Suspende Capaseg el drenaje en El Camalote derivado de la sentencia de la Coidh, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) denunciaron ayer el incumplimiento del Plan de Acciones 2012 para el desarrollo de la región me phaa y mixteca del municipio de Ayutla, que firmaron el 11 de septiembre el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.
Mediante una carta enviada al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, los dirigentes de la agrupación indígena denuncian, concretamente, la suspensión de la obra del drenaje en la comunidad de El Camalote, y pidieron que se investigue al director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Jesús Palma Carro, a quien responsabilizan de la suspensión de la obra.
La carta es firmada por Inés Fernández Ortega, beneficiaria de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y que motivó la firma de dicho plan de acciones para el desarrollo de las comunidades de ese municipio.
Asimismo firman el documento la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel; el secretario, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez; el tesorero, Silverio Remigio Guzmán, y el presidente de Control y Vigilancia, Orlando Manzanárez Lorenzo.
Los dirigentes de la OPIM denunciaron que la obra de alcantarillado que se realiza en la comunidad de El Camalote “ha sido arbitrariamente suspendida” por la Capaseg y la empresa ejecutora de dicha obra.
Recordaron que el Plan de Acciones 2012 que fue firmado por el secretario de Gobernación, Poiré Romero, y por Salgado Gómez, el segundo en representación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, establece que “se promoverán acciones de seguimiento por parte de los beneficiarios y miembros de la comunidad para verificar y transparentar la adecuada ejecución y cumplimiento de los programas y metas establecidos”.
El documento agrega, asimismo, que “en caso de mal manejo de los recursos públicos por parte de las empresas ejecutoras de la obra o del personal de las instancias oficiales, el Estado mexicano se compromete a sancionar estas desviaciones y demostrar a las comunidades los correctivos”.
En acatamiento al contenido de dicho plan, los representantes de la OPIM exigieron al secretario de Gobierno en su carta que instruya la inmediata reanudación de la obra “sin ninguna condición de la empresa y de la Capaseg para no entregar el presupuesto de la obra con la intención de que la comunidad no conozca la correcta aplicación del recurso público”.
Los dirigentes de la OPIM exigen, también, que se investigue al director de la Capaseg, “pues todo indica que es socio, dueño de la empresa ejecutora, o recibe indebidamente dinero de la empresa, toda vez que su actitud no es transparente en esa obra”.
Los dirigentes de la OPIM adjuntan a la carta el acta que elaboró el comisario municipal de El Camalote, Silverio Remigio Guzmán, y que está firmada por 121 beneficiarios de la obra que dan fe de que ésta se encuentra suspendida desde hace dos semanas.
La semana pasada, el presidente de Control y Vigilancia de la OPIM, Orlando Manzanárez Lorenzo, quien también es habitante de la comunidad de El Camalote, denunció que los trabajos de la red de alcantarillado de esa comunidad se habían suspendido por presiones de “los paramilitares” de esa comunidad que son encabezados por los hermanos Remigio Cantú, quienes estaban pidiendo que se incluyera a su gente en la lista de los trabajadores.
Sin embargo el dirigente de la OPIM dijo que esto no es posible, puesto que la obra es parte de la sentencia que emitió la Coidh por el caso de la violación sexual que sufrió Inés Fernández Ortega por militares y es parte de la lucha en la que participó la OPIM, y en la que “Los Remigio” nada tuvieron que ver.