Discutirá la UAG si da el respaldo que demandan los familiares de los seis estudiantes detenidos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En lugar del rector Ascencio Villegas Arrizón, el coordinador de asesores y el de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), recibieron a la comisión de padres y activistas que exigen la liberación inmediata de seis estudiantes de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootencia, arraigados en la ciudad de México por delitos federales, pero los funcionarios sólo se comprometieron a discutir el respaldo institucional que los familiares solicitaron.
El grupo de personas pidió apoyo económico y jurídico de la institución, para los traslados y la defensa de los jóvenes detenidos, así como la intervención del rector como representante de los universitarios, y de quien lamentaron en distintas ocasiones su ausencia.
El coordinador de asesores, Fernando Jiménez Medina, antes de abordar el problema de los estudiantes, dijo que la inseguridad por la delincuencia organizada es un problema nacional, sin mencionar que es particularmente agudo en la región de Tierra Caliente, donde está la sede de la escuela de Veterinaria.
Subrayó que la primera tarea de los gobiernos estatal y federal es brindar seguridad a los ciudadanos, y a la UAG sólo le corresponde garantizarla dentro de sus instalaciones y después se refirió al conflicto con universitarios que se oponen a las medidas de seguridad en Ciudad Universitaria Sur.
Jiménez Medina señaló que el fenómeno social también se discute en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y con base en sus circunstancias cada institución educativa está tomando medidas al respecto, y la UAG aprobó un plan de seguridad institucional en el Consejo Universitario de 2 de junio.
Señaló que el plan establece la instalación de cámaras de video hacia adentro y hacia afuera “porque han ocurrido robos de computadoras y cañones”, la contratación de seguridad privada “no es municipal ni estatal” por la autonomía universitaria, subrayó. Además de la colocación de una barda perimetral en CU Sur, en Chilpancingo.
Asimismo, dijo que se han cambiado los horarios de las preparatorias en Acapulco para evitar peleas entre estudiantes de diferentes escuelas, pero señaló que estas medidas han causado molestias en un grupo pequeño de universitarios que se oponen a las medidas de seguridad, sin embargo, los directores de CU aseguran que la seguridad ha mejorado.
Aseguró que estas medidas comenzaron a tomarse hace algunos años por esta situación extraordinaria, “no es la finalidad atentar contra las libertades de los universitarios”.
Aclaró que no quisieron hacer una declaración inmediata en torno a la detención de seis jóvenes –hasta el martes que fueron entrevistados–, porque tenían que discutirlo el lunes entre funcionarios de primer nivel y el rector, por cuestiones de salud, no pudo participar en este encuentro.
Sin embargo, aceptó que “sí queremos que el gobierno del estado sienta el peso de la UAG para que se respeten sus derechos humanos, y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Ante el reclamo familiares, el coordinador de Asuntos Jurídicos, Guadalupe Bollas Bernabé aclaró que sí prestó apoyo a uno de los padres de familia que lo solicitó desde el viernes, y le reenvió un documento de amparo indirecto que no se utilizó, “no me lo quisieron recibir”, explicó el padre de Alan Francisco, Jesús Alarcón.
Bollas Bernabé consideró que la lucha legal es la que los familiares tienen que dar, y no política, porque con bloqueos y manifestaciones sólo afectan a terceros, y aclaró que el periodo de arraigo para los jóvenes es de 40 días, que se pueden extender otro periodo igual.
El abogado, insistió en que este problema no está en manos del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y los esfuerzos se tienen que encauzar a la Procuraduría General de la República (PGR), porque el grupo insistió en que si el rector no podía acompañarlos a la reunión con el gobernador, programada esa misma tarde en Acapulco, fueran algunos de los funcionarios en su representación.
El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, tomó la iniciativa de los funcionarios para elaborar una estrategia jurídica con los abogados de las familias, “que urge”, pero también el apoyo económico para los familiares que han gastado mucho en traslados y en gestión.
Horas después, trascendió que la UAG sólo aportó 5 mil pesos, tal vez por eso,durante la reunión, Fernando Jiménez habló de iniciar una colecta entre los trabajadores universitarios para esta causa.
En la reunión, el padre de Alan Francisco Alarcón relató la forma en que los jóvenes fueron detenidos cuando regresaban de una práctica escolar de una localidad, que los encontraron golpeados en Iguala y del arraigo en la ciudad de México, la hermana  de Juan Andraca Escalante, declaró que no han sentido el respaldo de las autoridades universitarias.
Uno hermano de los detenidos, también estudiante universitario de Medicina, demandó apoyos concretos, no sólo desplegados, el delegado sindical de la zona Norte señaló que ha habido universitarios muertos y desaparecidos a causa de la delincuencia organizada y la UAG no ha tomado cartas en el asunto, “no exige el esclarecimiento de los casos”, y la delegada de Rectoría dijo que Villegas Arrizón tiene la más alta investidura para llamar a otras instancias, “aquí no se necesita tanto trámite, que el rector se interese, que haga algo por nosotros, y debe estar en la reunión con el gobernador”.
Un egresado de Medicina Veterinaria, vecino José Luis de Almonte, detenido y originario de San Miguel Totolapan, señaló que aunque esta comunidad está señalada como foco rojo, no es una condición para señalar al estudiante, que es de bajos recursos, pero que su familia tiene un modo honesto de vivir.
Exigió que no se ponga en duda que los estudiantes venían de una práctica escolar de una comunidad, porque incluso, habló con el dueño del rancho donde los jóvenes estuvieron la tarde del día en que fueron detenidos, y con una frase concluyó “si el pueblo no tiene justicia, que el gobierno no tenga paz”.