Octavio Klimek Alcaraz

Por una gestión pública del agua

Este artículo es una nueva edición de un artículo publicado en 2005 en este diario. Se realiza por un lado al final de este sexenio y a la luz de nuevos datos de la problemática del agua, en especial debido al reto que se plantea de lograr la cobertura universal de agua potable para todas las personas en México sin excepción, al existir después de muchos años de exigir la garantía social del derecho al agua, que es mandato en nuestra Constitución Política.

Principio esencial de la democracia del agua es que el agua es esencial para la vida. Es obligación de todos nosotros asegurarnos de que nuestras acciones no dañen a otras especies o personas. Por ello debemos hacer uso de ella conforme a nuestras necesidades de subsistencia, mantenerla limpia y en cantidad adecuada. Nadie tiene derecho de usar agua en exceso, abusar del agua, desperdiciarla o contaminarla.

Un asunto que es cada vez más evidente es que el agua es limitada y puede acabarse si no se utiliza cuidando su sostenibilidad. La utilización no sostenible incluye sacar más agua de los ecosistemas de la que puede reabastecer la naturaleza (no sostenibilidad ecológica) y consumir más de lo que nos corresponde legítimamente, dados los derechos de otros a una ración justa (no sostenibilidad social).

Todos tenemos la obligación de preservar el agua y utilizarla de modo sostenible, dentro de límites ecológicos y justos. Lamentablemente esto no aplica a México. La situación del agua en México es grave. El deterioro de nuestros ecosistemas, en particular los hidrológicos es evidente. Es una realidad que las principales cuencas de nuestro país han sido deforestadas, alterándose sus ciclos hidrológicos. Al mismo tiempo muchos de nuestros ríos y cuerpos de agua se encuentran contaminados. Agréguese las cambios en el clima global, que son cada día otras realidades evidentes, con mayor recurrencia de catástrofes naturales.

Un ejemplo de la gravedad de la situación, son los datos oficiales de la Semarnat sobre la disponibilidad del agua para México. Debido al crecimiento de la población en el país ha disminuido la disponibilidad de agua, si se toma en cuenta que en 1920 la disponibilidad promedio era de 31 mil metros cúbicos por habitante por año, mientras que en 1950 disminuyó hasta 18 mil metros cúbicos por habitante por año y para 1970 se redujo por debajo de los 10 mil metros cúbicos por habitante por año.

El censo poblacional realizado en el año 2000 mostró que el número de habitantes con acceso al servicio de agua alcanzó 97.5 millones, mientras que el volumen de agua por habitante en ese año fue de 4.8 mil metros cúbicos; de seguir esta tendencia, se estima que para el año 2020, dicha disponibilidad de agua llegará a 3.7 mil metros cúbicos por habitante por año. Es decir, en 100 años habrá disminuido la disponibilidad por habitante más de ocho veces por año.

Conforme a los datos de la Comisión Nacional del Agua en su texto Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 2012, al 31 de diciembre del 2011 se registró una cobertura nacional de agua potable del 91.6 por ciento. Al revisar el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, la meta al año 2012, era lograr una cobertura de 95.0 por ciento, esta meta ya no va a ser cumplida. De hecho, en el año 2012 se aspira ya a una meta de sólo 92 por ciento de cobertura. Aún si se mantuviera la población estable del referido año 2011 en 112.8 millones de personas en viviendas particulares el 95.0 por ciento de cobertura, equivale a 107.1 millones de personas, los 3.4 puntos porcentuales de diferencia con el 91.6 alcanzado en el 2011 equivalen a dotar de manera adicional a una población de 3.8 millones de personas; sin embargo, en el año 2011 se dotó del servicio a sólo 1.8 millones de personas más. Tendría que existir una verdadera revolución en la gestión del agua en México para lograr tales resultados. Además, el porcentaje de crecimiento de la población es superior al de la cobertura del servicio.

También debe señalarse que hay grave desigualdad en la cobertura de agua potable, existen 25 estados del país que en el año 2011 registraban una cobertura superior al promedio nacional. Pero Chiapas (79.0 por ciento), Oaxaca (77.4 por ciento) y Guerrero 74.3 por ciento) presentaban coberturas de agua potable inferiores al 80.0 por ciento.

Al año 2012 el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, tenía como meta lograr un 99.5 por ciento de cobertura nacional de agua potable en el medio urbano, esta meta tampoco va a ser cumplida. En el año 2011 se tenía una cobertura de solo 95.4 por ciento, y ahora se registra una meta para el año 2012 de 96.0 por ciento.

El caso para las zonas rurales es interesante, al año 2012 el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, tenía como meta lograr un 63.0 por ciento de cobertura nacional de agua potable en el medio rural, una meta muy modesta, por lo que evidentemente ya se cumplió. En el año 2011 se tenía una cobertura de 78.8 por ciento, y se registra una meta para el año 2012 de un modesto 78.0 por ciento.

