La iniciativa avalada afectará el empleo y la estabilidad laboral, censuran líderes

Sonia Del Valle Lavin / Agencia Reforma

Ciudad de México

La reforma laboral  aprobada por la Cámara de Diputados afectará el empleo y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público, aseguraron líderes de sindicatos independientes.
Antonio Vital, secretario general de la Alianza de Trabajadores de la Salud, denunció que están en riesgo 350 mil trabajadores del sector salud por la subrogación de servicios en las áreas de informática, tomografía, radiología, lavandería y del Seguro Popular.
“Con la nueva reforma laboral están en riesgo 350 mil trabajadores porque se legaliza la contratación de servicios, el llamado outsourcing en el Gobierno, de servicios que el gobierno paga por fuera a fin de no contratar o crear plazas nuevas”, explicó Vital.
Dijo que se trata de servicios que el Gobierno considera que no son funciones sustantivas en el sector salud y en muchos de los sectores públicos.
Sostuvo que actualmente los trabajadores de limpieza y vigilancia son contratados a través del outsourcing o los servicios subrogados en la mayoría de las dependencias de gobierno.
En el caso del sector salud, dijo, hay 30 mil trabajadores que ganan menos por trabajar en empresas contratadas por el sector Salud y el ISSSTE.
“Un trabajador de limpieza gana en una empresa subrogada 2 mil 600 pesos, cuando en el catálogo de puestos del sector salud se paga a un trabajador de base por realizar ese trabajo 4 mil 500 pesos más prestaciones”, dijo en conferencia de prensa junto con el secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, Benito Bahena Lome.
Bahena Lome, quien también es presidente la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia de la Unión Nacional de Trabajadores, calificó de contrarreforma las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y de traidores a los legisladores que la aprobaron el viernes pasado.
“Haremos un frente común amplio entre los sindicatos independientes, los trabajadores de base de los sindicatos del Congreso del Trabajo, así como los maestros, los trabajadores universitarios para no permitir que se apruebe en la Cámara de Senadores”, mencionó.
Explicó que el lunes se reunirán para definir las acciones a seguir.
En tanto, dijo, se analizan las acciones legales, entre las que se encuentran los amparos, y una controversia constitucional, pues varios de los artículos aprobados atentan contra el artículo 123 constitucional.
“Tenemos 30 días para defendernos”, aseguró.
Vital aseguró que el 23 de octubre habrá una jornada y movilización nacional a la cual están llamando a los 12 millones de trabajadores que el Inegi registra como empleados que carecen de prestaciones.