Los ingresos de restauranteros, en riesgo por los muelles que se edifican en el puerto

Karla Galarce Sosa

(Segunda de tres partes)

Además de modificar en gran medida el entorno, los proyectos de desarrollo náutico en Acapulco también amenazan los magros ingresos de restauranteros y prestadores de servicios turísticos, quienes se sienten desplazados ante la imposibilidad de competir con las millonarias inversiones.
Los proyectos de playa Revolcadero y la Marina Majahua o Cabo Marqués son los que han registrado denuncias penales entre los involucrados, desde principios de este año, y ha intervenido el gobierno del estado para evitar enfrentamientos entre los afectados y los trabajadores de las obras.
Desde los miradores de la avenida Escénica se observa el crecimiento en la zona oriente del puerto, donde cada día se fortalece la infraestructura residencial en una zona donde la venta por metro cuadrado se cotiza en dólares.
En la actualidad se distinguen tres construcciones que eran imperceptibles el año pasado en esa área y que se levantan entre la vegetación del cerro de punta Diamante y la laguna de Tres Palos: la Marina Majahua en Puerto Marqués, el muelle de playa Revolcadero, única estructura oxidada de entre las blancas paredes de los hoteles de lujo. Además de los condominios entre el mar abierto y la laguna de Tres Palos frente al aeropuerto.

Playa Revolcadero: zona de desove de tortugas marinas

El embarcadero de Revolcadero avanza poco a poco en su edificación, a pesar de que se erige en una zona de arribo de tortugas marinas.
Una grúa traslada los pilotes de acero para ser enterrados en el mar abierto. Uno a uno serán 117 pilares que consolidarán el embarcadero, cuya Manisfestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada a Jar Estate Corp, empresa representada por Jorge Aboumrad Ayub, ante las oficinas centrales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la ciudad de México, en marzo de 2007.
Son cuatro hombres que lentamente se mueven entre las enormes piezas, atados por la cintura con la ayuda de arneses y cuerdas de plástico a la gran infraestructura de fierro.
Poco a poco, el proyecto, suspendido durante algunas semanas en enero de este año por caballerangos del Princess, avanza y se erige ante el imponente océano Pacífico.
En la actualidad hay una mayor extensión de áreas verdes que circundan el muro donde se observa el letrero de la empresa náutica: Performance Boats, una de las más importantes distribuidoras de marcas líderes en el mercado mundial de embarcaciones.
Sobre ese mismo tramo de playa, delimitado de manera natural por las barras de las lagunas Negra y de Tres Palos, existen seis campamentos tortugueros: dos pertenecen a la Mesa Guerrerense de Protección, Conservación e Investigación de la Tortuga Marina, y el resto son de hoteles de la zona.
De acuerdo con Semarnat, el embarcadero de playa Revolcadero tendrá 276 metros de largo, 3.5 metros de ancho y cubrirá una superficie de 798 metros cuadrados, de los cuales, 52.79 serán de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) exclusiva para usuarios del muelle. Supuestamente sólo se dará un servicio de embarque y desembarque.
En junio de 2011, el representante de condóminos de residencial Playamar I ubicado frente a la obra, Florentino Guzmán Mejía, así como el representante de la Mesa Guerrerense de Protección a la Tortuga Marina, Víctor Verdejo Ramírez manifestaron su oposición a la construcción y argumentaron afectaciones al entorno y a la zona de desove de tortugas marinas de las especies golfina y laud, ambas enlistadas como especies en peligro de extinción en la norma 059 de la Semarnat.
De acuerdo con reportes oficiales, la construcción consiste en un muelle fijo y cuenta con el título de concesión por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde agosto de 2007, con una vigencia de 15 años.
En enero de este año caballerangos de la zona, quienes ofrecen paseos a caballo en la playa, se dijeron afectados por la edificación y tras el pago de una “indemnización” por el gobierno estatal, de la cual se desconoce el monto, la construcción continuó.
El año pasado, el representante de los condóminos, Florentino Guzmán, comenzó una demanda contra la obra pero el conflicto “se entrampó” nueve meses porque hubo amparos y contra amparos entre los respectivos representantes legales, tanto de Jar Estate Corp como de los condóminos.
El resultado de esas acciones es una resolución por parte de la Subsecretaría de Gestión de Semarnat, a cargo de Mauricio Limón, en la que ordena a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGRIA) que fundamente cómo es que se integró la Manifestación de Impacto Ambiental para que este se ratifique o se revoque.
La notificación no ha llegado a la delegación de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó su titular en Guerrero, Joel Tacuba García, así que la obra continua sin saber quién de los dos grupos tiene razón.

