Ha bajado el índice criminal en el puerto, aseguran Alejandro Poiré y Ángel Aguirre

Daniel Velázquez

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero junto con otras autoridades de seguridad pública se reunieron en privado para evaluar la operación Guerrero Seguro que el próximo 7 de octubre cumple un año de haber sido puesto en marcha en Acapulco.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Octava Zona Naval, donde el secretario de Gobernación encabezó una ceremonia de entrega de tres mil radios receptores de alerta sísmica.
En conferencia de prensa previa a la reunión, Poiré Romero expresó que es indudable que se tiene que “consolidar” la estrategia de seguridad en el estado.
Sin abundar en detalles, dijo que se va a evaluar la presencia y avance de la fuerza federal, además de los cambios que hay en la delincuencia organizada.
Otra de las actividades que realizó el secretario de Gobernación fue una visita al Centro de Control, Comunicación, Comando y Cómputo (C-4).
Siempre a pregunta expresa, Alejandro Poiré dijo que en la reunión privada que tendría con el gobernador Ángel Aguirre, los aspectos a evaluar serían la “presencia de la fuerza policial”, el “avance de la policía”, el “avance del compromiso del gobierno estatal” y el “avance de la depuración de las policías estatales”.
“Porque para el logro verdaderamente eficaz de una estrategia se necesitan las dos cosas, se necesita una fuerza federal bien coordinada, bien enfocada, con buena comunicación con el gobierno del estado, que ciertamente tenemos esa buena coordinación; y se necesita también una implementación acelerada de la depuración de los cuerpos de seguridad locales, porque son los que le dan mayor densidad a la fuerza de seguridad pública para poder reaccionar ante el fenómeno delictivo”, señaló.
Además de la participación de las organizaciones de la sociedad civil “con su crítica, señalamiento, compromiso”, agregó.
Otro de los factores a analizar en la reunión serían los “cambios en la delincuencia organizada en las zonas donde está generando preocupación y dolor en algunas zonas del estado”, que se entiende son la Costa Grande, Tierra Caliente y Acapulco, donde se han registrado el mayor número de ejecuciones en los últimos tres meses.
El gobernador dijo que en la reunión evaluarían “qué ajustes” hacerle a la estrategia de la Operación Guerrero Seguro.
Seguir capturando a los líderes del crimen
Poiré Romero dijo que en Guerrero el trabajo debe seguir en la captura de los líderes de las bandas delincuenciales para llevarlos ante la justicia y de esa forma debilitar a las bandas para que las policías estatales y municipales tengan espacio para su reconstrucción, “y entonces puedan acelerar la reducción de delitos como robo con violencia, como secuestro y extorsión, que a final de cuentas son los que más lastiman a la población; por supuesto, también el homicidio”.
“Guerrero Seguro es para ir tras los delincuentes y se han tenido capturas significativas particularmente en el puerto de Acapulco”, dijo el funcionario federal, además de reconstruir las instituciones, el tejido social, pero insistió en que “el paso fundamental es ir llevando a los responsables de la violencia a la justicia y que paguen por sus delitos”.
Indicó que en Guerrero en los delitos de robo, robo con violencia, secuestro, extorsión y homicidio, “en algunos hay indicadores a la baja”, pero se necesita consolidar la estrategia de seguridad en la entidad y se logrará acelerando el paso en los temas que siguen pendientes como la certificación de policías.
Expuso que Guerrero se ubica en la zona del Pacífico donde operan distintos grupos delictivos de distintas zonas del país, no sólo del estado sino del norte del país y del centro-sur.
“Existen grupos delincuenciales que no se circunscriben a un municipio o a una entidad en particular”, explicó.
El secretario de Gobernación dijo que en el combate a la delincuencia se debe caminar en tres frentes, y el primero es abatir el rezago institucional con jueces y policías confiables, el segundo es llevar a los delincuentes ante la justicia y el tercero es resarcir el tejido social. “Ojalá todos nos apuráramos”, apremió.
Expuso que la “responsabilidad fundamental del estado es combatir a la delincuencia e impartir justicia, no podemos suponer que la solución del problema pasa porque ignoremos el fenómeno delictivo, si dejamos que el fenómeno crezca por eso cuesta tanto trabajo resolverlo”.
Alejandro Poiré dijo que la violencia que se vive en el país es producto de la acción de grupos delincuenciales que están buscando el control de actividades en alguna zona en particular o que pretenden alguna venganza en contra de un grupo delictivo rival, generar una situación de zozobra para generar una respuesta de parte de la autoridad o para tratar de amedrentar a la autoridad. “Ellos son los responsables de la violencia y a ellos son a los que se les tiene que perseguir”, insistió.
