Falta llevar a la práctica el respeto a los derechos humanos, reconoce la procuradora Marisela Ibáñez

Daniel Velázquez

La procuradora general de la Re-pública, Marisela Morales Ibáñez, dijo que el gobierno federal ha cumplido con incorporar a las leyes el respeto a los derechos humanos, pero está pendiente llevar a la práctica las medidas adoptadas.
Ayer junto con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez y el gobernador Ángel Aguirre inauguró el Simposium Internacional en Materia de Derechos Humanos, en el salón Atlantes del hotel Princess.
El simposium se realiza en privado y las conclusiones se conocerán hoy en la clausura.
En su intervención Marisela Morales señaló que el gobierno federal ha cumplido con la codificación de los derechos humanos “en gran medida, pero la tarea fundamental que queda por hacer en nuestros días es llevar a la práctica las normas adoptadas”.
Indicó que la reforma constitucional de junio de 2011 obliga a todas las autoridades a ajustar su actuación a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Expuso que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se trabaja por la promoción del respeto a los derechos humanos, y puso como ejemplo que fue en la 26 sesión plenaria que se propuso la capacitación en el tema del respeto a los derechos humanos y las implicaciones con la reforma al artículo primero de la Constitución.
Indicó que en el simposium se abordaría el comparativo del antes y el después de la reforma constitucional en derechos humanos, la reforma constitucional de justicia penal y la reforma en materia de amparo.
“De esta forma el programa de capacitación que ahora se ofrece tiene como objetivo impulsar la capacitación, actualización y especialización de las instancias de procuración de justicia de nuestro país. Todo ello, de acuerdo a la implicación que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos respecto a los estándares internacionales, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.
“Todo lo anterior tiene como único fin que la actuación de las instituciones federales y locales en esta materia se sujeten al respeto irrestricto de dichos criterios”, en referencia al artículo primero de la Constitución.
“En esta Procuraduría a mi cargo, el respeto a los derechos humanos es un principio imprescindible en el trabajo ministerial y un axioma fundamental de actuación de todos los servidores públicos que la constituimos. Nada ni nadie que amenace la paz y el orden publico conseguirá su objetivo ante instituciones sólidas, instituciones compuestas con hombres y mujeres íntegros que tienen como principal afán el procurar una justicia efectiva para todos los mexicanos, basada en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales”, dijo.
El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, dijo que con la reforma constitucional el Estado mexicano no sólo se compromete al respeto a los derechos humanos y a acatar los fallos de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Consideró la realización del simposium como una espléndida oportunidad para fortalecer la trinchera de los derechos humanos en México.

Los desafíos del ministerio público

El director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Alejandro Negrín Muñoz, explicó que en el simposium se trataría de explorar desde diferentes ángulos la responsabilidad y desafíos que enfrentan los ministerios públicos para cumplir con las disposiciones establecidas en la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.
Indicó que la reforma constitucional establece los estándares internacionales en derechos humanos que deben respetar todas las autoridades del país.
“La reforma establece la obligación de todas las autoridades sin excepción alguna de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de modo que el Estado en su conjunto y a través de sus distintos poderes sea capaz de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cuando lamentablemente éstas ocurran”, expresó.
Agregó que de acuerdo con los diagnósticos de órganos internacionales y organizaciones civiles, “una parte medular y sustantiva de la problemática de violación a derechos humanos en México se ubica en nuestro sistema de justicia”.
Expuso que la reforma constitucional aprobada por el Congreso “implica un enorme desafío porque su propuesta central y de fondo es la construcción de una nueva cultura en México, que abarca a las instituciones federales y estatales, a los poderes y a los ciudadanos para garantizar el pleno goce de la cultura de derechos humanos en nuestro país”.
Abundó que con la reforma constitucional, las procuradurías  y ministerios públicos son los principales agentes de cambio y principales defensores de derechos humanos y el Poder Judicial llevará el control de convencionalidad y verificar el cumplimiento de las normas en esa materia.
Para que el Poder Judicial pueda llevar a cabo su trabajo los ministerios públicos tendrán que llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias, profesionales y científicas en respeto a los derechos humanos, dijo.
Negrín Muñoz indicó que en el simposium se analizaría desde la perspectiva del trabajo ministerial la reforma al artículo primero constitucional, el impacto de las normas internacionales de derechos humanos y la importancia capital del respeto al debido proceso en la etapa de investigación.
Dijo que la reforma constitucional al artículo primero implica una revolución jurídica y corresponderá a los procuradores y ministerios públicos el que los tratados internacionales reconocidos por la Constitución Política sean funcionales, respetados y un aspecto central de las investigaciones.
Negrín Muñoz dijo que “todos” los casos que enfrenta el Estado mexicano en la ONU o en Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver “con la procuración y la administración de justicia”.

La tortura, práctica salvaje: Aguirre

Por su parte, Ángel Aguirre dijo que las violaciones a los derechos humanos son delitos que no deben prescribir y deben ser sancionados en un espíritu de justicia y libertad, y por eso su gobierno ha “acatado y corresponsabilizado” por las sanciones impuestas al Estado mexicano por organismos internacionales, en referencia al caso Rosendo Radilla e Inés Fernández.
Agregó que se ha impulsado la Comisión de la Verdad “para investigar sucesos pretéritos, donde presuntamente hubo prácticas de tortura y maltrato de tal dimensión que sustentan la indignación de familiares de las víctimas y de la sociedad misma”.
Expresó que la tortura y el maltrato son prácticas salvajes y quienes las cometen son seres humanos “con desequilibrios mentales, familiares o sociales, han perdido sus valores individuales, familiares y de la comunidad”.
Dijo que el pasado glorioso de Guerrero en defensa de las libertades obliga al Estado a ser congruente “con el pretérito y con el presente”.
El gobernador habló de la apertura que ha habido en la radio y televisión respecto a los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos en los libros de texto de la primaria.
Dijo que en Guerrero se trabaja en una nueva Constitución que organice de una mejor manera las potestades del poder público, para que la autoridad esté al servicio de los ciudadanos, además de que se trabaja en “identificar y atacar” las causas estructurales que originan la violación a los derechos humanos.
Luego, en declaraciones a los reporteros, el gobernador dijo que recibió con beneplácito la realización del simposium por el contexto del estado, que se ha visto como una entidad en la que siempre se violan los derechos humanos.
En su intervención, la procuradora del estado, Martha Elva Garzón Bernal, convocó a las instancias del gobierno que tienen encomendada la tarea de la justicia, a “establecer y elaborar conjuntamente una agenda en materia de derechos humanos” relacionada con la protección de las garantías individuales de los guerrerenses, y recordó que “el gobernador ha expresado que en Guerrero nadie será perseguido por sus ideas políticas y mucho menos por ser defensores de los derechos manos”.
También presidieron la ceremonia de inauguración el director de Derechos Humanos de la Sedena, el general de brigada Rafael Cazares Ayala; la procuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad de la PGR, Ruth Villanueva Castilleja, y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Alejandro Puente Córdova.
Asistieron los procuradores de Puebla, Víctor Carrancá; de Mo-relos, Mario Alberto Vazquez; la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leoba Castañeda Rivas; el presidente de la asociación de Doctores en Derecho, Elías Huerta, y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.