Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Willy ¿amigo del gobernador?

Con el fin de su encargo como alcalde de Tlapa también terminó ayer la inmunidad que durante un año mantuvo a Willy Reyes Ramos fuera del alcance de la ley por la acusación de ser el autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su asistente Erick Estrada Vázquez. Eso significa que desde el primer minuto de este lunes el ex alcalde puede ser detenido sin impedimento alguno. Si es que no huye (o lo dejan huir), si no aparece con un amparo o si la Procuraduría no desiste de la acción penal en su contra.
Esas posibilidades parecerían difíciles de concebir después de que durante un año el gobierno buscó retirarle el fuero legal para poder arrestarlo, pero en los hechos alguna de esas cosas podría frenar su detención. La suspicacia se funda en la confusa manera en que la anterior legislatura del Congreso dejó trunco el procedimiento legal por el que debía retirarle el fuero a Willy Reyes para que fuera juzgado, o ratificarlo.
Como se recordará, en octubre de 2011 la PGJE solicitó al Congreso el desafuero del alcalde de Tlapa, pero al cabo de un año, la Comisión Instructora no pudo finiquitar el trámite y dejó el expediente en el limbo. Pero antes de eso, manos interesadas en brindarle un servicio a Willy Reyes hicieron circular el borrador del dictamen, el cual establecía la inviabilidad del juicio de desafuero. El dictamen no llegó a ser firmado por los integrantes de la comisión y carece de validez, pero su difusión sirvió para generar la apariencia de que los diputados consideraban inocente al ex alcalde de Tlapa, lo que a su vez permitió a Willy Reyes echar las campanas al vuelo como si un juez lo hubiese absuelto de los cargos criminales. En realidad los diputados no podían pronunciarse sobre la responsabilidad o la inocencia del inculpado, sino sólo sobre la procedencia de la petición hecha por la Procuraduría a partir de las pruebas presentadas, que es lo que debió haber sucedido pero aparentemente alguien no quiso que sucediera.
En la perspectiva pública, eran aplastantes los testimonios ministeriales contra Willy Reyes dados a conocer por la PGJE hace un año. A principio de octubre lo señalaron como autor intelectual del crimen los dos primeros detenidos, Antonio Jiménez Chino y Florencio Jiménez Chino, este último agente de la Policía Ministerial en el momento en que fue cometido el asesinato. En noviembre lo señaló Juan Miguel Martínez Plácido, El Gordo, quien declaró haberle cobrado 300 mil pesos al alcalde por organizar el crimen. Y finalmente ese mismo mes también lo acusó Francisco Flores Lorenzo, ex director de Seguridad Pública del municipio de Tlapa y elemento decisivo en la trama. Todos ellos están presos, y aunque después han intentado desdecirse mediante el recurso de que fueron torturados para implicar a Willy Reyes, sus primeros testimonios son contundentes.
Es posible que el tortuguismo de los diputados locales y la indefinición en que dejaron el juicio de desafuero de Willy Reyes (o el intento de negar su desafuero) hayan tenido su origen en presiones rudas, por decirlo de alguna forma. Willy Reyes, por su parte, a lo largo de este tiempo ha traído a la superficie y alardeado de su relación con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien apoyó en la campaña por la gubernatura a pesar de pertenecer al PRI. El gobernador, que como se sabe le gusta ser amigo de sus amigos, no mostró recelo hacia Willy Reyes tras la formalización de los cargos en su contra, e incluso inauguró obras con él en Tlapa y lo recibió en acuerdos privados.
Malogrado el procedimiento parlamentario y terminado el periodo formal del presidente municipal, ya nada impide que Willy Reyes sea procesado. Pero como ya dijimos, lo que puede frenar ese arresto es la aparición de un milagroso amparo, la fuga del acusado, el congelamiento de la respectiva orden de aprehensión o una conveniente pasividad por parte de las fuerzas ministeriales. No es un buen augurio de lo que puede pasar a partir de hoy, que en julio pasado la procuradora de Justicia del estado, Martha Elva Garzón Bernal, dijera que el caso podría ser atraído por la PGR. Se ignora que así haya sucedido, pero por otra parte es interesante que en agosto el abogado de Willy Reyes haya declarado que la PGJE ni siquiera había consignado ante un juez penal la averiguación previa… En el fondo estas sólo son preguntas, pero preguntas que importan.

