Sólo en papel, el fin al conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada, opinan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, que en la mesa y en el papel llegó a su fin la madrugada del 19 de septiembre en una de las salas de la Secretaría de Gobierno, en los hechos no ha concluido porque no todos avalan el acuerdo que se firmó, y porque intereses de fondo motivan la violencia que tuvo su etapa más álgida a partir del 26 de agosto, cuando fue asesinado el comisario municipal de Tilapa, Crisóstomo Bruno Maximiliano.
La madrugada del 19 de septiembre, funcionarios de distintas dependencias estatales y federales, coordinados por el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, se reunieron durante aproximadamente 14 horas con los representantes de los comuneros de Tilapa, encabezados por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Victorino Pantoja Vargas y de Tierra Colorada encabezados por Erasto de Jesús Ignacio, quienes al final firmaron un convenio que fue llevado al Tribunal Unitario Agrario (TUA-12) de esta capital, en donde fue elevado a categoría de sentencia.
El documento fue firmado, por parte del Comisariado de Bienes Comunales de Tilapa, por Victorino Pantoja Vargas, el secretario Basilio García Castro y el tesorero Jerónimo Bernardino Gregorio. Por el Comisariado de Bienes Comunales de Tierra Colorada, firmó el presidente Erasto de Jesús Ignacio, el secretario Asunción Sánchez Altamirano y el tesorero Gregorio Espíndola Jinete.
Por parte de las autoridades estatales firmaron el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar; el subsecretario de Asuntos Agrarios, Pablo González Villalva; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño y el procurador de Defensa del Campesino, Marcelino Díaz de Jesús.
Por el sector agrario federal firmó el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Juan Manuel Olea Contreras; el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel; y delegado del Registro Agrario Nacional, Javier Gutiérrez Robles.
Con los acuerdos que quedaron plasmados en este documento se pretendía “resolver el conflicto agrario por indefinición de límites entre ambas comunidades”, dice el texto inicial del convenio en referencia a este diferendo por tierras que tiene más de 40 años, y en los que, en distintos momentos, han sucedido episodios de violencia de comuneros tanto de Tilapa como de Tierra Colorada.

Antecedentes

Este conflicto agrario tuvo su origen en 1889, cuando habitantes de Tilapa invadieron más de 600 hectáreas que pertenecían a Tierra Colorada. Una segunda invasión ocurrió en 1946, encabezada por el profesor Margarito Cortés, quien llegó al pueblo con pistoleros disfrazados de militares y secuestró y torturó a indígenas me’phaa de ese mismo poblado. Asimismo, en 1970 los comuneros de Tilapa volvieron a entrar y quemaron la iglesia.
Otra incursión sangrienta ocurrió el 24 de marzo de 1989. Esa vez autoridades de Tilapa dirigidas por su comisario, Evaristo Basurto Ávila, y Juan Calleja Reyes, mataron a Paulino Castro Gallardo, Félix Oropeza Castro y Eleuterio Castro Santos, y dejaron a 17 indígenas heridos. Dos de los cuales fallecieron después.
Una segunda etapa de violencia comenzó en 1988 al dictarse la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de Bienes Comunales de Tierra Colorada, y al ejecutar la resolución, deja pendiente de asignar una superficie de aproximadamente 32 hectáreas, las cuales, a pesar de la firma de convenios del 18 de junio de 1989 y 10 de diciembre del 2004, suscritos entre ambas comunidades, así como de la Sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 12, que confirma y titula los Bienes Comunales de Tilapa, el 7 de enero de 1999 en el expediente TUA-XII-101/94, ?en los que se han establecido los términos en que se resuelve el conflicto por límite?, a la fecha no se habían ejecutado y esto ha generado fricciones y agresiones entre los pobladores de ambos lados.
En el convenio del 10 de diciembre del 2004, promovido por el entonces secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, mediante el cual ?igual que ahora? se anunció el fin de la disputa por la tierra entre esos dos núcleos agrarios, se estableció el pago de una contraprestación económica de 2 millones 750 mil pesos para Tierra Colorada, a condición de que cediera las hectáreas en conflicto a Tilapa.
Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario de esta capital no ejecutó la colocación de las mojoneras para establecer los límites de las tierras para cada comunidad, lo que originó que resurgiera el conflicto por esa fracción de 32 hectáreas (los núcleos en pugna hablaban de entre 42 a 44 hectáreas) pero, finalmente, vino a quedar en 26, que fueron las que se repartieron.
Incluso, el abogado de Tierra Colorada, Domingo Martínez Altamirano, declaró el 4 de enero del 2011 que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda en contra del personal del TUA por desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad.
La disputa por esa fracción de terreno volvió a generar violencia y acusaciones mutuas entre los comuneros, sobre todo en los últimos tres años y en esta nueva etapa fueron los de Tilapa los que más se quejaron de las agresiones.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tilapa, Pantoja Vargas dijo que del 2009 a finales de agosto de este año, sufrieron el asesinato de al menos cuatro comuneros. En diciembre del 2009, Ángel Sixto Rentería; en noviembre del 2011, Constantino Casimiro Basurto, el 15 de julio del 2012, Lourdes Pacheco Calleja y el 26 de agosto de este mismo año, el comisario municipal, Crisóstomo Bruno Maximiliano, quien el 20 de julio ya había sufrido un atentado en la misma zona donde fue asesinado.
Informó que todos fueron emboscados en la carretera Tlapa-Marquelia o en sus campos de labor, y que en las mismas circunstancias y en diferentes fechas, en el 2010 fueron heridos Ulises Solano Abad, Jesús Galvez Cantú, Casilda Calleja, Leocadia Alejandra Martínez, Perfecto Santiago y Félix Noé Galeana.
También hubo violencia en contra de los de Tierra Colorada. El 25 de noviembre de 2009 los de Tilapa invadieron a balazos las tierras que pertenecen a San Vicente y El Mango, que son anexos de Tierra Colorada y cortaron la energía eléctrica a los habitantes. El 2 de diciembre de 2009 otro grupo armado entró a tierras de Tierra Colorada y destruyeron dos casas de adobe. El 28 de diciembre de ese mismo año, ingresaron nuevamente tirando balazos. El 6 de enero de 2010 destrozaron cuatro casas y el 2 de febrero arrasaron con otras cuatro. Lo mismo hicieron en julio del 2011, cuando obligaron a los pobladores a abandonar sus hogares.
En todos los casos argumentaron que las viviendas estaban asentadas en tierras que pertenecen a su núcleo agrario.
Los actos de violencia más recientes ocurrieron a partir del 26 de agosto de este año cuando un grupo de hombres armados mató a balazos al comisario de Tilapa, Crisóstomo Bruno Maximiliano, en el punto conocido como Cola de Gallo sobre la carretera Tlapa-Marquelia. En este mismo hecho resultó con golpes al aventarse del taxi en que viajaban el comisario suplente, Encarnación Bazán Garzón, y resultó herido de bala el taxista, Amador Bernardino Bazán. En ese lugar continuaron las balaceras en los días siguientes.
Tres días después del asesinato del comisario, las autoridades de Tierra Colorada acusaron que un grupo de hombres armados de Tilapa disparó en contra de la población escolar de la secundaria técnica 196 y resultaron heridos con tres impactos de arma AR-15, Carmelo Manzanares de 13 años de edad y Diego Macedonio Hernández de 12 años, quien recibió un disparo en un brazo. Al día siguiente denunciaron que hubo una agresión más en la que resultaron otros tres niños heridos pero ya no dieron a conocer sus nombres.
También el 3 de septiembre, un grupo de hombres armados interceptó sobre la carretera Tlapa-Marquelia, en territorio de Santa Cruz del Rincón, al líder natural de Tierra Colorada, Raymundo Sánchez Aguilar a quien le dieron un balazo y se lo llevaron, según narró la profesora Camila Bravo, quien alcanzó a tirarse del vehículo cuando intentaban secuestrarla. Sánchez Aguilar aún sigue desaparecido y por estos hechos la población de Santa Cruz del Rincón detuvo a Anastasio Calleja Peñaloza y lo entregó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), pero uno de los coordinadores, Pablo Guzmán Hernández, declaró que no está en calidad de detenido sino bajo resguardo para su propia seguridad.

