Acota el Senado la opacidad estatal y municipal; aprueba la fiscalización

Mariel Ibarra y Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Senado aprobó ayer una reforma legal para terminar con la discrecionalidad y opacidad con la que gobernadores y presidentes municipales manejan las finanzas públicas, ingresos, egresos, deudas, plazas de burócratas y hasta padrones de beneficiarios de programas sociales.
Por mayoría de 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, legisladores de todos los partidos aprobaron por primera vez una reforma con carácter de preferente, enviada por el presidente Felipe Calderón, y avalaron nuevas disposiciones y controles para el manejo de los recursos públicos.
Los senadores cumplieron con cuatro días de anticipación el plazo de 30 días establecido en la Constitución para dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental.
“Estamos hablando de limitar los abusos del poder en el ejercicio de los recursos públicos.
“Ningún gobernante podrá utilizar de manera opaca y sin rendir cuentas los recursos de todos, no podrá endeudarse sin que se lo comunique al resto de la sociedad, ningún gobernante podrá hacer marometas financieras entre las cuentas bancarias en las que maneja recursos de todos de manera opaca y poco transparentes”, advirtió el presidente del Senado, Ernesto Cordero.
En la reforma se imponen penas de hasta 7 años de prisión a quien incumpla las obligaciones de difundir la información financiera y, por primera vez, no se podrán amparar en el secreto fiscal o fiduciario para esconder información.
En el Título Quinto que se agrega a la ley, se obliga a los gobiernos estatales y municipales a transparentar los montos y fuentes de sus ingresos y destino de los recursos, cada tres meses, a través de sus páginas de internet.
En materia de egresos, los gobiernos deberán reportar de manera detallada los rubros de gasto en sueldos, obras, pagos a proveedores, gastos en publicidad y donativos, todos de manera homologada para que los ciudadanos puedan hacer comparativos.
También se obliga a los gobiernos a trasparentar sus padrones de beneficiarios sociales, el número y tipo de plazas docentes, incluyendo su CURP, el número de horas y nivel en que se imparten y el pago que reciben.
Asimismo, se obliga a los gobiernos a transparentar sus niveles reales de deuda, especificando los tipos de pasivo e incluyendo el pago a proveedores.
En el caso de las obras públicas las administraciones deberán publicar los procesos de licitación, los presupuestos asignados, el calendario de ejecución y de pagos, además de trasparentar a detalles todos los contratos.
Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) se incluye la obligación de hacer público el número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes y la relación de trabajadores comisionados del sindicato magisterial.
Durante la sesión, al presentar los posicionamientos de sus bancadas, la mayoría de los senadores resaltó la importancia de la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El senador panista Salvador Vega Casillas dijo que la aprobación de la reforma constituye un tributo para el trabajo realizado por el recién fallecido senador del PAN, Alonso Lujambio.
“Mucho de la transparencia que hoy gozan los ciudadanos se la debemos a Alonso Lujambio”, dijo el ex Secretario de la Función Pública.
Armando Ríos Piter, del PRD, se dijo a favor de la iniciativa porque representa avances, aunque señaló que no es una panacea para el combate a la corrupción.
“El problema de la corrupción, deriva en que nuestro sistema no está integrado y que existe una gravísima fragmentación en todos y cada uno de los espacios, que tendrían que estar garantizando la transparencia, pero garantizando también que los servidores públicos rindan cuenta de manera adecuada, frente a la sociedad”, indicó el senador, quien llamó a dar un debate más amplio en materia de rendición de cuentas.
El Senado turnó la reforma a la Cámara de Diputados, donde también tendrán 30 días naturales para aprobarla.