Humberto Musacchio

¿Reforma laboral o traición a electores?

Cabe preguntar cuál de los actuales diputados advirtió a sus electores que votaría por quitar derechos a los trabajadores, qué ocupante de alguna curul adelantó su intención de hacer más difícil la vida de obreros y empleados, cuál de esos representantes populares prometió traicionar a sus representados…
A los políticos de todos los colores se les llena la boca cuando hablan de la democracia y sus virtudes, pero no dudan en darle la espalda cuando así les conviene o cuando deben pagar las deudas de campaña. Porque durante las campañas se promete el oro y el moro a los votantes, pero ya encaramados en el cargo, los elegidos tienen que responder no a los electores, sino a quienes costearon sus muy onerosas campañas.
Todos los políticos profesionales reciben dinero de particulares para sus campañas. Esos particulares son en su inmensa mayoría empresarios, y los empresarios tienen intereses, proyectos, un patrimonio qué defender. Y para eso pagan las campañas a los políticos, para que una vez en el cargo hagan justamente aquello que le represente un beneficio al capital.
Se dirá que para las campañas, los candidatos reciben dinero de las instituciones electorales, lo que es cierto. Sin embargo, las campañas son cada vez más caras y las cantidades legales acaban siendo apenas simbólicas, insuficientes para recorrer durante meses el territorio donde viven los electores a quienes hay que convencer con promesas y hacer toda clase de regalos, incluido dinero contante y sonante cuyo poder argumental suele ser irrebatible.
Desde luego, algunos candidatos –los que figuran en las listas plurinominales– no tienen que hacer campaña individual ni tirar los dinerales que gastan los otros candidatos, pero los pluris, generalmente políticos con trayectoria y relaciones, son los encargados de recabar fondos de origen privado para el partido. Por eso se deben a sus patrocinadores, no a sus electores.
La generosidad de esos patronos va más allá de los periodos comiciales, pues suelen mantener en todo tiempo a políticos con posibilidades de hacer carrera. Cuando Felipe Calderón cayó de la gracia de Vicente Fox y se quedó sin empleo y sin ingresos, la opulenta familia de Juan Camilo Mouriño le tendió la mano al defenestrado, le puso oficina, le dio vehículo, personal de apoyo, celulares, chofer y todo lo necesario para que pudiera continuar con sus actividades políticas. Cuando se convirtió en precandidato presidencial, los recursos fluyeron sin mengua para convertirlo en abanderado de Acción Nacional. El apoyo se mantuvo durante la campaña electoral hasta su culminación en el “haiga sido como sido”. No casualmente, cuando Felipe asumió formalmente la Presidencia, Juan Camilo Mouriño se convirtió en la pieza clave, el factótum de su equipo.
Por supuesto, la relación entre los Mouriño y Calderón es un caso paradigmático, pero en menor escala y con menos luces hay muchos otros casos de políticos financiados por el capital privado. Esos políticos no van a darle de patadas al pesebre. Su intención es hacer que pasen las reformas que convienen a sus patronos. Ahora se aprestan a hacerlo con las reformas a la legislación laboral y no les interesa traicionar a sus electores. Pretenden ignorar a los trabajadores que ya están en las calles, a los que se unirá el movimiento #YoSoy132. Pero esos diputados votarán una severa disminución de derechos laborales y les importa muy poco si el país se incendia. Ellos están para servir a sus patrocinadores, no a México.