La deuda que se deja es de 423 millones, sostiene José Luis Avila
La deuda que deja la administración priista de Acapulco es de 423 millones de pesos y no de mil 500 millones, dijo ayer José Luis Ávila Sánchez, secretario de Administración y Finanzas del periodo en que Manuel Añorve Baños desempeñó el cargo de alcalde.
Avila Sánchez respondió así al vicecoordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, quien el sábado pasado estimó en mil 500 millones de pesos la deuda.
Ávila Sánchez, que ahora realizará funciones de regidor, se dijo extrañado con las declaraciones de Mejía Berdeja sobre la situación financiera del ayuntamiento de Acapulco, y mediante un boletín enviado a la Redacción de El Sur pidió “precisar” esos señalamientos.
José Luis Ávila se había mantenido ajeno a la crisis financiera del ayuntamiento desde que se evidenció la insolvencia del gobierno municipal con su incapacidad para pagar a los trabajadores, y esta es su primera postura al respecto, que ocurre luego de la advertencia de Movimiento Ciudadano de empezar un juicio de procedencia contra el ahora diputado federal Manuel Añorve.
En el boletín, Ávila Sánchez señala que el ex alcalde Félix Salgado Macedonio no dejó una deuda de 79 millones de pesos como lo señaló Ricardo Mejía, sino un adeudo de “958 millones de pesos”, en el que se incluyen los pasivos que tenía la CAPAMA. “Qué bueno que en esta ocasión reconozcan que dejaron deuda, porque antes incluso la negaban”, señala el boletín.
El ex secretario de Administración y Finanzas informa que del adeudo de 958 millones de pesos la administración de Manuel Añorve “cubrió 535 millones de pesos asumiendo la responsabilidad institucional de ella”.
Agrega que el endeudamiento del municipio de Acapulco registrado en la Secretaría de Hacienda es de 423 millones de pesos, la cual fue “aprobada por el Congreso local de Guerrero con mayoría de los partidos de izquierda”, y ese dinero se destinó a obra pública, proyectos productivos y servicios públicos.
“Así se ha informado puntualmente en las cuentas públicas entregadas en tiempo y forma a los órganos fiscalizadores correspondientes”, concluye. (Redacción)




