La Contraloría estatal no ha citado a Torreblanca, confirma su abogado

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El contralor Julio César Hernández Martínez actúa por consigna política en contra de los ex funcionarios del gobierno de  Zeferino Torreblanca Galindo, dijo el abogado Jorge Alejandro Sodi Patiño.
Sodi Patiño fue contratado para representar a los ex funcionarios zeferinistas ante la Contraloría del estado, que los acusa de un presunto desvío por mil 300 millones de pesos en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac) en Acapulco.
El abogado adelantó que si el gobierno del estado finca responsabilidades a sus clientes, acudirá a la justicia federal, y si es el caso interpondrá una demanda penal contra el contralor.
El abogado evitó decir los nombres de los ex funcionarios a los que representa, pero reveló que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no ha sido requerido por la Contraloría del estado.
Dijo que no daba los nombres por la secrecía de la investigación, ya que aún no se determina si los acusados son culpables o inocentes del desvío de mil 300 millones de pesos, que es por lo que los requiere el órgano estatal.
“Yo no puedo revelarlo pero de cualquier forma ya lo ha revelado la Contraloría, de forma indebida, y yo no quiero caer en los mismos errores de la Contraloría”, justificó.
Sin embargo, el contralor ha informado que entre los que tendrían responsabilidad está el ex gobernador Zeferino Torreblanca, el ex secretario de finanzas Ricardo Cabrera Morín, el subsecretario de administración José Antonio Bajos Valverde, la directora de adquisiciones Patricia Díaz, el ex director de personal Enrique Pasta y la ex coordinadora de finanzas Sandra Luz Flores Jiménez.
La situación para sus defendidos, consideró el abogado, es favorable, “están siendo observados de manera indebida, se les han requerido solventaciones que son totalmente improcedentes según consta en los documentos que hay en el fideicomiso que dejó la pasada administración y en la misma administración anterior para la construcción del edificio”.
Dijo que los señalamientos contra sus clientes son por el desvío de recursos por mil 300 millones de pesos, “pero en algunos casos piden que acrediten gastos que ni siquiera se han generado, lo cual es absurdo, que se solventen contratos de la actual administración”.
En ese sentido, expuso que “hay dolo y mala fe” del gobernador Ángel Aguirre Rivero en contra de los funcionarios de la pasada administración, y “las razones son incuestionablemente de carácter político”.
“Puedo deducir que estamos en presencia de una molestia de carácter político en contra de la administración anterior, pero no sé cuáles son los motivos que originaron esta venganza”, agregó.
La defensa consta de más de 10 mil hojas, las cuales presentó ante el personal de la Contraloría y quien recibió fue el abogado Ezequiel Solorio Salgado.
Luego de dos horas, el defensor dijo que “se me pide que solvente observaciones sobre montos que no se han pagado, lo mismo sucede en algunos casos en donde dicen que solvente situaciones que están aconteciendo en el gobierno actual”.
Del desvío por mil 300 millones de pesos, dijo que la administración de Zeferino Torreblanca Galindo ejerció 800 millones y dejó 300 millones de pesos en el fideicomiso 16836-8 de Banamex.
“Esa acusación es absolutamente falsa, me atrevo a decir sin temor a equivocarme. El edificio ahí está, tengo el resultado pericial que está autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que dice que el valor actual del inmueble es de mil 300 millones de pesos”, defendió.
Agregó que el peritaje señala que el edificio está en óptimas condiciones, “y hoy en día tiene los mayores elementos de construcción y de arquitectura de todo Acapulco y del estado de Guerrero, el edificio genera energía eléctrica y la regresa al fluido eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras cosas”.
Se le preguntó por qué no llegaron a la comparecencia los ex funcionarios, y los excusó porque la ley establece que con la sola presencia del representante legal es suficiente la comparecencia.
“Soy abogado de seis o siete ex funcionarios señalados”, dijo, y negó que entre ellos esté el ex gobernador Zeferino Torreblanca, porque “él ni siquiera está involucrado en este procedimiento administrativo”.
Se le recordó que el Contralor lo señala como presunto responsable y por lo tanto será citado a comparecer, y expuso que esa será su decisión, “lo que sí hay que decir es que las imputaciones se tienen que comprobar”.
Y advirtió: “espero que el contralor sepa que al final su resultado va a ser del conocimiento del Poder Judicial Federal, no sólo de las autoridades del gobierno del estado, eso significa que no está sólo en manos de las autoridades de Guerrero determinar la culpabilidad o no de los ex funcionarios, ellos pueden acudir a una autoridad superior”.
En ese sentido, adelantó que si la investigación en contra de los zeferinistas no les favorece, agotarán todas las instancias, “los tiempos no dependen de nosotros, dependen de la Contraloría”.
Informó que solicitó informes a la dependencia estatal sobre el fideicomiso antes mencionado, “si no los entrega está dejando en indefensión a mis clientes, creo que la Contraloría debe de actuar conforme a derecho, pero al momento no ha actuado de esa manera”.
Así, pidió “que el contralor recapacite y retome el camino de la legalidad, de otra manera se tendrá que entender con la justicia”.