Llama la UIEG a que el gobierno intervenga en el conflicto entre Tilapa y Tierra Colorada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) llamó al gobierno del estado, encargado de garantizar la seguridad y la paz social, a resolver cuanto antes el conflicto entre Tilapa y Tierra Colorada, que ya se extendió a cinco municipios de La Montaña, porque sin una intervención efectiva puede haber mayor confrontación entre los pueblos de toda la región.

En conferencia de prensa, el rector Rafael Aréstegui Ruiz consideró que la rivalidad entre los pueblos se incrementa, así como el riesgo de un enfrentamiento entre los pueblos, “porque cuando un gobierno deja de ser rector de la vida social, los enfrentamientos pueden tener dimensiones espantosas”.

Señaló que hasta el Ejército se hace a un lado en un conflicto social donde está en riesgo la seguridad de la población, “significa que no hay gobierno”. Pues, aunque inicialmente soldados fueron enviados a la zona, se mantuvieron fuera del área de conflicto.

Acompañado de estudiantes, el rector resaltó que el conflicto agrario está afectando a la comunidad estudiantil de la UIEG, porque en la cotidianidad los alumnos bajan cada fin de semana a sus pueblos por dinero para sus alimentos, pero unos 100 estudiantes, de 400, no han podido bajar hace tres semanas por el conflicto.

Aunque también en sus pueblos se están quedando sin víveres, por los retenes que se han colocado en distintos puntos de la región alrededor del conflicto; los pobladores de distintos pueblos impiden el paso a extraños, se están haciendo disparos en la carrera Tlapa-Marquelia y ni las empresas comerciales se arriesgan a subir a las poblaciones.

No descartó que el ausentismo sea otro problema de la UIEG, porque si cada vez que suben a La Ciénega ponen en riesgo su vida, los jóvenes pueden optar por quedarse en sus comunidades.

Aréstegui Ruiz indicó que el reavivado conflicto de tierras entre Tierra Colorada y Tilapa, alteró la vida social, educativa y productiva en cinco municipios: Tlacoapa, Malinaltepec, Atlamajalcingo, Iliatenco y San Luis Acatlán, pero puede ser extensible a otros 15, “y si La Montaña se incendia no habrá forma de apagarla”.

Insistió en que el conflicto ha rebasado lo agrario y si no se resuelve de forma expedita, después los pueblos se van a andar matando porque son de diferentes culturas o hablan distintos idiomas, “cuando hay muertos, amerita intervención más de lleno, sino de fuerza pública, sí de oficio político”.

Consideró que la intervención de los gobiernos en turno para atender los conflictos agrarios en la región, ha sido negligente y de total abandono, porque no aportan los  recursos para una solución efectiva, y la prueba de ellos es que los pueblos siguen en el abandono, “nos preocupa que pueda haber un estallido social con graves consecuencias”.

Añadió que por la tarde se reunirían con la secretaria de Asuntos Politícos, Rossana Mora Patiño, para pedir que garantice el libre paso de sus alumnos en la zona de conflicto, pues en la comunidad de Colombia de Guadalupe unos 500 campesinos estaban instalados en el retén para impedir el paso de personas armadas, asimismo, hay decenas de personas en un retén de Iliatenco y en Santa Cruz del Rincón, municipio de San Luis Acatlán.

El rector cuestionó el papel del Ejército, metido en una guerra contra el narcotráfico que no tiene sentido ni futuro, pero que se hace a un lado en un conflicto que amerita su presencia, para garantizar la seguridad en un clima de violencia, donde se ha roto el tejido social y donde, sin intervención del Estado, se va a convertir en un campo de batalla.

Destacó que tampoco la policía estatal se ha presentado en la zona, pero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) está interviniendo como mediador, porque Tilapa y Tierra Colorada pertenecen a la Policía Comunitaria, “y tengo entendido que hoy (14 de septiembre) tendrán una reunión”.

Destacó que se habla que hay grupos usando armas de grueso calibre, cuando la Policía Comunitaria usa escopetas y calibre 22, por lo tanto consideró que el gobierno debe saber quién está calentando el conflicto.

Asimismo, cuestionó el papel de la Procuraduría Agraria y de sus declaraciones, donde el delegado habló de intereses oscuros atrás de la confrontación, más allá de la pelea de las tierras, pues durante 50 años tuvo la responsabilidad de resolver todos conflictos agrarios que siguen latentes en la misma zona.

Por otro lado, opinó que no hay bandas delictivas del crimen organizado en la zona, porque hace un año la CRAC realizó un juicio ejemplar a unos jóvenes por narcotráfico en Santa Cruz del Rincón, y determinó que las personas no era delincuentes, sino que habían equivocado el camino por falta de opciones de empleo.

Insistió, que no ha habido crimen organizado en la región, pero sí una fractura sin medida del tejido social.