En el Congreso el PRD recurre al outsourcing para escamotear derechos laborales, critican PT y PRI

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Pese a que la reforma laboral ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, de todos modos ayer 10 diputados del Congreso del Estado, sin reparar que el dictamen está en poder del Senado para su revisión y aprobación, debatieron por dos horas sobre ese tema sin llegar a nada.
La diputada Luisa Ayala Mondragón, del PRD, fue la encargada de llevar el tema de la reforma laboral a la tribuna.
Sí reparó en el desfase del debate y le sirvió de reproche hacia los diputados del PRD, el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, quien les dijo en tribuna que era un posdebate de un tema ya debatido.
Dijo que además la reforma laboral sirvió para desenmascarar a los perredistas, pues desde hace nueve años que tienen en su poder la administración y las finanzas del Congreso local, y tienen subcontratado el servicio de limpieza, lo que los evidencia porque a nivel federal critican esa práctica y en Guerrero lo hacen con todo “descaro”.
Argumento que fue retomado por el diputado Rubén Figueroa Smutny para decirles a los diputados del PRD que públicamente dicen mentiras para confundir a los trabajadores, pero en corto, en el caso de la subcontratación del servicio de limpieza en el Congreso local, “aquí callan lo que allá (en México) critican, pues lo que hacen es multiplicar a los pobres”.
Eso provocó silencio en los diputados del PRD, pues nadie refutó lo dicho por Jorge Salazar del PT y Rubén Figueroa del PRI.
Y eso que intervinieron en tribuna los diputados perredistas Luisa Ayala, Amador Campos, Germán Farías, Abelina López y Nicanor Adame, quienes en sus intervenciones sólo repitieron sus argumentaciones del jueves pasado, en el sentido de que la reforma laboral sólo volverá más pobres a los trabajadores y hará más ricos a los empresarios.
Hubo quienes intentaron lucirse al decir que ya habían leído todo el dictamen por el que se aprobó la reforma laboral, como el diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, quien primero reprochó que ninguno de los diputados del Congreso local lo hubiera leído para poder discutir y criticar. Dijo que él “sí se tomó la molestia de leerlo” y que le parecía que el debate no llevaría a nada.
Aunque el diputado del PRD, Amador Campos Aburto, informó que el dictamen aprobado de la reforma laboral ya está en el Senado, sólo atinó a decir que también tendrían 30 días para aprobarlo, pero no abundó en el tema, más bien se dedicó a repetir los argumentos de sus compañeros en contra de la reforma laboral.
Y en una postura conciliatoria, el diputado del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, les explicó a los diputados del PRI y del PRD que la reforma laboral sólo alude a la ley reglamentaria, pero no al artículo 123 constitucional, que queda intacto por respeto a un artículo emanado de la revolución mexicana.
En tanto que la diputada perredista Luisa Ayala, al fijar su postura consideró “que por la trascendencia de su impacto en la vida social, económica y política del país, esta iniciativa debió discutirse amplia y profundamente con todos los sujetos sociales, organizaciones gremiales y grupos empresariales”.
Indicó la perredista que “ha sido un consenso entre todas las corrientes políticas que México necesita una importante reforma estructural en materia laboral; una reforma que garantizara una relación equitativa y justa entre patrones y trabajadores, vinculada a un proyecto de desarrollo que permitiera al país posicionarse competitivamente ante el inevitable proceso de globalización internacional, pero que también ofreciera la pauta necesaria para impulsar el desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar social de todas y todos los mexicanos”.
“El resultado ha sido una reforma que garantiza un esquema de beneficios al sector empresarial, a costa del bienestar social y en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores consagrados en nuestra Constitución y en el marco jurídico internacional”, expresó.

Piden policías federales legales, profesionales, honrados y respetuosos

A petición del diputado Jorge Camacho Peñaloza, del PAN, se aprobó por unanimidad exhortar a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal, estatal y municipal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en los operativos que realicen los elementos de estas corporaciones, se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto, anteponiendo y salvaguardando los derechos constitucionales de los ciudadanos, en el marco del Programa Guerrero Seguro.
Dio a conocer que en diversas ocasiones la ciudadanía ha sido víctimas de atropellos, violación a sus garantías individuales por parte de los elementos encargados de brindar seguridad del Programa Guerrero Seguro, como lo ocurrido con el periodista Carlos Cabrera Cuevas, locutor de ABC Radio y corresponsal del periódico El Universal, quien fue agredido física y verbalmente por elementos policiacos.
Luego le aprobaron por unanimidad al diputado Nicanor Adame Serrano un exhorto al gobierno federal, para que a través de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público asigne recursos presupuestales extraordinarios a la entidad para que  atienda las necesidades de recursos humanos de escuelas y localidades, otorgando plazas a los sustentantes guerrerenses del pasado concurso, donde resultaron elegibles.
Y exhortaron al Ejecutivo Federal, a los Estados y al gobierno del Distrito Federal, para que declaren el año 2013 como “Año del Bicentenario de la Instalación del primer Congreso de Anáhuac  y la proclamación de los Sentimientos de la Nación y del Acta Solemne de la declaración de la Independencia de la América Septentrional”.
Y se leyó un comunicado donde la Comisión de Gobierno solicita a las comisiones y comités ordinarios que se instalen a más tardar en diez días.

El 2 de octubre casi se les olvida a los diputados

No fue como en los años anteriores, donde los partidos fijaban posturas en tribuna. Esta vez sólo el diputado del Movimiento Ciudadano (MC), Oliver Quiroz Vélez, en el último asunto del orden del día pidió intervenir sobre la masacre de los estudiantes del 2 de octubre de 1968.
De manera breve, pidió justicia para los estudiantes masacrados en la plaza de Tlatelolco en la ciudad  de México, pero luego exhortó al gobierno federal a dejar en libertad a los seis estudiantes de la UAG detenidos por la Policía Federal en Coyuca de Catalán.
Nadie más tocó el tema.