No se ha cumplido toda la sentencia de la Coidh por la violación de Inés, reclaman en Ayutla

Zacarías Cervantes

Ayutla

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, colocó ayer en esta cabecera municipal, la primera piedra del Centro Comunitario de Atención a las Mujeres y encabezó el acto para la firma del Plan de Acciones y Compromisos para el Desarrollo de las Zonas Me’phaa y Mixteca.
Las dos acciones del gobierno federal y estatal forman parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso de la violación sexual de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega por elementos del Ejército mexicano en el 2002.
En el acto, que se realizó después de las 10 de la mañana en esta cabecera municipal, la víctima y sus representantes, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), reclamaron al secretario de Gobernación, y al gobierno estatal, representado en este acto por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, porque el gobernador Ángel Aguirre Rivero no asistió, el cumplimiento total de la sentencia de la Coidh.
La petición fue porque aunque reconocieron avances, como la firma del convenio y la colocación de la primera piedra del Centro, no se ha cumplido en su totalidad la sentencia de la Coidh. Mientras que el secretario de Gobernación federal, en su intervención, ofreció el cumplimiento integral de la sentencia.
El funcionario federal llegó ayer poco después de las 10 de la mañana en esta cabecera municipal a bordo de un helicóptero sólo acompañado por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, para dar seguimiento a la sentencia emitida por la Coidh, que, en primer término recomendó el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública del Estado mexicano a la indígena victimizada. Acto que se realizó el 6 de marzo en esta cabecera municipal.
En esa ocasión, el gobierno federal y estatal asumieron el compromiso con la indígena y con la dirigencia de la OPIM, de poner en marcha un Plan de Acciones y Compromisos para el Desarrollo de las Zonas Me’phaa y Mixteca del municipio. Asimismo, como parte de la sentencia de la Corte, deben poner en marcha el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres.
Luego de varios actos que fueron cancelados, algunas veces por el gobierno del estado y otras por el gobierno federal por la falta de coincidencias en la agenda, finalmente ayer los representantes de los dos gobiernos encabezaron dicho acto, al que no asistió el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La ceremonia se realizó en un terreno baldío que se encuentra al noreste de esta cabecera municipal, donde se construirá el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres.
Además del secretario de Gobernación Poiré Romero y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, estuvieron el presidente Municipal, Armando García Rendón; el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel. Asimismo, se presentó como personaje principal a la victimizada Inés Fernández Ortega.
De entrada, Fernández Ortega, recordó a los gobiernos federal y estatal, (en la traducción de Obtilia Eugenio) que, como lo dijo en la ceremonia del 6 de marzo, en esta misma cabecera municipal, no creía que cumplieran su compromiso. Agregó que ahora, seis meses después, en su comunidad no se ha terminado con la instalación de la red eléctrica, que es una de las obras que se comprometió el gobierno federal para cumplir con la sentencia de la Coidh.
También demandó a los gobiernos estatal y federal que los proyectos de desarrollo en la zona no sean impuestos por los empleados de los gobiernos estatal y federal, sino que consulten a los pueblos, “porque luego nos enseñan un montón de documentos, en los que no se entiende la cantidad que se va a invertir”, dijo.
También exigió independencia y autonomía en el caso del Centro Comunitario de Atención a las Mujeres, “para que las mujeres indígenas no nos convirtamos en empleadas de ellos” y exigió, además, que los tres niveles de gobierno sean puntuales en la entrega de los recursos para su funcionamiento.
Tras la exigencia, argumentó que si bien el Centro funcionará con recursos del gobierno federal y estatal, “es porque aquí algo pasó y con esto se pretende reparar el daño”, y que por eso exigen independencia y libertad para que sean las mujeres indígenas las que se involucren en su funcionamiento, “que sean las de la OPIM las que trabajen aquí”, demandó Inés.
Después, denunció que las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y la integridad física de los indígenas no se han cumplido y que en su caso ha visto “personas extrañas” que han llegado cerca de su casa, mientras que las autoridades “no hacen nada”.
Denunció, además, que los indígenas que pertenecen a la OPIM siguen siendo objeto de persecución y hostigamiento y mencionó el caso del indígena Longino Vicente Morales, quien desapareció hace cuatro meses, en Chilpancingo, sin que todavía se sepa de su paradero, por lo que demandó la intervención  del secretario de Gobernación para que se investigue el caso.