A pregunta expresa sobre los resultados que reporta el gobierno del estado cada semana de la operación Guerrero Seguro en Acapulco, que indica que el número de ejecuciones van a la baja pero cuyos datos contrastan con la realidad que se vive en el municipio, donde la percepción es que los asesinatos van en aumento, el secretario de Gobernación dijo que no duda de que la información que reporte la Operación Guerrero Seguro sea fidedigna, porque se nutre de la información que llega de los ministerios públicos y autoridades locales que corroboran las autoridades federales.
Luego el gobernador intervino y dijo que “no habría razón para que nosotros maquillemos los datos, los datos ahí están a la vista de todos. No queremos distorsionar una información que está inmersa en nuestro estado”.
De nuevo el gobernador puso a disposición los resultados de la Operación Guerrero Seguro para que se comparen y se constate que hay una disminución en los hechos delictivos.
“No hemos dicho que es para echar las campanas al vuelo, somos los primeros en no estar satisfechos con estos resultados, pero de que ha habido un avance desde luego que lo ha habido, y ahí están las cifras que no mienten”, insistió Aguirre Rivero.
Del programa Todos por Acapulco que se puso en marcha el 31 de mayo en las colonias de Renacimiento, Zapata, Petaquillas y Progreso, el secretario de Gobernación dijo que se han aplicado encuestas y se han realizado talleres de trabajo en distintos polígonos de esas colonias.
Explicó que el objetivo de las encuestas y los talleres es que los vecinos de esas colonias identifiquen sus necesidades más urgentes y sean ellos quienes propongan alternativas de solución, porque en la medida en que se involucran en ellos más participan en las estrategias de solución.
“Eso nos va a dar la mayor garantía de que los aspectos de la estrategia implementados directamente van a ser los que pida la población y eso le da verdadera profundidad a la estrategia de reconstrucción del tejido social”, sostuvo.
Informó que ya se han identificado con claridad algunas de las necesidades más urgentes y los planes de acción están a punto de finalizar y conforme se tengan se anunciarán a los ciudadanos.
La revisión de la estrategia Todos por Acapulco se llevó a cabo en privado en las instalaciones del C-4, y se informó mediante un boletín de prensa que acudieron el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad y Desarrollo Económico, Jorge Ochoa Jiménez, y el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos; el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el comandante de la Octava Zona Naval, Sergio Javier Lara Montellanos; el comandante de la Novena Región Militar, Guillermo Moreno Serrano; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, y la presidenta municipal de Acapulco, Verónica Escobar Romo.
Durante la evaluación del programa Todos por Acapulco el gobernador dijo que la participación ciudadana es de suma importancia porque se necesitan rescatar los valores y fomentar más la convivencia familiar, por lo cual informó que su gobierno ha puesto en marcha la recuperación de espacios recreativos y unidades deportivas.
“Tenemos un gran reto, tenemos que trabajar a marchas forzadas para entregar mejores resultados a los guerrerenses”, precisó Aguirre Rivero.
Todavía hay retos por atender
En su discurso, durante la entrega de radios receptores de alerta sísmica, el secretario de Gobernación dijo que si en materia de seguridad se da seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno federal, México podrá ser ejemplo para muchos países del mundo en seguridad pública como lo es ahora en políticas públicas de protección civil.
Admitió que en el área de seguridad pública el país tiene “retos importantes por atender” y que no hay duda de que están pendientes acciones para disminuir la violencia y la inseguridad, pero si se mantiene la estrategia en unos años el país podrá ser ejemplo en esa área.
“Qué duda cabe que hay retos importantes por atender, qué duda cabe que quisiéramos que los índices delictivos estuvieran reduciéndose de manera más veloz, que los operativos que se están implementando en distintas zonas del país estuvieran también acompañados de un esfuerzo más veloz de transformación institucional a nivel local y de un esfuerzo cada vez más eficaz de la reducción de los índices delictivos, sí falta mucho”, subrayó.
“Es mucha la tarea que nos queda pendiente, son muchos los retos que nos quedan por delante, pero así como en otras materias hemos logrado dar el paso y hoy estamos dando impulsos muy significativos ya en un orden de prevención que quizá nunca imaginamos, yo estoy convencido que también en materia de seguridad si mantenemos el paso, si no bajamos la guardia, si cumplimos nuestro compromiso, si lo seguimos haciendo con apertura ante la sociedad, abiertos a la crítica y reconociendo los rezagos, estoy seguro que lo vamos a lograr”, expresó.
La de ayer fue la tercera visita que realiza durante este año el secretario de Gobernación al estado; durante la mañana estuvo en Ayutla para dar cumplimiento a las acciones de reparación del daño que estableció en su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la violación sexual de que fue víctima la indígena Inés Fernández por militares del Ejército en 2002.