Crear contralorías sociales y ampliar el acceso a la información pública, exigen a los nuevos alcaldes

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la agrupación Ciudadanos por el Mejoramiento de la Gestión Pública (Cimegep) consideró que “es urgente” que las nuevas administraciones municipales incorporen en sus tareas los “presupuestos participativos”, la constitución de contralorías sociales, el establecimiento de los archivos históricos y la incorporación de la figura del cronista oficial”.
Mientras tanto, la agrupación civil Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo, AC, realizó un sondeo de opinión que confirmó los resultados que dio a conocer en agosto pasado el organismo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), el cual señaló que en materia de transparencia la totalidad de los ayuntamientos tiene un promedio de apenas 3.7 por ciento.
Ambas agrupaciones ofrecieron ayer conferencias de prensa por separado, en la que la primera dio a conocer sus propuestas a las nuevas autoridades municipales y la segunda entregó los resultados de su sondeo de opinión.
Los miembros de Cimegep consideraron que “es urgente tomar estas decisiones debido a que hoy en día el ciudadano ha perdido la credibilidad en sus autoridades y es tiempo de recuperar este valor con acciones democráticas incluyentes para todos, transparentando el ejercicio del poder y de los recursos públicos que manejan los alcaldes, a fin de ir mejorando la gestión y el desempeño de los municipios”.
Los miembros de la agrupación, encabezados por Marlen Castro, expresaron que estas propuestas que ahora plantean a las autoridades municipales han sido “exitosas” en otros países, entre ellos Brasil, España y Uruguay, así como en los estados de Michoacán y Jalisco, sobre todo en el caso del “presupuesto participativo” que consiste en aplicar una política pública basada en acuerdos con organizaciones de la sociedad para ejecutar acciones productivas surgidas de las necesidades mismas de las comunidades”.
Marlen Castro expuso, también, que el objetivo de la contraloría social es  mejorar la gestión municipal en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues se propone que los ciudadanos organizados vigilen el quehacer de la administración municipal.
Además dijo que la propuesta de crear la figura de los archivos históricos evitará que los presidentes municipales salientes se lleven los documentos que consideran importantes para después desaparecerlos y dejar la historia incompleta de los municipios.
Agregó que estos archivos históricos deben estar a cargo de los cronistas oficiales, otra de sus propuestas.
Por su parte, la agrupación civil Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo informó que el sondeo arrojó que en el caso del municipio de Chilpancingo, que fue el mejor evaluado por CIMTRA, alcanzó apenas el 18.5 de un parámetro de 100 puntos, lo que implica que sólo 6 de cada 100 ciudadanos lo consideran transparente.
El organismo apenas se constituyó el 25 de abril de este año, y según sus representantes tiene como objetivo realizar sondeos de opinión, coadyuvar en la transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez  en el manejo de los recursos públicos.
En su primer sondeo arrojó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado solamente es conocida por el 14 por ciento de los que fueron entrevistados (200 personas), lo que implica que aproximadamente 9 de cada 100 entrevistados no conocen la ley.
Asimismo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública sólo es conocido por el 4 por ciento de los entrevistados, pues el 96 por ciento “poco o nada saben del ITAIG”, señala el informe del organismo civil.
El informe fue dado a conocer ayer en conferencia de prensa por el presidente de este organismo, Oliver Larumbe Trujillo; la secretaria, Dalila Tapia Bravo; el tesorero, Alfredo Ortiz Solano, y el vocal, Francisco Ojeda López.
Informaron que la encuesta realizada en esta capital revela que la participación de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública, el conocimiento de la normatividad y de la institución garante de transparencia, así como la consideración de que la información en poder del gobierno debe ser pública, es prácticamente nula.
Otros de los datos que arrojó el sondeo de Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo es que el 51 por ciento de los ciudadanos se siguen informando por televisión; el 29 por ciento por otros medios electrónicos y por los medios impresos solamente el 10 por ciento.
Asimismo, el resultado de las encuestas aplicadas arrojó que el 52 por ciento de los entrevistados considera que la información en poder del gobierno es privada; el 37 por ciento contestó que es pública y el 11 por ciento respondió que desconoce si es pública o privada.
Además, un 22 por ciento de los que fueron encuestados respondió que ha participado de la información gubernamental y el 78 por ciento dijo que nunca ha solicitado información al gobierno.
“Este sondeo de opinión realizado en Chilpancingo confirma lo que el colectivo CIMTRA dio a conocer en agosto pasado, en el sentido de que todos los municipios evaluados reprueban en transparencia y cuyo promedio es 3.7 por ciento”, dice el informe de Ciudadanos Solidarios para el Desarrollo.
Tras estos resultados la conclusión del organismo es que los ciudadanos deben participar más en el acceso a la información gubernamental, en la exigencia de la transparencia y de la rendición de cuentas de los servidores públicos, “ya que si no los vigilamos, ellos tenderán a servirse a sí mismos y no a la comunidad que representan”.
Además exige que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno  cumplan con el precepto constitucional federal del artículo 134, “que establece que los recursos económicos los administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
También demanda que el ITAIG, como órgano garante de la transparencia y acceso a la información pública, “aun con sus limitaciones presupuestales, promueva permanentemente el derecho a la información en la ciudadanía guerrerense y genere la cultura por la transparencia a través del acceso a la información y la rendición de cuentas de los servidores públicos”.