Héctor Manuel Popoca Boone*

Coordinación y articulación

 

 

En la época del gobernador Don Alejandro Cervantes Delgado se establecieron los cimientos de todo un sistema de planeación participativa para el desarrollo socioeconómico del estado, que fue ejemplo nacional. Lamentablemente después, dicho sistema fue desmantelado, poco a poco, por los mandatarios posteriores al no querer guardar una disciplina y buena administración en el gasto público con objetivos y metas precisas, con sus respectivas rendiciones de cuentas anuales.

Requisito básico para alentar el desarrollo regional es que exista una buena coordinación y articulación de las instituciones que participan en esa faena y una mayor integralidad y delimitación territorial en la cobertura de obras y acciones públicas, con la activa participación de los pueblos en su definición y puesta en marcha.

Cuestión nada fácil de lograr. Me recuerdo que en ese entonces, y en tono de humor negro, comentaba que la forma más rápida de erradicar el cultivo de la mariguana era implementar un programa coordinado interinstitucional en apoyo a dicho cultivo. A la vuelta de dos años tendríamos erradicado totalmente el cultivo, por la mala aplicación y resultados fallidos, como es costumbre, de dichos programas gubernamentales.

Ante la conveniencia de producir maíz blanco por los buenos precios prevalecientes y por la necesidad de abastecer La Montaña que es deficitaria de ese grano, meses atrás de este año, el actual secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve y el que esto escribe, hicimos un intento preliminar de puesta en acción de un programa de apoyo integral de producción de maíz en el ciclo primavera-verano, con vías a implementarlo, en gran extensión, en el ciclo otoño-invierno.

Nos planteamos ampliar los terrenos de cultivo en zonas de riego del estado (que están en promedio aprovechadas al 36 por ciento de la capacidad instalada). El análisis situacional con el que nos enfrentamos fue el siguiente: Conagua ayudaría a los usuarios de los sistemas de riego a disponer la infraestructura establecida para algún riego de auxilio en caso de que se necesitara. Desafortunadamente muchos de los terrenos estaban enmontados. La Sagarpa ofrecía los apoyos de los programas federales orientados a ese propósito, pero ya estaban cerradas las ventanillas de atención. La Seder estaba atada de manos por tener presupuesto reducido, gracias al trabajo infértil de nuestros ínclitos diputados federales. El Firco ya andaba en lo suyo, como el llanero solitario, con su propia clientela. Finrural pedía para dar créditos a los ejidatarios, garantías de arraigo, estados financieros, registro ante el Sistema de Administración Tributaria, y otras linduras irrealizables en el contexto de una economía campesina.

En esa ocasión nos dimos por vencidos temporalmente, al constatar que las instituciones, sus programas, reglas de operación y las inercias establecidas no estaban acordes para dar apoyos integrales, suficientes, en forma oportuna y de acuerdo a una territorialidad e idiosincrasia específicas de los productores rurales.

En esta semana, con el inicio de operaciones del plan de acciones y compromisos de los tres órdenes de gobierno para el desarrollo de los pueblos indígenas del municipio de Ayutla, en el contexto de la sentencia emitida por la COIDH en el caso Inés Fernández Ortega y otros contra el Estado mexicano, hemos vuelto a retomar los pasos adecuados –aún incipientes– de lo que debe ser un ejercicio de planeación micro regional de carácter interinstitucional, debidamente articulado con visión integral, enfoque territorial y de co gestión con los pueblos.

 

PD1. Que quede claro: El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, en funciones de interino en aquel entonces, no tuvo responsabilidad de ningún tipo en las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas en la comunidad El Charco, Ayutla. Fue un operativo militar anti-guerrillero en el que, por razones obvias, no se hizo de su conocimiento al gobernante estatal.

PD2. A mis compañeros de gobierno les recuerdo que una de las principales consignas de campaña del actual gobernador fue: ¡Basta de saquear al erario público! De no acatarla, además de cometer engaño al pueblo, se nos revertirá en fea forma.

 

 

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* El autor es asesor del gobernador del estado