Inicia el Senado análisis sobre Ley de Transparencia del PRI, que la matiza

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Senado de la República iniciará hoy el análisis de la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón en materia de transparencia y contabilidad gubernamental.
La tarde de este lunes quedará instalada la comisión técnica plural que procesará el proyecto, con la intención de llevarlo a la comisión dictaminadora y al pleno de la Cámara alta el 25 de septiembre.
Mientras tanto, el gobierno calderonista intensificará el cabildeo esta semana, ya que tiene contemplado reunirse el martes con la bancada del PRI, que es la fuerza mayoritaria en el Senado.
Un grupo de senadores del tricolor fueron citados a una reunión nocturna con José Antonio González, subsecretario de Ingresos de Hacienda, y Javier Laynez, procurador fiscal.
Por su parte, la bancada del PRD sostendrá reuniones con expertos y funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación para insistir en la necesidad de aprobar una reforma que vaya más a fondo en materia de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
El coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, informó ayer que la intención es enriquecer la propuesta del Ejecutivo.
“La transparencia ha sido un planteamiento de la izquierda mexicana, y por lo tanto vamos a entrar a la discusión y al mejoramiento de esa iniciativa, lo vamos a ampliar”, dijo.
El senador expuso que su grupo parlamentario pondrá en la mesa de debate la modificación al régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la Federación y el marco general constitucional para que abarque a todos los servidores públicos de la administración pública federal.
El perredista consideró que también es necesario establecer si desaparece o permanece el juicio político y la declaración de la procedencia.
“Son procedimientos que sólo se resuelven si las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso así lo deciden, y no son procedimientos de derecho”, sostuvo.
La iniciativa preferente del presidente Calderón contempla cambios a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental para obligar a los tres niveles de gobierno a transparentar toda sus información financiera, incluyendo su deuda pública.

Busca el PRI ablandar ataque a corrupción

El equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, discute la posibilidad de quitarle “dientes” a la Comisión Nacional Anticorrupción y dar marcha atrás en la posibilidad de otorgarle facultades similares a las del Ministerio Público.
El proyecto original contemplaba el fortalecimiento del nuevo órgano, para que pudiera realizar investigaciones e incluso fincar responsabilidades a funcionarios y particulares involucrados en actos de corrupción.
De acuerdo con el borrador de la iniciativa, del que Reforma tiene copia, la idea era reformar el artículo 21 de la Constitución para que la Comisión pudiera tomar parte en la indagatoria de este tipo de delitos.
“Se reforma el artículo 21 constitucional para determinar que la investigación de los delitos, además de corresponder al Ministerio Público, también es competencia de la Comisión Nacional Anticorrupción”, establece el proyecto que es analizado por senadores y colaboradores de Peña Nieto.
“Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Comisión Nacional Anticorrupción cuando se trate de delitos relacionados con actos de corrupción, y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de los primeros en el ejercicio de esta función”.
Según el borrador, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y a la Comisión Nacional Anticorrupción, e incluso adelanta que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
Detalla que tanto el Ministerio Público como la Comisión estarían facultados para considerar “criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal”, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
Sin embargo, durante la discusión del proyecto, se ha colocado sobre la mesa la posibilidad de eliminar esta facultad y dejarla exclusivamente en manos del Ministerio Público, tal y como opera en la actualidad, bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Fuentes del PRI explicaron que, de concretarse el cambio, podría perderse la autonomía de las acciones penales en contra de funcionarios y particulares corruptos, ya que el Ministerio Público depende directamente del Poder Ejecutivo.

El diseño

Según el documento, el diseño de la Comisión Nacional Anticorrupción se describe como un órgano del Estado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción.
De acuerdo con el proyecto, el órgano podrá actuar contra cualquier funcionario integrante de los poderes de la Unión, de los poderes públicos de las entidades federativas, municipios, órganos autónomos o de particulares, en los términos que señale la ley que apruebe el Congreso.
Se confirma que la Comisión será autónoma, y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.
“Tiene completa independencia para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, organización interna, gestión y sobre las investigaciones que lleve a cabo”, agrega.
El pasado 10 de septiembre, Aurelio Nuño, coordinador del tema de educación del equipo de Peña Nieto, señaló que la comisión, proyectada como un órgano ciudadano, tendrá carácter autónomo y amplias facultades para investigar y castigar actos de corrupción en los tres poderes a nivel federal, estatal y municipal.
“Será una comisión con dientes. Una parte fundamental de esta reforma es que tendrá la posibilidad del ejercicio de la acción penal, de poder consignar ante un juez”, aseguró.