Acusan de corrupción a la Ssa estatal en el ejercicio del presupuesto y los programas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Secretaría de Salud (Ssa) ejerce el presupuesto y los programas con opacidad y falta de transparencia con fines de corrupción, denunciaron ayer en conferencia de prensa, integrantes de la agrupación femenil Comunidad Raíz Zubia A.C., quienes en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, que se celebró el 28 de septiembre, dieron a conocer los resultados de un monitoreo que realizaron en esa dependencia en materia de transparencia y acceso a la salud pública.
El trabajo y las gestiones de las integrantes de la agrupación de mujeres, que comprende de febrero del 2011 a septiembre del 2012, reveló que de 39 solicitudes de información que entregaron el 18 por ciento tuvo una respuesta completa o satisfactoria y un siete por ciento fue incompleta.
Asimismo, recurrieron al recurso de revisión para que interviniera el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG), por la falta de respuesta a un 25 por ciento de sus solicitudes, y a pesar de que el Instituto resolvió que la Ssa debe de entregar la información de un 60 por ciento de sus recursos, la dependencia no lo ha hecho desde hace cinco o seis meses, cuando la Ley de Acceso a la Información establece un plazo de 15 días.
La Comunidad Raíz Zubia, enfocó su trabajo sobre transparencia en la Ssa, por el seguimiento que realiza en el caso de las muertes maternas y el acceso de las mujeres a la salud. Pero también porque la dependencia estatal, ejerce aproximadamente el 20 por ciento del total del presupuesto del Gobierno del estado, lo que implica más de cuatro mil 500 millones de pesos.
Por ello, las integrantes de la agrupación femenil se interesaron, principalmente en los programas públicos, el impacto, los servicios que proporciona, el presupuesto que tiene etiquetado para cada programa, los salarios y la nómina, “por eso resulta relevante este monitoreo y los hallazgos que la agrupación encontró en esta dependencia”, dijo Lizet Nayely Rodríguez.
Con Lizet Nayely estuvieron en la conferencia de prensa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, Susana Oviedo Bautista y Lourdes Rodríguez Tolentino, e integrantes de la dirección colectiva de la agrupación.
La negativa a proporcionar información por parte de las áreas de la Ssa es bajo el argumento de que está clasificada como información reservada, cuando el ITAIG no la considera así y ha pedido a la dependencia que la entregue. En otros casos respondió entregando informes que nada tienen que ver con lo que solicitaron.
Susana Oviedo informó que, por ejemplo, el 26 de abril pasado ingresaron una solicitud en la que piden información de los cargos de servidores públicos de servicios administrativos, operativos o de servicio médico contratados en esta administración, así como el salario y honorarios, y que se clasifique si son de confianza, pero la respuesta fue que se trata de información confidencial y que no es posible proporcionarla, ya que de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Transparencia, “puede dañar la estabilidad financiera de esta Secretaría, amen de que es sobre manejo de recursos públicos, los cuales pueden ser auditados por las instancias correspondientes”.
Dijo que al interponer un recurso de revisión, el ITAIG resolvió que la Ssa debe entregarles esa información porque es pública y que con ello no se daña la estabilidad financiera, pero la dependencia, a través del subdirector jurídico Roberto Nava Castro, vuelve a violarles su derecho a la información al responderles que las solicitantes no han indicado cuál es la finalidad que pretenden con esa información, “cuando la ley también dice que los sujetos obligados no deberán preguntar para qué se requiere la información, pues es responsabilidad de cada ciudadana o ciudadano”, explicó Oviedo Bautista.
Informó que tras esta respuesta de la dependencia, el ITAIG le dio a Susana Oviedo cinco días a partir del 2 de julio, para que analice la respuesta que le entregó la Ssa, “y yo respondo que se siga el procedimiento y que el Instituto obligue a la Secretaría a que me entregue la información en 10 días, pero hasta ahora no he recibido la información”, se quejó.
Dijo que ya notificó al ITAIG que todavía no ha recibido la información “pero sigo en espera de que algo suceda, porque la ley marca que el ITAIG es el garante para hacer valer la Ley de Acceso a la Información del Estado de Guerrero, pero no sabemos qué es lo que ha pasado porque el Instituto también está incumpliendo con los tiempos que marca la ley, pues debe estar pendiente de que sea entregada la información a los ciudadanos”.
Explicó que incluso han recurrido al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, pero les han respondido que esas son atribuciones propias del ITAIG, pues es el órgano garante de hacer cumplir la ley.
Dijo que lo que piden no es información confidencial como lo argumenta la Ssa, “solamente queremos saber cuál es el personal, cuánto gana, quiénes son y qué hacen”, y agregó que esa información la establece la Ley de Acceso a la Información.

También hay programas con recursos que no se aplican

La integrante explico que requieren la información porque la necesitan para el trabajo que realiza la organización Raíz Zubia en las comunidades para la atención de la salud de las mujeres, y que por eso han solicitado informes sobre los programas de atención a las mujeres, mismos que les negaron en un principio, hasta que interpusieron el recurso de queja ante el ITAIG, “y sólo así nos entregaron la información, pero para eso también tuvimos que esperar casi dos meses para que nos la pudieran entregar”, dijo.