Guerreros: 31 mil alfabetizados

En respuesta a las notas que en las dos anteriores entregas dedicamos al programa “Guerreros por la Alfabetización” y al problema del analfabetismo en el estado, el coordinador de esa estrategia, Ricardo Castillo Barrientos, envió un texto a esta columna. Se reproduce a continuación la parte sustancial de sus comentarios:
Atendiendo al derecho de réplica y a fin de disipar dudas de los lectores de El Sur y la opinión pública, es necesario hacer algunas precisiones sobre su punto de vista en la columna del lunes anterior, 24 del actual (septiembre), referente a los resultados del programa “Guerreros por la Alfabetización”.
El analfabetismo, por su propia naturaleza, representa un enorme desafío y el hecho de definir una política de Estado en esta materia, es una decisión trascendente del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Por primera vez en la historia educativa de la entidad, se viene realizando un esfuerzo sin precedente en tareas de alfabetización.
“Lo que se hace en Guerrero es el proyecto más grande que tiene México en materia de alfabetización”, decía María Sirley Dos Santos, de Brasil, alumna más destacada de Paulo Freire, en su visita a nuestro país con motivo del “Día Internacional de Alfabetización”, celebrado el 8 de septiembre en Acapulco.
Sin embargo, habría que reconocer que no se lograron los objetivos planteados originalmente en un año, vamos camino en ello y vamos remontando el índice y consolidando el proceso de alfabetización en los 81 municipios de la entidad; especialmente en aquellos con los más altos índices de analfabetismo respecto a la población total, como son: Cochoapa el Grande, 66.55%; Metlatónoc, 52.33%; Alcozauca, 49.73%; Tlacoachistlahuaca, 48.29%; Xochistlahuaca, 47.12%; José Joaquín de Herrera, 46.16%; Xalpatláhuac, 42.08%; Copanatoyac, 41.14%; Atlixtac, 40.92%; Copalillo, 36.16%; y Zitlala, 35.86%.
Y si hablamos de resultados, ya tenemos a más de 31 mil alfabetizados en el primer año y actualmente a más de 50 mil alfabetizandos en atención, cuyos nombres y apellidos serán publicados en el sitio web: www.guerrerosporlaalfabetización.gob.mx; así como los recursos ejercidos hasta la fecha, que ascienden a $44,916,068.23; de los cuales, $15,989,303.22 fueron ejercidos por la administración anterior del programa, teniéndose una proyección financiera a ejercer de 80 millones de pesos, de junio de 2011 a diciembre de 2012; siendo racionalizados y optimizados todos los recursos.
Las instituciones responsables de esta tarea, por sí solas no han podido con este flagelo. Se necesita avanzar –y hacia allá vamos– en la construcción de un movimiento social de carácter educativo y cultural donde participen, además de instituciones públicas, de los tres niveles de gobierno, las organizaciones sociales, las asociaciones civiles, privadas y religiosas, las instituciones educativas de nivel medio superior y superior (oficiales y particulares) y los medios de comunicación.
Sólo con el compromiso y la participación decidida de estos sectores será posible la consecución de la meta propuesta: alcanzar la media nacional de 6.9% de población analfabeta durante el periodo del gobernador Aguirre Rivero. Guerrero registró, de acuerdo al censo de 2010, más de 374 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, que representan el 16.7%. En el censo del INEGI de 2015, sabremos hasta dónde fuimos capaces los guerrerenses de superar este rezago histórico.

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