Mienten en el estudio socioeconómico de Ayotzinapa los que piden un grupo externo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron que 18 de los 26 jóvenes que mediante un amparo exigieron su inscripción en la escuela, presentaron datos falsos en el estudio socioeconómico que se aplica como requisito para priorizar el ingreso de los aspirantes de escasos recursos, y aceptaron el acceso de ocho que luego de una segunda revisión sí fueron ratificados en su posición en la lista de aceptados.

Sin embargo, denunciaron que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) insiste en abrir un grupo extramuros para sus 26 “recomendados”, gestionando 18 espacios más para la normal rural ante la Dirección General para Profesionales de Educación Superior, cuando inicialmente dijo que no podría ampliar los espacios en el ciclo escolar, y que es una de las demandas principales de los estudiantes, “no olvidemos que cada año nos movilizamos para arrancarle al gobierno solución a nuestras necesidades y para garantizar la permanencia de la escuela”.

Este viernes, los padres y aspirantes a la normal rural volvieron a protestar para que los 140 espacios autorizados para la escuela se queden en la institución, en oficinas centrales de la SEG, donde se suspendieron las actividades desde las 11 de la mañana, y en el Palacio de Gobierno, donde bloquearon los accesos por dos horas.

Las protestas, que se realizaron de manera simultánea en los dos edificios y provocaron reclamos de personas que acudieron a reuniones y a realizar trámites, consistieron en impedir el acceso, pero no la salida de los trabajadores; poco antes de las 3 de la tarde los manifestantes se retiraron en tres autobuses del servicio público.

Por la noche, se informó que regresarían al edificio a tener una reunión con funcionarios de la SEG, para continuar discutiendo la solución a este problema, y para que los jóvenes de primer grado comiencen a recibir sus clases, detenidas desde el 20 de agosto, que inicia el ciclo escolar.

Del Comité de Alumnos Ricardo Flores Magón, Carlos Rodríguez Vázquez denunció que los 26 estudiantes que exigieron su ingreso a la normal después de abandonar la semana de adaptación, dieron información falsa para ocultar su verdadera posición social y económica, “de ellos y sus familias”, por eso se realizó una revisión de sus casos y se determinó que sólo ocho cumplen los requisitos para formar parte de la normal rural.

Mientras Diego Castro Domínguez destacó que la organización estudiantil mostró su disposición para resolver este problema, aceptando la inscripción de esos ocho aspirantes que cumplen y aprobaron el examen académico y el estudio socioeconómico, aunque abandonaron las prácticas de la semana de adaptación, “que es un requisito que se ha legitimado por la base estudiantil desde hace 22 años”.

Pero añadió que no están dispuestos a perder un espacio más, “aunque sea necesario volver a movilizarse en las calles para evitar que el gobierno del estado ponga de rodillas a la normal rural”, y responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de las consecuencias de estas acciones.

Recordó que la actuación indolente de la SEG ante las demandas de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, motivó las movilizaron de los alumnos que luego fueron reprimidos a balazos por agentes policiacos, que el 12 de diciembre de 2011 asesinaron a dos normalistas.

De aquellos hechos, recordaron que sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron ejecutados extraoficialmente, así como los actos de tortura de decenas de jóvenes que aún siguen en la impunidad, “ahora la SEG quiere orillarnos a otro 12 de diciembre”.

El joven convocó a los organismos de derechos humanos y civiles del estado a sumarse a Ayotzinapa, si las autoridades insisten en socavar a la organización estudiantil, con la imposición de alumnos en grupos que llaman “extramuros”, es decir que reciban clases fuera de la escuela.

Consideraron que aceptar el ingreso de ocho jóvenes del grupo de los 26, podría representar meter a la escuela a un caballo de Troya, así como la creación de grupos extramuros, de jóvenes que se opongan a todas las actividades de lucha de los normalistas rurales, pero están dispuestos a flexibilizar su posición a pesar del respaldo total que la SEG les ha dado en cada mesa de trabajo.

De la SEG, cuestionaron que después de que los 26 aspirantes abandonaron la semana de adaptación, “irresponsablemente” les envió oficios de felicitación, para que pasaran a las instalaciones de la normal rural a inscribirse, y el día que acudieron, lo hicieron con personal de la Secretaría y enviados de organismos de derechos humano para forzar el trámite, que no se concretó.

Castro Domínguez cuestionó que la SEG, en una actitud de socavar a la normal de Ayotzinapa, da el respaldo total a los estudiantes desplazados, distinto a la indolencia que mostró ante los cientos de rechazados en distintas escuelas de educación superior”.

Para finalizar, señalaron que para presionar a la base estudiantil, la SEG asesoró a los rechazados para que interpusieran acciones legales en contra de los integrantes del comité de alumnos y una demanda de amparo indirecto contra la misma dependencia, así “el gobierno estatal utiliza a los rechazados para golpear y desprestigiar a la normal, que favorece el clima de represión”.