Los delitos cometidos en el desalojo no deben quedar impunes, dicen diputados federales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego de 50 días del desalojo policiaco de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que dio seguimiento a las investigaciones del caso presentó su informe final y estableció que “los delitos derivados de esos hechos no deben quedar impunes”.
De acuerdo con un boletín difundido en la página oficial de la Cámara de Diputados, en el informe del grupo de trabajo que se presentó ayer en la sesión ordinaria se hizo un exhorto a las autoridades competentes “a atender con prontitud y diligencia las quejas, denuncias y recomendaciones que formule la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
También se recomienda la constitución de un nuevo grupo de trabajo para continuar el seguimiento a las investigaciones, y la elaboración de un diagnóstico de las comisiones de educación de la Cámara y el Senado, para mejorar la calidad de la educación en las normales rurales.
En el informe no hay mención alguna a la solicitud de juicio político para el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que presentaron los estudiantes de la Normal a la Cámara de Diputados.
Al solicitar una entrevista telefónica para ampliar la información, el diputado priísta Francisco Moreno Merino, que encabezó los trabajos de la comisión, sólo se interesó en saber cómo este diario obtuvo su número y colgó, no obstante que se le informó el motivo de la llamada.
Del desalojo policiaco donde intervinieron policías federales, estatales y ministeriales, el informe del Grupo de Trabajo recuerda que ahí perdieron la vida dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y un trabajador de una gasolineria.
El documento que presentó el senador José Luis García Zalvidea, del PRD, también “condenó el abuso a 14 estudiantes que fueron objetos de tratos crueles y uno más de tortura e imputación falsa de delitos”, en relación a los alumnos detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado, y a uno que se intentó incriminar por la muerte de los normalistas.
También se reconoció “el acto heroico” de Gonzalo Miguel Rivas, empleado de la gasolinería, “quien no dudó en poner en riesgo su vida para evitar un siniestro mayor y por lo cual fue nombrado hijo predilecto de Chilpancingo, Guerrero”, a pesar de que el encargado administrativo de la gasolinería aclaró desde el principio que no había riesgo de una explosión debido a que ya habían sido aplicados los protocolos de seguridad.
“Se concita a los actores involucrados a sumar esfuerzos para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables”, dice el documento.
El grupo de trabajo también demandó que las autoridades locales y federales garanticen los derechos de las víctimas, testigos y sus familiares, y se proceda a la reparación del daño.
A las autoridades federales y estatales se les llamó a atender rápido, oportunamente, las demandas educativas planteadas por los estudiantes y autoridades de la Normal Rural de Ayotzinapa, y cuestionaron que las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública no atendieron su solicitud de entrevistarse con los legisladores del grupo de trabajo.