Ex funcionarios zeferinistas no comparecieron ante la Contraloría; sólo mandaron un abogado

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El contralor del estado, Julio César Hernández Martínez, informó que ex funcionarios del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo no acudieron a las comparecencias a las que fueron citados para responder por las presuntas irregularidades financieras por mil 300 millones de pesos.
A su vez, el contralor dio marcha atrás a sus declaraciones respecto a que Torreblanca Galindo “comparecerá en septiembre” según declaró en Iguala el pasado 27 de agosto, y dijo que no se le ha requerido y que la Contraloría lo llamará “en su momento”.
Recordó que la ley permite a los señalados que no acudan y que envíen un representante legal, como lo hicieron, y se comprometió a que la indagación del supuesto desvío será apegada a la ley.
En ese sentido negó que tenga motivaciones políticas, porque la investigación al gobierno anterior la ordenó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que se comprobaron desvíos, principalmente en las áreas de salud y educación.
Ayer estaban citados a comparecer el subsecretario de administración José Antonio Bajos Valverde, la directora de adquisiciones Patricia Díaz, el ex director de personal Enrique Pasta y la ex coordinadora de Finanzas Sandra Luz Flores Jiménez.
Pero sólo la última asistió, y el resto envió al mismo representante legal, Jorge Alejandro Sodi Patiño, del despacho Sodi y Asociados, con sede en la ciudad de México.
En entrevista, el contralor adelantó que mañana acudirá el que fuera secretario de Finanzas en el gobierno de Zeferino Torreblanca, Ricardo Alberto Cabrera Morín, para que, como los antes mencionados, informen el presunto desvío de dinero en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac) en Acapulco.
El edificio que se ubica sobre la costera de Acapulco está sin terminarse y la auditoría estatal al edificio arrojó que hubo irregularidades físicas, financieras y administrativas en la construcción, lo que representó un desvío de mil 300 millones de pesos.
A los señalados, dijo el contralor, “se les da su garantía de audiencia para que aporten pruebas y nuestro trabajo es en defensa de los intereses de la gente de Guerrero, porque vemos un quebranto a las finanzas públicas”.
Se le preguntó respecto de la situación del ex gobernador Zeferino Torreblanca, y dijo que “es presunto responsable del desvío de recursos por ese edificio”.
También con pregunta de por medio, dijo que no se le ha requerido pero que la Contraloría lo hará “en su momento”.
Se le preguntó si las investigaciones tenían un móvil político y lo negó, porque “todos los que comparecieron y los que van a venir están en uso de sus garantías, a lo que su derecho le convenga, es correcto que acudan, si no lo hacen sus motivos tendrán, pero los invito a que asistan”.
De las acciones de la Contraloría en el tiempo que él ha estado al frente, dijo que lo respaldan 23 resoluciones que han sido soportadas por los organismos federales encargados y que incluso algunos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y todos han sido ratificados.
Así, defendió que “todo lo hacemos en el marco jurídico, esa es la fortaleza, las investigaciones no están sustentadas en ningún capricho. Lo que pasa es que nunca se había hecho, ahora estamos contra la impunidad y corrupción y yo estoy cumpliendo con mi papel”.
Dijo que si los ex funcionarios no quieren acudir personalmente, al final de cuentas “ellos decidieron hacerlo así y tendrán sus razones”.