Moisés Alcaraz Jiménez *

Nueva ley del trabajo, un proyecto patronal

Mañana se presenta en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la reforma laboral enviada con carácter preferencial por el presidente Felipe Calderón. Bajo esa modalidad la reforma tiene un plazo máximo de 30 días naturales para ser discutida y votada por el pleno de la cámara de origen, por lo cual, a fines del mes en curso se sabrá el destino de tal enmienda constitucional que todo indica será aprobada con los votos del PRI y PAN.

Se trata de los cambios a la Constitución tan esperados por la llamada clase patronal, grandes magnates de empresas e industrias, que serán los únicos beneficiarios de una reforma que prácticamente significa la muerte de las conquistas históricas de los trabajadores.

La nueva ley laboral pondrá fin a derechos fundamentales de los asalariados que con esa nueva disposición quedarán en total estado de indefensión, con salarios aún más miserables de los que ahora perciben y con prestaciones canceladas.

La reforma de Calderón llega al extremo de nulificar en la práctica el derecho a huelga que tienen los trabajadores al imponer una serie de requisitos que protegen al patrón frente a emplazamientos que hasta ahora la actual ley del trabajo otorga como una protección a los asalariados.

Bajo la nueva ley será imposible para un sindicato obtener la firma de contratos colectivos de trabajo, única garantía de defensa de los derechos más elementales del trabajador. Más bien, la nueva disposición facilita enormemente el surgimiento de sindicatos patronales, o sindicatos blancos, que son un blindaje para la extrema explotación de la mano de obra por parte del capital.

La enmienda constitucional promovida por Calderón y respaldada por el PRI y el PAN en el Congreso, permitirá al patrón despedir injustificada e impunemente a los trabajadores, sin más requisito que pagarles un máximo de 12 meses de finiquito ante juicios laborales que pueden durar dos, tres, cinco, 10 años o más. El patrón podrá prolongar los juicios hasta el infinito y sólo estará obligado a pagar un año de salarios caídos a cualquier empleado que se le ocurra despedir.

La nueva ley del trabajo permitirá la subcontratación de trabajadores; es decir, un patrón podrá contratar trabajadores para que laboren para otra persona, lo cual pondrá fin a las relaciones obrero-patronales en un nuevo sistema donde el patrón real no tendrá ninguna responsabilidad social para con sus trabajadores.

Este modelo se generalizaría de inmediato ante los grandes beneficios que le acarrearían a los llamados empleadores. Habrá también contratos de prueba que incluyen pagos por horas de servicio, que terminarán con la estabilidad en el empleo y cancelarán totalmente todo tipo de prestaciones al trabajador.

La nueva ley de Felipe Calderón es un proyecto patronal que nada tiene que ver con la generación de empleos, ni con el incremento de la productividad de las empresas, ni con un mayor rendimiento de los trabajadores, mucho menos vendrá a beneficiar a los asalariados.

Es, más bien, un nuevo ordenamiento jurídico que subordina aún más a los trabajadores en beneficio del patrón y otra vez se sacrifica a la mano de obra para dar oxígeno a un modelo económico que se hace más injusto, donde la concentración de la riqueza se acrecienta y la desigualdad social se hace cada vez más intolerable.

[email protected]

Twitter: @MoissAlcarazJim

* El autor es director estatal de Gobernación