Podrían ser secuestradores del ex alcalde de Totolapan ocho de los ejecutados en Coyuca de Catalán: PGJE

Rosendo Betancourt Radilla, Israel Flores y Carlos Moreno

Chilpancingo, Ciudad Altamirano y Acapulco

La procuradora del estado Marta Elva Garzón Bernal dijo que una de las líneas de investigación de los 16 ejecutados en Coyuca de Catalán es que ocho de ellos eran secuestradores a los que “se les pasó la mano” cuando plagiaron al ex alcalde de San Miguel Totolapan, Miguel Jaimes Palacios, y en represalia “el jefe de la plaza” los torturó y asesinó.
La intención de dicho jefe, agregó, era que secuestraran al también coordinador regional del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) pero cuando se enteró que de lo asesinaron, hizo lo propio con sus gatilleros. Por el caso ya pidió la intervención del gobierno federal.
Jaimes Palacios fue encontrado, ejecutado, el domingo pasado en una carretera cerca de una gasolinera en San Miguel Totolapan. El lunes fueron encontrados 16 cadáveres apilados en una camioneta de redilas, en Coyuca de Catalán a 200 metros de la base de la Policía Federal.
Entrevistada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la fiscal recordó “iban muy lastimados los cuerpos, hay constancia, evidencia de tortura, fueron amarrados de pies y manos, fueron vendados”.
Como parte de las indagaciones informó que personal de la Procuraduría acudió a algunas comunidades del municipio de Arcelia y en La Comunidad les informaron que seis varones fueron levantados en una camioneta el sábado pasado y al momento se desconoce su paradero.
Una de las líneas de investigación sería que “en San Miguel Totolapan, el jefe de la plaza, así lo refieren, estaba muy molesto con ocho secuestradores que fueron los que dieron muerte al ex alcalde (Miguel Jaimes) y que él estaba muy molesto porque la única finalidad que perseguía el jefe de la plaza era secuestrarlo, pero que a esas ocho personas se les había pasado la mano. Entonces él dio a conocer que esos ocho ya habían sido privados de la vida”.
La Procuraduría no ha encontrado esos cadáveres por lo que la fiscal supone que los ocho secuestradores más los seis desaparecidos en La Comunidad serían 14 de los 16 cuerpos localizados el lunes en Coyuca de Catalán.
Al momento, agregó, no hay ningún cuerpo identificado “esperamos la presentación de los familiares al Servicio Médico Forense de Iguala para que puedan identificar a algunas personas”.
Informó que está coadyuvando la Procuraduría de Michoacán “pero ellos refieren que no tienen conocimiento de gente desaparecida”.
El apoyo de las fuerzas federales lo pidió porque se encontraron cartulinas firmadas por integrantes de la delincuencia organizada “ya que todo lo que tenemos refiere que estos homicidios fueron llevados a cabo por gente del crimen organizado”.
En ese sentido, adelantó que quienes integran Guerrero Seguro se reunirían con el secretario de Gobernación federal Alejandro Poiré, quien estuvo ayer en Guerrero, para que se refuerce la operación.
“Todo se está reforzando, es un problema que hay a nivel nacional, una cuestión de rivalidad de bandas, de grupos, entre ellos se están matando, peleando las plazas, queriendo aprovecharse de circunstancias y factores para que ellos puedan dominar con sus conductas reprobables”, añadió.
Se le recordó que el gobernador declaró que Guerrero Seguro no está funcionando y consideró “si lo dice el gobernador es porque en realidad hay muchas irregularidades provocadas por el crimen organizado, pero el grupo de coordinación Guerrero tiene un vocero, Arturo Martínez Núñez y es el único autorizado para hablar sobre este tema”.

De Arcelia y Copalillo ocho de los ejecutados

Ayer por la tarde fueron reconocidas siete de las dieciséis personas encontradas el lunes en el interior de una camioneta, en las afueras de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente del estado.
En las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala se identificó a Gregorio Martínez Abarca de 49 años, a su hijo Juan Pablo Martínez Martínez de 22 años; y a Porfirio García Gómez de 61 años, mecánico, los tres vecinos de Arcelia, “quienes que se encontraban privados de su libertad desde el pasado 16 de agosto, sin que sus familiares presentaran la denuncia correspondiente”, se lee en un boletín emitido por la PGJE.
También identificaron, como vecinos de Copalillo a Antonio Palacios Rosas de 20 años, Margarito Rosas Juárez de 48, Jorge Morales Jiménez de 28, Lázaro Muñoz Nava de 25 y a un menor de dieciséis años del que no se proporciona el nombre.
El familiar que los identificó dijo que “los cinco varones eran vecinos de la cabecera municipal de Copalillo, ubicado en la zona Norte del estado y que se dedicaban a la elaboración y venta de hamacas, agregó que la última comunicación que tuvo con su hijo (Antonio Palacios Rosas) fue el miércoles 5 de septiembre cerca de las 20:30 horas, cuando le dijo que ya venían de regreso desde Apatzingan, Michoacán; en un taxi sin que llegaran a su destino”, se lee.
Con esto se descarta la información preliminar que dio el gobernador Ángel Aguirre Rivero de que los muertos eran de Michoacán y habían fallecido en un enfrentamiento.

Instalarán cámaras para evitar más ataques al personal de la PGJE, anuncian

En Acapulco, a pregunta sobre si tomarán otro tipo de medidas tras los ataques a personal de la Procuraduría, como el caso del titular de la agencia del Ministerio Público de El Coloso y el asesinato de un policía ministerial a menos de 50 metros de las instalaciones de la PGJE, dijo que implementarán medidas como la instalación de cámaras de seguridad.
Indicó que no sólo en las instalaciones de la PGJE, también en las coordinaciones que han sido rafageadas como Zapata, Jardín y El Coloso. Agregó que el secretario general de Gobierno Humberto Salgado apoyará a la PGJE con seguridad pero de forma electrónica “cuando se lleve a cabo un ataque o alguna agresión a alguien de la Procuraduría, se pueda ver de donde viene”.
Dijo “no es que queramos lastimar intereses, desgraciadamente hay personas que cometen delitos y uno simplemente cumple con su trabajo”.
A pregunta expresa aseveró que las acciones de la Operación Guerrero Seguro sí están funcionando, pero dijo que no está autorizada para hablar del grupo de coordinación, y justificó que la violencia va en ascenso debido a un “fenómeno de aumento de la criminalidad a nivel nacional”.
Ejemplificó que “es como una carrera que va al avance del fenómeno de criminalidad, con muchísimo poder económico y por el otro lado el gobierno de atacar la situación” pero señaló que es un factor incontrolable.
Insistió en que sí ha disminuido la violencia en zonas como la Zapata y Ciudad Renacimiento, que son consideradas por el gobierno federal con mayor incidencia delictiva.