Oviedo reveló que en esa información encontraron, por ejemplo, que el programa Arranque Parejo en la Vida tiene un presupuesto de mayo a diciembre del 2012, de 42 millones 58 mil 996 pesos.
Mientras tanto, para la Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino la Ssa informó que destinó 18 millones 944 mil 648 pesos en este año, mientras que el Gobierno federal señaló que son 36 millones de pesos, con lo que se evidencia que existe allí una irregularidad puesto que no cuadran las cifras del gobierno estatal y el federal.
Asimismo, informó que para la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual contra la mujer, la Ssa otorgó en este año 10 millones 846 mil pesos para atender a 54 mil 860 mujeres de 15 años en adelante.
Con respecto al programa del cáncer de mama, se destinaron del ramo 33 un millón 473 mil 274 y del Ramo 12, 2 millones 763 mil 800, mientras que del anexo 4, 22 millones 853 mil 379, lo que asciende a un total de 27 millones  90 mil 473 pesos para atender a mujeres de 25 años en adelante y el presupuesto se debe ejercer de mayo a diciembre, según la información  que proporcionó la Ssa a la organización femenil. En el caso de planificación familiar, la dependencia estatal destinó en total nueve millones 515 mil 13 pesos para atender a 259 mil mujeres.
En cuanto al programa de Salud Mental mediante el Ramo 33 la Secretaría de Salud le otorgó un millón 84 mil 84 pesos y del anexo 4, siete millones 532 mil pesos, lo que se supone debe ejercerse de mayo a diciembre de este año y el padrón de beneficiarios sería de 31 684 usuarios que tendrían acceso al programa.
La dirigente de la agrupación dijo que estos son algunos ejemplos de los recursos que supuestamente se destinan para la ejecución de los distintos programas. Agregó que en el cruce de información se han encontrado que estos recursos en los hechos no se aplican, “y nosotros nos preguntamos, cómo es posible que habiendo tantos recursos que supuestamente se destinan para los distintos programas, los Centros de Salud sigan abandonados”.
Agregó, también, que a partir de una declaración que hizo el secretario Lázaro Mazón, sobre la identificación de más de 270 Centros de Salud cerrados en la administración anterior, de los cuales en la actual se reabrieron la mayoría quedando solamente 18 de ellos por abrirse, realizaron un recorrido por algunos municipios y se encontraron que muchos todavía siguen cerrados y otros fueron reabiertos con médicos pasantes, cuando la ley dice que no deben estar médicos pasantes sin la compañía de un médico titulado.
Por ello, dijo que solicitaron información a la Ssa para saber si los 18 centros de salud que aceptó el secretario que no se habían reactivado en la actual administración eran los que ellas constataron que no se habían reabierto, o de los que el funcionario aseguró que ya estaban reactivados, sin embargo denunció que la información tampoco se las han entregado.
“Por eso nosotros decimos que es muy injusta la opacidad y la falta de transparencia con fines de corrupción en la Secretaría de Salud”, dijo.
Aseguró que en otras peticiones la dependencia les responde enviándoles información que nada tiene que ver con la que solicitaron “a veces nos han enviado información que tiene que ver con el Servicio Médico Forense, cuando nosotras no pedimos información del Médico Forense”, dijo.
Otra irregularidad que detectaron con base a la información solicitada, fue que el gobierno estatal autorizó del Fondo de Infraestructura Social Estatal, 15 millones para la ejecución de la obra sustitución por obra nueva del hospital general de Chilapa, para el 2012, y las integrantes de la organización aseguraron que la obra no se ha hecho y se desconoce donde están esos recursos, pues el servicio médico se sigue prestando en el viejo hospital.
La agrupación femenil informó que otros datos que obtuvieron es que para los ocho municipios de la Costa Grande, sólo está asignado un mastógrafo en el municipio de Zihuatanejo, mismo que no se da abasto para atender a las mujeres, quienes se siguen muriendo de cáncer por falta de una detección oportuna de la enfermedad.
“Hay una corrupción tremenda en la Secretaría de Salud, similar a la que ocurre en la Secretaría de Educación, y se manifiesta desde el policía que no nos deja pasar en la entrada, hasta el pasante de médico que dice que no se le puede obligar a que haga su trabajo porque no le están pagando”, mencionó Susana Ovideo.
Por su parte, Lizet Nayeli agregó que en algunas localidades los médicos condicionan su trabajo a los habitantes si les dan alojamiento y comida.
Susana Oviedo, por su parte concluyó que las beneficiarias de programas como Oportunidades o Seguro Popular no denuncian todas estas irregularidades porque todavía consideran que es un favor el que les está haciendo el gobierno al otorgarles la atención médica, porque desconocen que se trata de un derecho.