Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* “Fuerte, poderoso y próspero…”

El ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, practicó el viernes pasado en México el viejo oficio de jilguero político. “Desde el exterior, México es un país que se ve fuerte, poderoso y próspero”, dijo, y anticipó que por ello Enrique Peña Nieto dispondrá de “buenos cimientos” en su presidencia. Expresó además que el priísta “es una persona que ha provocado mucho interés en el exterior y, por otra parte, doy crédito a lo que ha realizado el presidente Felipe Calderón”, a cuya guerra contra el narcotráfico ofreció su respaldo.
“Fuerte, poderoso y próspero” no parecen ser las palabras más adecuadas para describir la realidad que experimenta México hoy. No es fuerte ni poderoso si su gobierno es incapaz de contener a la delincuencia organizada, ni es próspero si el 46.2 por ciento de su población se encuentra en la pobreza, pues de acuerdo con datos oficiales, a lo largo del gobierno de Felipe Calderón el ingreso de las familias se redujo 14 por ciento en términos reales y el número de pobres se incrementó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, de 48.8 a 52 millones de personas (11.7 millones en pobreza extrema).
La optimista visión “desde el exterior” que trazó Blair tampoco es la que se puede obtener desde Ciudad Renacimiento, donde ese mismo viernes el gobernador Ángel Aguirre no pudo contener su impotencia frente a la violencia y terminó por invocar al “Ser Supremo” para suplicar a los grupos criminales un poco de paz en el estado. Creencias aparte, la imagen de un gobernador doblegado por la incesante actividad de las bandas del crimen organizado es la que mejor refleja la dimensión que ha adquirido el problema de la violencia en el país, desguazado tanto por la delincuencia como por la arbitrariedad de sus autoridades.
Para ilustrar esa arbitrariedad y el sinsentido con que actúan las corporaciones policiales en el supuesto combate a la delincuencia no es preciso recordar el tiroteo de la Policía Federal contra los agentes de la CIA en Morelos, porque en Guerrero existen y se acumulan los casos semana tras semana. Por ejemplo, la detención de los seis estudiantes universitarios de Veterinaria arrestados por la Policía Federal en Coyuca de Catalán.
Es evidente que los policías federales detuvieron a los jóvenes para presentarlos como chivos expiatorios de quién sabe qué delitos. Pero tan grave como eso es que el Poder Judicial permita el atropello y los mantenga arraigados y prácticamente en indefensión en la ciudad de México. En esa misma situación se halla Benito Agustín Chavarría, que a dos meses de su también ilegal detención y traslado a un penal de Tamaulipas, sigue sometido a la arbitrariedad de la PGR y ahora también del juez de Chilpancingo al que fue remitido su caso, quien inexplicablemente no encuentra tiempo para resolver su traslado a la capital del estado, lo que supondría al menos un alivio para él y para su familia.
Aunque el gobierno del estado se ha comprometido a intervenir y las familias de los seis estudiantes cuentan con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es desconsolador que el Estado mexicano carezca de voluntad para enmendar de inmediato acciones abiertamente ilegales o erróneas como éstas, que los jueces renuncien a su capacidad de moderar los excesos de los policías, y que todo ello suprima los derechos constitucionales de la ciudadanía.
Es previsible, porque sería lo más razonable, que los estudiantes sean traídos al estado con cierta premura. Lo hace suponer el que la PGR haya aceptado poner el asunto en manos de su delegación en Chilpancingo, con cuyo titular se reunirán hoy los padres de los jóvenes recluidos. Esa reunión debería producir el desistimiento de toda acción penal contra los jóvenes, dada la notoria fabricación de pruebas en que incurrieron los agentes de la Policía Federal. Pero ya será mucho pedir que los policías sean castigados. Tan terribles son las cosas, que hasta se sienten ganas de agradecer que por lo menos en este episodio no haya habido muertos y que los detenidos puedan dormir en Chilpancingo.
No podría Tony Blair alegar desconocimiento de los tantos atropellos de esta naturaleza que en nombre de la ley cometen las corporaciones policiacas y las fuerzas militares. Tampoco ignorancia sobre la pobreza y la desigualdad social que castigan a los mexicanos. De ahí que si sus expresiones no fueron una broma de mal gusto, alberguen una hipocresía quizás originada en los honorarios que cobró por venir a México a impartir conferencias, endulzar los oídos de Calderón y dar consejos a Peña Nieto.

Guerreros que no avanzan

Dieciocho meses y 80 millones de pesos después, el coordinador del programa “Guerreros por la Alfabetización”, Ricardo Castillo Barrientos, informó el martes pasado que por fin cuenta con el diagnóstico adecuado para emprender la tarea de alfabetizar a los 374 mil guerrerenses mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Atribuyó este retraso, de casi la mitad de la duración del gobierno de Ángel Aguirre, a los vicios enraizados en los métodos aplicados durante décadas. Si algo se entendió de la entrevista que el funcionario ofreció a este diario, es que en los 18 meses de este gobierno no se ha alfabetizado a nadie, y que en consecuencia los 80 millones de pesos gastados fueron tirados a la basura. Entonces esa es la razón de que el 9 de septiembre no se informara de avances: no los hay.

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