Tlachinollan

El discurso gubernamental de los derechos humanos: una retórica falaz

Es difícil saber cuánto gasta el gobierno mexicano en Europa, Estados Unidos y Canadá para cuidar su buena imagen como promotor y protector de los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas. Cuenta con suficientes recursos financieros para formar nuevos cuadros que se especialicen en el derecho internacional de los derechos humanos y para que conozcan los diferentes mecanismos de protección de estos derechos tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal.
También dispone de un staff amplio dedicado a realizar trabajos de cabildeo en el parlamento Europeo, en el congreso de los Estados Unidos, en las embajadas de la Unión Europea (UE), en las sedes de la ONU, tanto en Ginebra como Nueva York; en Washington con los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en Costa Rica con los ministros y ministras de la Corte Interamericana. Trata de mostrar al mundo un perfil progresista avezado en los derechos humanos. De mostrarse como un gobierno atento y dispuesto a firmar cualquier declaración o convenio.
En los foros internacionales son los primeros que se apuntan para participar, y cuando asisten a las audiencias de la ONU y la CIDH, sus delegaciones son amplias. La secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha invertido gran parte de sus recursos financieros para mantener en un lugar prominente a México como un país pionero en la promoción de los derechos humanos. Hay muchas generaciones de diplomáticos de alto nivel que se han especializado en el vasto campo de los derechos humanos para hacer de México un ícono que esté a la vanguardia con sus socios comerciales.
El nuevo paradigma de la globalización económica impuesto por la unipolaridad del capital obligó a los Estados nacionales a supeditarse a los intereses macroeconómicos de los países desarrollados y a ceder su poder soberano a la banca multilateral y a las empresas multinacionales, quienes ahora se ostentan como el nuevo poder global que exigen un ordenamiento jurídico acorde al libre flujo de los capitales que permitan la extracción de la riqueza en cualquier rincón del mundo.
Esta visión crasa del capitalismo está envuelta con un discurso etéreo con tintes neocolonialistas; los nuevos tecnócratas siguen hablando de legalidad, estado de derecho, justicia, derechos humanos, democracia, seguridad, desarrollo y paz. Son conceptos que han sido secuestrados y resemantizados por la nueva tecnocracia neoliberal que ha impuesto un nuevo glosario, donde lo primordial es proteger el sistema político y económico que garantice la acumulación capitalista y la propiedad privada. Por lo mismo la legalidad es una legalidad injusta porque no protege los derechos humanos de la clase explotada, más bien, es la legalidad que fundamenta y legitima la explotación.
Lo mismo podemos hablar del estado de derecho, que es una manera de justificar el estado de injusticia, de dominación y del control férreo de los gobernados. La democracia dentro de este sistema neoliberal no está construido para darle poder al ciudadano y al pueblo, sino para fortalecer una partidocracia, controlada por grupúsculos que solo defienden los intereses de las elites económicas. El poder político no es en realidad para servir a la sociedad, es el instrumento legal que le permite a una persona, un grupo o partido, utilizar de manera facciosa a las instituciones de gobierno y manejar los recursos públicos para beneficios particulares.
Por otra parte, la seguridad pública está diseñada para proteger a los gobernantes, a los funcionarios y a las instituciones que permiten la reproducción del sistema dominante y dejar inerme a una población sometida y asolada por la violencia.
El desarrollo económico para los gobiernos neoliberales se centra en el desarrollo de las empresas capitalistas; en la ganancia y la sobreexplotación de la mano de obra. El desarrollo para los gobiernos pasa necesariamente por la imposición de un modelo basado en megaproyectos, en la implantación de multinacionales especializadas en el extractivismo. Supone también la imposición de paquetes tecnológicos; la privatización de los territorios comunitarios ricos en biodiversidad; la explotación intensiva de la tierra, los monocultivos, los transgénicos y los agronegocios.
En el tema de los derechos humanos, el gobierno mexicano se ha empeñado en ser el campeón o el país más sobresaliente, al mostrar plena disposición para firmar cualquier iniciativa internacional que busca elevar los estándares de protección de estos derechos. Lamentablemente la praxis política y jurídica que implementa con la población más desprotegida es repugnante y perturbadora. Hay un gran abismo entre el discurso de los diplomáticos y las acciones arbitrarias y violentas de quienes ejercen el poder y portan las armas. Las autoridades no toleran que los ciudadanos y ciudadanas hagan valer sus derechos y tengan la capacidad de acotar su poder abusivo e insensato. Para ellos, los defensores y defensoras somos cómplices de la delincuencia organizada y comparsas de los movimientos que atentan contra el estado de derecho. Desestiman las denuncias de las víctimas, las descalifican y las catalogan como falsas, lo más grave es que consideran a las víctimas como delincuentes.
