Notifica la CNDH al Congreso la solicitud de juicio político contra López Rosas y Almonte

Redacción

Chilpancingo

La Oficialía Mayor del Congreso del Estado recibió ayer la notificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la que solicita el juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, por su responsabilidad en el desalojo de normalistas el 12 de diciembre pasado durante el cual murieron dos alumnos por balazos de la policía .
De la notificación fue informada la Comisión de Gobierno, que se encontraba reunida en el Congreso local, y decidió guardar el tema con total hermetismo.
Y acordó que la petición de juicio político contra los ex funcionarios será dada a conocer al pleno y turnada a la Comisión Instructora, una vez que se constituya esta instancia legislativa, para su dictamen.
A finales de marzo, la CNDH publicó su informe final en el que recomendó que se abriera juicio político a varios funcionarios, que se indemnice a las víctimas y sus familiares y que se ofrezca una disculpa pública por los hechos del 12 de diciembre de 2011, en los que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, fueron asesinados a balazos durante el violento desalojo de su protesta en la Autopista del Sol.
En la recomendación, la CNDH pide que se investigue si dentro de la lista de funcionarios o servidores públicos que han sido sometidos a su jurisdicción para ser investigados administrativamente, se encuentran aquellos que no solamente ejecutaron, sino los que conocieron, autorizaron, convalidaron o consintieron los hechos del 12 de diciembre de 2011.
Advirtió que “de no ser así, se solicita que requieran a dichas autoridades, que de manera inmediata regularicen los procedimientos administrativos correspondientes, a fin de que se investiguen las acciones u omisiones o incluso la corresponsabilidad que les resulte en el desempeño de sus funciones a los citados funcionarios o servidores públicos y resuelvan lo que en derecho corresponda”.
Pero la recomendación que atañe a los funcionarios no se cumplió del todo; algunos funcionarios menores de la PGJE fueron removidos, pero no se promovió el juicio político en contra de los titulares de la Procuraduría, Alberto López Rosas, ni del de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
La postura del gobierno de Ángel Aguirre Rivero al respecto fue que el juicio político le correspondía al Congreso local, pero el Legislativo dijo que no lo haría hasta que fuera formalmente notificado, lo que sucedió ayer.