Estos datos nos dan una conclusión inmediata: los servicios en especial del agua potable en el país son todavía inadecuados. Esto a todos nos afecta, sin embargo son las familias pobres quienes padecen las mayores consecuencias de la falta adecuada de infraestructura y servicios de agua potable, y seguramente de drenaje y saneamiento.

Lo anterior no deja lugar a dudas de que aspectos fundamentales del modelo de desarrollo hasta hoy realizado han fallado. Se deben replantear muchas cosas, entre otras el modo de funcionamiento y estructura de las instituciones del agua, donde al parecer se pretende privilegiar el interés particular sobre el público; el modo de operar la planeación y administración de los recursos hídricos, hasta hoy profundamente centralista, en demérito de estados y municipios. Por ello la urgencia de lograr con prontitud la nueva Ley General del Agua, que mandata la reforma constitucional del artículo 4 referente al derecho al agua.

Nuestra única posibilidad a futuro es reconocer que el agua es un recurso escaso, logrando su utilización con una nueva cultura del agua. Es cierto que debemos ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, sin embargo se debe generalizar la aplicación de tecnologías que permitan el uso eficiente del agua tanto en la industria, la energía, los servicios, la agricultura y los hogares.

Requerimos un cumplimiento cabal de estrictas normas ambientales para todos los usuarios del agua. Debemos mejorar y fortalecer el manejo integrado de cuencas y acuíferos. Hacer un reuso obligatorio de las aguas negras de las ciudades, en especial de la industria, disminuyendo las descargas de contaminantes a cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, así como a la zona costera. Evitar disminuciones en las recargas de mantos freáticos, lo cual se logra con la ampliación de la cobertura vegetal. Todo esto nos debe llevar a reducir la necesidad de trasvases entre cuencas y grandes proyectos de extracción.

Se tienen que buscar nuevas propuestas para el adecuado funcionamiento de los organismos reguladores y operadores del agua en México –en especial los de los municipios–. Obvio decir que proponer cualquier nuevo elemento de innovación va a enfrentar resistencia. Es público que las condiciones financieras de muchos organismos operadores del agua en los municipios del país son críticas, esto impide en consecuencia un mejoramiento de los servicios. Con seguridad habría resistencia de muchos habitantes a que el servicio sea más caro y éste no mejore, si no se generan políticas públicas que den protección a la población pobre o de ingresos bajos.

Sin embargo se tendrá que impulsar el cobro del agua a precios que consideren su costo de recuperación, en especial por aquellos usuarios que a través de su uso perciben ganancias económicas, como la industria, energía, agricultura comercial y servicios.

La privatización de servicios del agua ha generado intensos conflictos sociales. No contribuye a la equidad social. Pueblos enteros se han levantado en contra de ese tipo de fórmulas para lograr una mayor eficiencia en la gestión del agua. Nuestra convicción es que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio de la naturaleza que hay que proteger, defender y tratar como tal.

Puesto que la naturaleza nos da agua sin costo alguno, su compraventa para obtener ganancia viola nuestro derecho inherente a este regalo de la naturaleza y les niega a los pobres sus derechos humanos. Es decir, el agua con fines de subsistencia debe ser gratis, no puede ser una mercancía.

Hagamos hincapié en que el agua no puede ser poseída como propiedad privada ni vendida como mercancía. El agua no es un invento de la humanidad. No puede limitarse ni tiene límites. Es por naturaleza, comunal.

Estos principios expuestos, deben practicarse para el buen funcionamiento de los organismos relacionados con la gestión del agua. Los que dependen mucho de la estabilidad y de la voluntad política, y de la capacidad del sector público en los tres órdenes de gobierno.

Al respecto existen diversos ejemplos de buena gestión del agua con empresas de propiedad pública pero independiente financieramente del gobierno. La gestión se basa en modelos de control ciudadano de las operaciones y participación pública en las decisiones de inversión. Este modelo ha tenido éxito en suministrar agua potable y asequible a aquellos que carecían de acceso y demuestra que también hay soluciones desde el sector público que son viables.

En el caso de México estamos claros que la intervención pública es la mejor solución, si se quiere asegurar el acceso a la población de bajos ingresos del país, que en este momento no se les puedan aplicar las tarifas que cubran los costos del servicio. Lo que se requieren son reformas muy federalistas que no fomenten la privatización del agua, que descentralicen verdaderamente la gestión del agua, de tipo organizativo, en los procedimientos y en el sistema de incentivos.

Recalquemos que el modelo para una buena gestión del agua debe ser guiados por principios como los éticos de la democracia del agua, los de la responsabilidad ambiental, la responsabilidad financiera, la equidad en el reparto (en función del ingreso), la innovación en tecnología del agua, la transparencia, y la participación de los usuarios y de los que viven en las áreas productoras del recurso agua.