Intereses ajenos podrían estar atrás de la violencia

Aunque autoridades estatales y los propios representantes de los dos núcleos agrarios han rechazado que sean intereses ajenos al conflicto agrario los promotores de la violencia, el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, declaró el 5 de septiembre que hay intereses ajenos en la zona que quieren “enfrentar a esos dos pueblos” y demandó a la Procuraduría de Justicia del estado que investigue el caso.
Mientras que agrupaciones sociales e indígenas que tienen presencia en La Montaña y Costa Chica, han reconocido que en esa zona, precisamente donde hay interés de empresas mineras extranjeras para instalarse, se ha visto la presencia de grupos armados que quieren mantener el control, y que no responden precisamente a los intereses de los núcleos agrarios en pugna.
Incluso, en una asamblea que realizaron el 11 de diciembre del 2010, los comuneros de Tierra Colorada acordaron no ceder su territorio para la explotación de minerales. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de entonces, Carmelo Oropeza Demetrio, declaró el 4 de enero del 2011 que el acuerdo fue porque desde tres años atrás llegaron al poblado trabajadores de una minera “pero no les hicimos mucho caso”.
Dijo que, además, entre octubre y noviembre del 2010, avionetas y helicópteros “que traían una especie de tubo volaban muy bajo cada dos horas”.
Dijo que por eso “nos empezamos a preocupar porque nos enteramos que hicieron lo mismo en los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán, Tlacoapa y Acatepec”.
Sin embargo, nadie de los núcleos agrarios ha querido hablar del asunto y han negado que la violencia tenga intereses ajenos al conflicto agrario. Aunque en el caso de Tilapa, no solamente enfrenta el conflicto agrario con Tierra Colorada, pues lo mismo ha tenido en los últimos con sus vecinos de Colombia de Guadalupe, Iliatenco, Santa Cruz del Rincón y Arroyo San Pedro.
Por estos antecedentes, el asesor de otros núcleos agrarios con los que ha tenido problemas Tilapa, Raymundo Castro Aparicio, dijo que ve difícil que con el convenio que se firmó la madrugada del 19 de septiembre se resuelva el conflicto entre Tierra Colorada y Tilapa, puesto que ya han intervenido otros núcleos agrarios como Santa Cruz del Rincón y Colombia de Guadalupe, quienes siguen con el bloqueo a la carretera para “sentar” a negociar a Tilapa y se diriman las diferencias que ha tenido también con ellDijo que otra de las causas es que a lo largo de los años, hubo muchas familias agredidas que quedaron resentidas y dolidas y no van a quedar satisfechas solamente con la firma de un convenio que se hizo desde una oficina. También explicó que estos conflictos los resuelven representantes agrarios que están en turno y que cuando hay cambios y llegan otros, éstos no respetan los acuerdos ya sostenidos por sus antecesores. Opinó que por eso lo más adecuado es resolverlos en campo, en el lugar de los hechos.