Queda “en estado de indefensión” porque el Congreso no votó su caso, dice Willy Reyes

Daniel Velázquez

El alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, dijo que debido a que la legislatura anterior no subió al pleno el dictamen del juicio de desafuero en su contra, se encuentra “en estado de indefensión” porque desconoce cuál es su situación jurídica.
En declaraciones por teléfono, Reyes Ramos dijo que la resistencia de los diputados del PRD a firmar el dictamen de la Comisión Instructora y a que el tema se discutiera en el pleno, le confirma que la iniciativa fue una persecución política.
El alcalde de Tlapa es acusado por la Procuraduría de Justicia del Estado de ser el autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz; por esa razón la Comisión Instructora de la anterior legislatura del Congreso local desarrolló un dictamen sobre si debía retirársele el fuero para que pudiera ser procesado, pero la legislatura concluyó y sólo extraoficialmente un dictamen en el que Willy Reyes es exonerado, pero no fue aprobado por el pleno del Congreso.
Se sabe que el dictamen fue firmado por dos de los cinco integrantes de la Comisión Instructora, los priistas Marco Antonio Leyva Mena y Ricardo Moreno Arcos, y quienes no quisieron firmarlo fueron los diputados perredistas Esteban García García y Pedro Reyes Gómez, y el panista Ramiro Jaimes Gómez.
Reyes Ramos indicó que pidió por oficio al entonces presidente de la Comisión Instructora, Marco Antonio Leyva Mena, antes de que concluyera la legislatura, que le indicará en qué condición jurídica quedaba él, pero no ha recibido respuesta y confió en que sea la actual legislatura la que resuelva el caso.
El alcalde de Tlapa concluye su periodo de gobierno el próximo 30 de septiembre, cuando automáticamente perderá el fuero constitucional que le otorga su condición de alcalde.
Reyes Ramos indicó que conoce un documento que la Comisión Instructora votó, en el que es exonerado de la responsabilidad del asesinato de Moisés Villanueva; el mismo que circuló la semana pasada en el Congreso pero que no fue discutido en el pleno del Congreso, y eso, dijo, “me deja en un estado de indefensión que hace más claro y evidente que este caso no es jurídico sino que es político”.
Dijo que él conoce el contenido del dictamen de exoneración porque algunos diputados, de quienes no quiso revelar los nombres, le informaron del mismo y está en espera de tener el documento en sus manos para poder fijar una postura.
Agregó que una de las pruebas que tiene es el Diario de Debates del Congreso local de la anterior legislatura, donde se evidencia que su caso “ya estaba en la agenda de discusiones, lo que significa que mañosamente no lo quisieron subir” para someterlo al pleno.
“Vamos a esperar a esta legislatura, es muy lamentable lo sucedido con la legislatura pasada”, dijo.
Reiteró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para “proceder contra el Estado mexicano por las atrocidades cometidas por la legislatura pasada”, en donde pudo más el criterio político, porque “tiene que haber una reparación de daño moral, tiene que haber una sanción”.
Indicó que cuenta con los servicios del abogado Jesús Arteada, “el mejor constitucionalista” del país, para fincar las responsabilidades que tenga el Estado mexicano en su caso.