Persisten la persecución y las amenazas a los dirigentes de la OPIM, denuncian

Zacarías Cervantes

Ayutla

A pesar de las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de marzo a la fecha ha muerto en condiciones extrañas un integrante de esa organización, mientras que toda una familia se encuentra desaparecida.
La presidenta de la agrupación, Otilia Eugenio Manuel dijo que sigue el hostigamiento, la persecución y las amenazas en su contra por parte de personas extrañas que también han llegado hasta la casa de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por elementos del Ejército mexicano en el 2002 y que se supone debía tener garantías de seguridad.
Entrevistada al final del acto realizado en esta cabecera municipal, en la que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez colocaron la primera piedra del Centro Comunitario de Atención a las Mujeres y firmaron el Plan de Acciones y Compromisos para el Desarrollo de las Zonas Me’phaa y Mixteca de este municipio, la dirigente indígena denunció que la persecución sigue igual que antes de que se emitieran las medidas cautelares.
“El 29 de junio murió mi tío Margarito Eugenio Rufina, cuando lo encontraron muerto nos dijeron que se murió por un infarto, pero a pesar de que se realizó la necropsia no nos han dado a conocer los resultados de la causa de la muerte y por ese motivo no hemos podido sacar su acta de defunción”, denunció.
Informó que el cuerpo de su tío fue encontrado a dentro de la iglesia de San Felipe, en esta cabecera municipal, y que a pesar de que se abrió una averiguación previa en la Agencia del Ministerio Público, las autoridades no han esclarecido las causas de su muerte, aún cuando al principio aseguraron que se trató de un infarto.
Denunció que desde el 15 de julio se encuentra desaparecido otro de sus tíos, Francisco Eugenio Rufina, su esposa, Silveria Castro Alvino, y sus hijos Alejandrina, Ana, Hermelinda y un bebé de apellidos Eugenio Castro.
Informó que la familia vivía en la colonia El Aserradero de esta cabecera municipal y que de ellos no saben nada, “solamente nos dimos cuenta, de pronto, que su casa estaba cerrada, pero no hemos sabido nada de su paradero, ni las autoridades nos han informado”.
La presidenta de la OPIM informó que presentaron la denuncia de la desaparición de su familia pero que tampoco han recibido información, “no nos han dicho qué avances hay, no hemos sabido nada de la familia”.
La presidenta de la OPIM denunció que lo anterior forma parte de la persecución de los grupos de paramilitares que quieren terminar con la organización.
“El 6 de marzo, (cuando se realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad del gobierno por la violación del Ejército a Inés Fernández Ortega), yo dije que la denuncia en contra de los grupos de paramilitares me iba a costar la vida. No me costó la vida, pero mi familia la está pagando”, dijo.
Eugenio Manuel denunció, asimismo, que en las comunidades no hay seguridad y que los “delincuentes” siguen rondando a las familias que los denuncian.
Como parte de esta persecución también denunció la desaparición del indígena Longino Vicente Morales, quien desapareció desde hace tres meses en Chilpancingo y dijo que a pesar de que existe una denuncia en la Procuraduría, su familia no ha recibido informes de las investigaciones.