El presidente Calderón, por una parte, ha reconocido a los derechos humanos como la premisa central de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada, pero por la otra, expresa su ira públicamente ante las denuncias de abusos cometidos por militares, emitiendo juicios de que no son ciertas. Esto mismo pasa con las autoridades estatales, quienes de manera prejuiciada afirman categóricamente que las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico, tienen alguna relación con la delincuencia organizada, justificando de este modo el tipo de muerte que padecen, desmarcándose de cualquier responsabilidad para buscar su exoneración mediática.
El desprecio de las autoridades de Guerrero por los derechos humanos, sobre todo por el derecho a la vida, se registra trágicamente en el recuento diario de las personas ejecutadas. Cinco diarias en el mes de septiembre, según los reportes del diario Milenio, situación que nos coloca ya en el primer lugar nacional, con la acumulación nefasta de hechos aberrantes, como la detención de 18 policías preventivos de Taxco, por supuestos vínculos con el crimen organizado, o el reporte de que un policía preventivo estatal asignado a la seguridad en palacio de gobierno, es denunciado en el estado de Morelos como jefe de una banda criminal.
Por su parte el Ejército sigue causando muertes de civiles entre ellos menores de edad y mujeres como la matanza de diez civiles en el municipio de Tepecoacuilco, el pasado 26 de septiembre. En San Luis la Loma, el 10 de septiembre, más de mil personas bloquearon la carretera de Acapulco-Zihuatanejo para denunciar el alto número de atropellos cometidos por el Ejército contra la población civil y exigir su salida de la Región. Por testimonios de algunos familiares se sabe que en esa localidad se suscitaron varios enfrentamientos, en donde perdieron la vida varios jóvenes. Hasta la fecha las autoridades federales y estatales no se han interesado en indagar a profundidad los asesinatos acaecidos en estos hechos de violencia.
A la población de Guerrero no le han dejado otra alternativa que recurrir a la protesta para hacer visible esta realidad que lacera y que atenta contra la vida y seguridad de los guerrerenses. Son los maestros y maestras, los padres y madres de familia, los niños y niñas, las y los estudiantes de escuelas públicas y privadas, grupos parroquiales, familiares de víctimas, los que se han armado de valor para tomar las plazas públicas y emplazar a que la autoridad cumpla con su responsabilidad de proteger los derechos humanos de las y los guerrerenses.
Ante la indolencia y la incapacidad de las autoridades federales para investigar los crímenes de esta guerra contra el narcotráfico, el movimiento por la paz con justicia y dignidad encabezado por Javier Sicilia tuvo que realizar una gira por Estados Unidos para denunciar a los dos gobiernos por su complicidad y responsabilidad ante las más de 80 mil víctimas de la violencia durante este sexenio. En esta caravana participaron Coral Rojas y Victoria Bautistas, hijas de Marcial Bautista y Eva Alarcón, dos defensores ecologistas que siguen desaparecidos desde el 6 de diciembre de 2011, a pesar de que hay dos policías detenidos en la SIEDO. Estas dos jóvenes han asumido la causa de sus padres y en honor a su lucha no descansarán hasta saber de su paradero. Por eso este domingo se reunieron con dos eurodiputadas para dar su testimonio y solicitar su intervención para que puedan presentar sus casos en el parlamento europeo. Seguramente la diplomacia mexicana empezará a cabildear con las parlamentarias para disipar los testimonios de los familiares de las víctimas y seguir lavándole la cara al gobierno mexicano, mostrándolo como el paladín de los derechos humanos, sin que le importe en lo más mínimo rendirle cuentas a los familiares de las víctimas sobre las miles de ejecuciones y desapariciones forzadas.
El dolor y el sufrimiento de estas familias que viven en la agonía y en el luto permanente no le hace mella a los gobiernos impunes y mucho menos a quienes tomaron las decisiones para que las fuerzas represivas del Estado empuñaran las armas y se volvieran contra la población civil. Tanto para los gobernantes de antaño como Rubén Figueroa, quien califico la Comisión de la Verdad como un “asunto de ociosos”, como las persistentes intimidaciones proferidas por el ejecutivo estatal contra los maestros de Acapulco de proceder legalmente ante su negativa de regresar a clases, nos muestran fehacientemente que el discurso gubernamental de los Derechos Humanos es una retórica falaz.