Por su parte la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel demandó que en los proyectos que se están poniendo en marcha en esta región como parte de la sentencia que emitió la Coidh, no se pretenda imponer la decisión de los empleados del gobierno estatal y federal, sino que se respete la opinión de los indígenas.
En este sentido pidió que siga fungiendo como enlace entre el gobierno estatal y la organización Héctor Manuel Popoca Boone, “porque ya comprobamos que en estos proyectos se pretende imponer la corrupción y la impunidad”, dijo.
Igual que Fernández Ortega, denunció que no se han cumplido todavía en su totalidad la sentencia emitida por la Corte, puesto que en su comunidad (El Camalote), los niños siguen sin clases y todavía no hay servicio de salud, “cuando el gobierno se comprometió a que habría un desarrollo integral en esta zona”.
La dirigente de la OPIM denunció que tampoco se han cumplido con las garantías de seguridad para los habitantes de la zona porque continúa la persecución, el hostigamiento y las agresiones a la gente de la organización que representa.
Finalmente denunció que seguramente la persecución a su organización se mantiene por su apoyo a movimientos que han encabezado organismos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), La Palabra del Agua, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de la Parota (Cecop) y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
En su intervención, el director del Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recordó que en octubre próximo se cumplirán dos años de que la Coidh emitió la sentencia en contra del Estado mexicano por la violación a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en la que 17 de las medidas se pidieron para la primera y 16 para la segunda.
Pero, igualmente, denunció que no se han cumplido en su totalidad por lo que demandó que se apliquen mecanismos transexenales que garanticen su cumplimiento.
Indicó que si a caso se ha cumplido parte de la sentencia con la firma del convenio y la colocación de la primera piedra del Centro Comunitario que se realizaba ayer, así como con la aceptación para que los casos sean juzgados por jueces civiles, “pero nos preocupa que siguen pendientes las acciones para el desarrollo de la zona, así como las acciones de salud y educación”.
Dijo que en el aspecto del desarrollo integral de la zona no existe un mecanismo eficaz, sobre todo en los aspectos de salud y educación.
En respuesta a las críticas, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien asistió en representación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, aseguró que el gobierno estatal en coordinación con el federal están interesados en el cumplimiento cabal de la sentencia emitida por la Coidh, y que prueba de ello es la colocación de la primera piedra del Centro de Desarrollo Comunitario y de la firma del Plan de Acciones y Compromisos.
“Con esto se da un paso más al fallo que emitió la Corte para restaurar el episodio de un ultraje físico y moral que sufrió por servidores públicos insensibles y negligentes”, dijo con respecto a la violación sexual de Fernández Ortega.
Y dijo que el gobierno estatal está dispuesto a cumplir con toda la sentencia “para que nunca más se repitan situaciones como éstas que por su bajeza avergüenzan”, dijo.
Y en este sentido agregó que es una “obligación inalterable para que “todos evitemos que actos como éstos que deploramos y nos avergüenzan, vuelvan a ocurrir”.
A su vez el secretario de Gobernación, Poiré Romero se comprometió a que el gobierno federal cumplirá totalmente la sentencia emitida por la Corte, y dijo que “como muestra de ello el día de hoy se inician los trabajos del Centro Comunitario que albergará a niñas y niños de Ayutla en donde puedan acceder a servicios médicos, sicólogos, de capacitación y prevención. Así como para que haya servicios de guardería, enseñanza y un espacio para la formación de derechos humanos”.
Explicó que el albergue permitirá que las niñas y niños me’phaa y mixtecos van a tener un albergue en donde puedan quedarse cuando vengan a estudiar a la cabecera municipal. Explicó que el albergue contará con espacio para 50 niñas y niños, quienes tendrán áreas de deporte, recreación y de estudio.
En cuanto al Plan de Acciones, que también se firmó aquí, dijo que contó con la participación directa de la OPIM y que no se trata de ninguna imposición, puesto que “se ha trabajado de forma conjunta con las autoridades locales para robustecer las instancias gubernamentales en el municipio e implementar una política pública con el desarrollo y detonar el crecimiento de la zona”.
Finalizó que todas las acciones que corresponden a la sentencia de la Corte, “serán y seguirán siendo en beneficio de la población”.