Marina Majahua-Cabo Marqués, el muelle de la muerte que afectó ya a 26 restauranteros

Luego de múltiples manifestaciones de inconformidad, en las que participaron prestadores de servicios turísticos, comerciantes, vendedores de artesanías, habitantes del poblado y ahora restauranteros, el proyecto Marina Majahua cumple casi tres semanas desde que sus obras fueron clausuradas por la Profepa, cuya inspección implicó el trabajo de dos días por parte de los inspectores, el 7 de septiembre pasado.
La obra se había detenido desde antes de la clausura de manera parcial en diversas ocasiones por múltiples circunstancias, una de ellas fue que la misma Profepa señaló el incumplimiento de las condicionantes de la MIA aprobada por la Semarnat; otros motivos fueron los plantones que hicieron quienes se dijeron afectados por la modificación de las corrientes marinas ocasionada por el relleno de 1.4 hectáreas en el mar.
A pesar de la negativa del representante de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) para recibir las actas de inspección, el pasado 7 de septiembre la obra fue clausurada, los sellos colocados y las siete grúas que cargaban los materiales, también fueron detenidas.
GMD buscó mediante un amparo, impugnar la clausura: “En una primera instancia les fue negado el amparo y acaban de meter una ampliación a la solicitud de amparo, quieren desvirtuar nuestra actuación diciendo que tiene solicitudes de la modificación a la MIA ante la Semarnat y que por lo tanto cumplen con las condicionantes que establecieron, sin embargo una solicitud para modificar el proyecto no es una autorización como tal”, puntualizó Joel Tacuba sobre el procedimiento.
GMD construyó unos baños públicos que no formaban parte del proyecto en el área de la marina húmeda, además que no realizó obras para evitar el azolvamiento, que provocó el cambio en la línea de costa, y no avisó de la modificación de materiales que serían utilizados.
El coordinador de proyectos de GMD, Manuel Díaz Armendáriz, insistió antes de la clausura, que la Marina cumplía con todos los requisitos ambientales que marcan las leyes federales y locales. La obra lleva un 80 por ciento de avance.
El 28 de agosto pasado, los muros de cuatro restaurantes de Puerto Marqués se derribaron completamente por el golpe de las olas. Protección Civil estatal emitió un dictamen de riesgo y vaticinó el colapso de las infraestructuras. Cuatro restauranteros dejaron de brindar sus servicios mucho antes de que cayeran los muros, porque ya no tenían playa y señalaron que el exuberante paisaje por el que los visitantes llegaban desapareció desde que comenzó la construcción de esa marina.
El 10 de octubre de 2011, fue clausurada la marina seca, que forma parte del proyecto Cabo Marqués.
Antes, en marzo de 2004, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hizo trabajos de prospección y excavación arqueológica en Punta Diamante en las áreas conocidas como Manantiales, Quinta Majahua y en los petrograbados, ubicados en playa Majahua. La institución dedicada a la preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación mexicana, indicó que GMD sería notificado del hallazgo para evitar afectaciones al patrimonio. Aún se desconoce si se salvaguardan los restos prehispánicos, puesto que el acceso a la zona es restringido por ser propiedad privada. Manuel Díaz aseguró que “esa situación” estaría por resolverse.
El 23 de enero pasado, representados por Tomás Román Guzmán, habitantes de Puerto Marqués pararon la obra, y días después hicieron una denuncia ante el Ministerio Público federal contra GMD, contra líderes de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC), sindicato que consiguió el contrato colectivo de trabajo para la construcción de la Marina y contra quien resultara responsable.
La denuncia también incluyó a Eduardo Román, líder de la CTC en Guerrero, quien es hermano de Tomás Román.
Acusaron de ecocidio en esa bahía y presentaron fotografías del derrame de aceites, residuos en el fondo del mar, así como imágenes de playa antes de que el mar se acercara a los restaurantes.
Desde que GMD comenzó la construcción el año pasado, los habitantes y afectados de Puerto Marqués han realizado acusaciones a diversos personajes y líderes por beneficiarse de manera personal, so pretexto de afectaciones causadas por la obra.
La Marina Cabo Marqués tendrá capacidad para 125 yates y veleros de hasta 250 pies y una Marina Seca para embarcaciones de menor tamaño.
El complemento de la Marina será “un pueblo porteño donde las familias disfrutarán de paseos entre sus malecones, restaurantes y tiendas náuticas”, se informa en el portal en internet donde se ofrecen fotografías de las exclusivas estancias del lugar y las esplendidas vistas a la bahía, a playa Revolcadero y de la zona de manglares de la laguna Negra.
“Ubicarse en el mar y definir un rumbo es posible en Cabo Marqués. En La Marina, usted podrá gozar de las posibilidades que el mar le ofrece”, indica la publicidad difundida.
El senado hizo un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para efectuar una revisión exhaustiva del proyecto, a fin de resarcir los daños a los restauranteros.
El gobernador Angel Aguirre ordenó al ex delegado de la Semarnat, Leonel Lozano Domínguez, quien ahora es su asesor en temas ambientales, mediar en la situación.
Lozano Domínguez fue acusado por quien se dice gestor social, Alfredo Arciniega Espinoza, quien encabezó un plantón acuático para impedir la construcción del complejo turístico Pichilingue Member’s Deck; de haber aprobado la MIA para la construcción cuando era delegado de la Semarnat.
Leonel Lozano participó como asesor legal de quienes integraron el Frente Opositor al Muelle Icacos (FOMI) –otro proyecto propuesto por Jar Estate Corp– luego que fue cesado en 2009 como delegado de la Semarnat, por señalar anomalías del exclusivo desarrollo habitacional Bungalows Playa Azul, en la laguna de Coyuca.