Llaman a una campaña nacional por la libertad de seis estudiantes de la UAG
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Organizaciones sociales, de derechos humanos y universitarias, junto con los padres de familia de los seis estudiantes de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que fueron detenidos por policías federales el 13 de septiembre en Ciudad Altamirano, hicieron un llamado público para comenzar una campaña nacional en demanda de su libertad.
“Llamamos a todas las organizaciones estudiantiles, sociales, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a manifestarse según sus modos y sus formas ante las autoridades federales, por la libertad inmediata de los jóvenes universitarios guerrerenses y a realizar una amplia campaña de solidaridad y apoyo a esta lucha contra la absurda guerra del Estado mexicano en contra del pueblo, contra la criminalización a la juventud y por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos”, dice el llamado de las agrupaciones y padres de familia de los 6 jóvenes.
Incluso piden a los grupos que se manifestarán este 2 de octubre en el marco del 44 aniversario de la masacre de Tlatelolco, para que incluyan la demanda de la libertad de los estudiantes de la UAG.
Las organizaciones convocantes son el Taller de Desarrollo Comunitario, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, la Federación de Estudiantes de la UAG, la Asamblea General Universitaria UAG, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el Movimiento Popular Vicente Guerrero, la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Asamblea Local #Yo soy 132- Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero y la Comunidad Indígena Emperador Cuauhtémoc.
Asimismo, el llamado lo hacen los padres y familiares de los estudiantes Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz. Alan Francisco Alarcón García y Ricardo Muñoz Arzate.
“Evidentemente que aquí se ha cometido un delito, la PFP acusa a los jóvenes de ser parte de la llamada delincuencia organizada, mientras que los familiares, maestros, amigos y organizaciones solidarias decimos que los quieren utilizar como chivos expiatorios y que quienes han cometido el delito de falsas acusaciones, detención arbitraria, tortura, violación de derechos humanos son la PFP y el Estado mexicano”, dice el desplegado de las agrupaciones sociales y de derechos humanos.
Manifiestan que por eso en Guerrero “se ha generado una amplia solidaridad de familiares, amigos y compañeros de los estudiantes, de los sectores universitarios y de organizaciones sociales, a favor de los jóvenes y exigiendo su libertad inmediata”.
Recuerdan que el 13 de septiembre pasado, los 6 jóvenes fueron detenidos por la Policía Federal Preventiva, vinculándolos con el asesinato de 16 personas cuyos cadáveres habían sido encontrados recientemente en Coyuca de Catalán, y acusándolos, además de que al momento de su detención se les decomisaron droga y armas.
Sin embargo, denuncian que hasta ahora las autoridades no han explicado por qué estuvieron más de 12 horas desaparecidos, “se les trasladó a la ciudad de Iguala y luego al D.F. mediante un operativo espectacular y un campesino ha declarado que al ver las fotografías publicadas en algunos medios mediante inserciones pagadas, descubrió que las armas presentadas le fueron sustraídas de su domicilio por policías federales y reconoce en el fondo de dichas fotografías, vistas de su vecindario”.
Manifiestan que, mientras tanto, las autoridades de la Escuela de Medicina Veterinaria, en la que estudian los jóvenes, acreditan que el día de los hechos, ellos hacían un trabajo académico de campo, debidamente programado, además de que su historial los muestra como buenos estudiantes.
Y concluyen que “hay elementos institucionales, como los registros académicos y el seguimiento de las actividades que los jóvenes desarrollaban, que acreditan que estaban realizando una práctica académica en la que utilizan equipo veterinario, botas de hule y reatas para amarrar ganado y que, por tanto, los alejan de la sospecha de ser los autores o partícipes en los crímenes que se les imputan”.




