmente a los catedráticos que ofrecieron su apoyo solidario a los normalistas para no perder el semestre ni el ciclo escolar.
Recordaron que el universitario y dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, encabezó y coordinó esta propuesta; pero el rector asumió una posición de interlocutor ante las autoridades educativas.
El integrante de la Comisión de Prensa y Propaganda, Pablo Juárez Cruz, indicó que en los próximos días van a informar quien será el interlocutor de los estudiantes de la Normal Rural con las autoridades de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG).
Los alumnos recordaron que desde el 7 de noviembre de 2011 los maestros de la Normal Rural dejaron la escuela y se negaron a regresar a las aulas, hasta imponer a un director que no era aceptado por los estudiantes, porque no cuenta con el perfil pedagógico para desempeñar este cargo.
Recordaron que luego de desalojo violento de estudiantes de la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos normalistas, el 12 de diciembre de 2011, y las movilizaciones de estudiantiles para exigir justicia, las autoridades educativas hicieron llamados reiterados a volver a las aulas para no perder el semestre.
Se informó que también los estudiantes han declarado su disposición a retomar las clases y realizar un doble esfuerzo para recuperar el semestre, y así “evitar dar armas al gobierno para el cierre de la normal”.
En este sentido, convocaron a los maestros que quieren solidarizarse con el trabajo académico impartiendo clases para recuperar el primero, tercero y cuarto semestre del plan de estudios de la Licenciatura de Primaria y Educación Física.
Durante la conferencia distribuyeron el mapa curricular de la Licenciatura de Primaria, que en el cuarto grado, consiste en prácticas de trabajo docente y seminarios de análisis.

Marcha en el aniversario de Genaro Vázquez

En la misma conferencia, se informó de la marcha del 2 de febrero en Chilpancingo, por el 40 aniversario luctuoso del comandante Genaro Vázquez Rojas, donde participarán 24 organizaciones sociales y de derechos humanos, con la exigencia de juicio político al gobernador Ángel Aguirre.
Los estudiantes presentaron un cartel de propaganda donde se destaca la demanda de “¡Justicia y solución a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa! ¡No a la impunidad ni al encubrimiento!”
Asimismo, se presentaron otras demandas: la cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota, cancelación del Acuerdo por la Calidad de la Educación en Guerrero y reconocimiento al impulso del proyecto de la escuela altamiranista; cancelación de las concesiones mineras de la Costa Chica, de La Montaña, de la Barra de Potosí y el puerto de Zihuatanejo; suspensión de órdenes de aprehensión y cierre de los procesos penales a los defensores de derechos humanos, promotores y luchadores sociales; conclusión de la obra de agua potable para los cinco pueblos de Tecoanapa, entre otras.

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