Conciliar para no dañar más a la UAG, piden ex trabajadores que ganaron un juicio laboral

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los representantes de 27 ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que ganaron un juicio ante la Junta local de Conciliación  de Arbitraje (JLCA) para recuperar prestaciones que la institución les quitó al jubilarse en un programa de retiro voluntario, demandaron una entrevista con el rector Ascencio Villegas Arrizón, para a arribar acuerdos que permitan conciliar intereses y evitar que el saldo de esta indemnización se siga elevando con el paso del tiempo.
Del grupo, Salvador Garcia Liborio y Margarita Méndez Bahena, aseguraron que la comisión que integró la administración central para atender este problema, desde que Villegas Arrizó comenzó su periodo como rector, no ha tenido intención de arribar a acuerdos.
Incluso, recordaron que ante el fallo en contra de la UAG en la primera quincena de agosto, el director general del departamento Jurídico, Guadalupe Bollas Bernabé, declaró que este grupo actuó de forma dolosa y tramposa para lesionar el patrimonio de la institución. Días después, el funcionario informó que presentó un amparó para revertir el fallo del tribunal laboral.
Salvador García Liborio indicó que son los funcionarios universitarios, y no los trabajadores, quienes actuaron con de forma tramposa y deshonesta cuando los excluyeron de la relación para el reconocimiento de la antigüedad real ante el ISSSTE, a los universitarios que también cotizaban en el ISSSPEG, pues aclaró que no hay impedimento en la ley para cobrar dos o tres pensiones, incluso se permite cotizar en más de un sistema para el retiro.
Aseguró que por excluirlos del reconocimiento de la antigüedad real ante el ISSSTE, la UAG les adeuda 47.5 por ciento de la pensión que deberían  gozar como pensionados, así como la parte proporcional de retiro, porque su indemnización sólo se calculó con base en el salario base.
Méndez Bahena insistió en que los ex trabajadores sólo exigen un trato igualitario al de las personas que se jubilaron con el salario integrado, es decir, el salario básico con prestaciones.
Indicó que, como ellos, existen otros grupos que cotizaban en el ISSSPEG y que tampoco se les reconoció antigüedad faltante ante el ISSSTE, pero “esa responsabilidad no es de los trabajadores, sino de la UAG”.
A los argumentos de la administración central, de que con el retiro voluntario bajo la modalidad de despido sin causa justificada, implicaba una indemnización tres veces más alta a la normal, subrayaron que no implicaba la renuncia de sus derechos.
El laudo de la JLCA condenó a la UAG a dar de alta en nómina a los 27 trabajadores que no fueron incorporados al reconocimiento de la antigüedad real ante el ISSSTE, y que implicaría el pago de 47.5 por ciento de la pensión que dejaron de recibir desde que se retiraron en 2008.
Méndez Bahena explicó la UAG cubriría este adeudo como lo hizo con los primeros jubilados de la institución, es decir, incorporándolos a una lista de nómina de personal en retiro; no serían incorporados al sistema como activos. Pero si la UAG prefiere pagar el reconocimiento real ante ISSSTE, el cobró de los trabajadores sería de otra manera.
Méndez Bahena subrayó que el alargamiento del juicio, implicaría que la UAG debe pagar la diferencia de lo que los trabajadores han dejado de percibir en el tiempo que lleve el proceso, y en ese sentido plantearon una entrevista con el rector, porque en cuanto más se extienda este juicio, la universidad saldrá más perjudicada.
Sin embargo, lamentó que ni siquiera han respondido a sus oficios de audiencia, y la comisión de negociación no tiene intención de arreglar este conflicto.
Asimismo, denunció que los funcionarios Javier Saldaña Almazán, Gilberto Silva Gamboa y Alejandro Morales Palma, sostuvieron que el programa de retiro voluntario no contemplaba la cancelación de plazas, “que se contrataría a nuestros familiares en las vacantes que dejábamos o reubicarlos de acuerdo a las necesidades de la UAG, y a cuatro años después, no han dado cumplimiento a este acuerdo”.
Para terminar, reconocieron haber participado en un programa que presuntamente era para el rescate financiero de la universidad, pero resultará más costoso por la incongruencia de sus funcionarios; “los tramposos, deshonestos y aberrantes son los funcionarios de la UAG que le niegan a los trabajadores sus derechos a las prestaciones, que incumplen lo que firman, fingen ignorancia y pretenden quedarse con recursos que no les corresponde”.
Aunque se negaron a hacer un cálculo promedio de la indemnización que debería pagar la institución en este momento, por el clima de inseguridad.