Más de 3 mil manifestantes en la conmemoración del 2 de octubre en la capital con sus demandas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con la consigna de no hacer pintas ni actos de vandalismo, se realizó la marcha para recordar la masacre del 2 de octubre, donde por primera ocasión se sumaron unas 3 mil personas de organizaciones estudiantiles, sociales y algunas representaciones sindicales, para exigir al gobierno del estado la atención a problemas que afectan a distintos sectores de la población.
En esta ocasión no se atacaron las tiendas Oxxo, que en otro tiempo se decían que eran propiedad del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, tampoco pintaron negocios o paredes de casas particulares, ni siquiera el Palacio de la Cultura (antes palacio de gobierno), donde las leyendas de protesta eran casi permanentes.
Sin embargo, jóvenes, casi adolescentes, dejaron constancia de la marcha en puentes, bardas públicas y en las avenidas con la leyenda “2 de octubre no se olvida” y sobre el arroyo vehicular, dibujaron siluetas de cuerpos que representaban a los caídos de aquella represión, a pesar de la resistencia de algunos representantes que pedían que no pintaran, presuntamente para no entorpecer la negociación.
Una noche antes, en la nueva fachada de Ciudad Universitaria Sur, se imprimieron leyendas alusivas al crimen de estado contra estudiantes universitarios hace 44 años, y exigían “puertas abiertas”, para protestar por las medidas de seguridad que ahora condicionan la entrada de estudiantes y personas externas a las instalaciones educativas.
Momentos antes de que la marcha llegara al Palacio de Gobierno, los guardias de seguridad comenzaron a reforzar los portones, colocando un gran tubo transversal en cada puerta, que tienen que presionar a golpes con una roca; otra de las medidas de seguridad que se observaron es que  añadieron un metro de alto a la reja que rodea a las oficinas de ejecutivo estatal.
La marcha comenzó después de las 10 de la mañana, desde la alameda Granados Maldonado con familiares y amigos de los seis estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en arraigo judicial en la ciudad de México, a la vanguardia.
La primer demanda del pliego petitorio de la manifestación fue precisamente la liberación inmediata de los jóvenes universitarios, y el padre de uno de los detenidos, Jesús Alarcón Juárez, recordó que se cumplieron 20 días de arraigo, y el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), todavía no les han resuelto nada.
Reiteró su preocupación porque los jóvenes, de entre 20 y 21 años, están afectados físicamente y psicológicamente, “ya no podemos seguir así, exigimos la libertad inmediata de los seis, todos son inocentes, venían de un trabajo de campo cuando fueron detenidos, y a la fecha no hay nada que se les puedan impugnar”.
Los alumnos de Veterinaria y Zootecnia, Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Alan Francisco Alarcón García y Ricardo Muñoz Arzate, fueron señalados por la Policía de la Federal de vínculos con la delincuencia organizada.
Con los familiares de los seis alumnos de la UAG iban integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y del movimiento #Yosoy132, que los han acompañado en las diligencias.
En el siguiente grupo marcharon dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), residentes de la casas de estudiantes integradas en una Coordinadora, seguidos de estudiantes de bachillerato de la UAG, que incluso marcharon con sus uniformes escolares, acompañados de algunos maestros.
Entre sus consignas, se pronunciaron por la libertad de los estudiantes de Veterinaria, en rechazo a la reforma laboral y por la no privatización de la UAG, a razón de la política de seguridad interna, que aseguran se impone desde la administración central, por instrucciones de la federación.
Tras los universitarios marcharon los normalistas, por separado, la Alianza de Normales Públicas del Estado de Guerrero (ANPEG) que exige plazas de maestros al gobierno del estado, y los egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, que se acompañaron por buena parte de la comunidad escolar.
Los egresados y estudiantes de Ayotzinapa marcharon de forma ordenada, no realizaron pintas, pero sí lanzaron consignas contra el gobernador e integrantes de su gabinete.
La manta de los egresados de Ayotzinapa, también hizo alusión al desalojo policiaco donde fueron asesinados dos de sus compañeros, el 12 de diciembre de 2011, “exigimos plazas para todos los egresados que aprobamos el examen de oposición, cuántos muertos se necesitan para atender las demandas”.
Una veintena de representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al parecer delegados, se sumaron a la movilización, así como una delegación de la clínica del ISSSTE en Chilpancingo, para exigir a sus representantes sindicales un pronunciamiento en contra de la reforma laboral.
Asimismo, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAG (STAUAG), opositores al secretario general, Ancelmo Sotelo Albarrán, se manifestaron con una serie de demandas del emplazamiento a huelga que acaban de presentan contra la universidad.
Casi al final, un grupo importante de pobladores de comunidades rurales, al parecer de la sierra del estado, marcharon con la estafeta de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), y entre éstos, un sector exigía con pancartas la libertad de Luis Antonio Velez Lorenzo, trabajador del gobierno del estado, preso en la cárcel de Chilpancingo.
A las 12:30 del día, los grupos se instalaron en las escalinatas de acceso, afuera del Palacio de Gobierno, dirigieron consigna de manera desordenada, hasta que momentos después comenzaron a ordenar sus participaciones; así transcurrieron 40 minutos antes de que una comisión de funcionarios del gobierno del estado los atendiera.
Por la tarde, se informó que la mesa de negociación se instaló con la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño; funcionarios de Transporte y Vialidad; el subsecretario de Educación Media y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, y el subprocurador, entre otros, sin mayores resultados.
Sobre la plazas, uno de los egresados de Ayotzinapa informó que las autoridades volvieron a darles largas, porque dicen que no tienen forma de incorporarlos a una base de trabajo, aunque ellos reclamaron que sí hay para repartir entre funcionarios y dirigentes sindicales.