Apuestan empresas por evadir la legislación ambiental sin ser descubiertas, señala experto

Karla Galarce Sosa

El procurador ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal, Miguel Ángel Cancino Aguilar dijo que falta referentes más claros para la aprobación de proyectos que modifiquen el medio ambiente y que afecten los entornos.
Durante su participación de la Onceavo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, el experto en temas de gestión ambiental agregó que se requieren procesos en los que se incluya la participación de la sociedad civil organizada.
“Necesitamos referentes más claros para que la autoridad emita sus autorizaciones, necesitamos procesos más abiertos para que la ciudadanía participe en esos procesos de autorización. Necesitamos ordenamiento territorial mucho más claro, mayor transparencia”, señaló Cancino Aguilar.
Explicó que cuando las organizaciones no gubernamentales y el propio gobierno desconocen hasta dónde pueden llegar, tanto los proyectos que se emprenden y la intervención de las asociaciones civiles van directo al fracaso.
A pregunta expresa sobre el incumplimiento en la normatividad ambiental tanto por instituciones gubernamentales como por empresas privadas, expuso que “desafortunadamente existen quienes buscan evadir la legislación (…) y concluyen en procesos con conflictos poco claros”.
Agregó que algunas empresas apuestan por comenzar sus obras sin que nadie los descubra.
Habló de la necesidad de que participe el Poder Judicial de la Federación en los conflictos y daños importantes para que los jueces contribuyan a resolverlos.
“En los problemas ambientales deben estar nuestros jueces y deben hacer lo que tienen que hacer frente a situaciones que afectan nuestro medio ambiente”, dijo.
Agregó que “a mediados del 2011 se reformó el artículo primero de la Constitución y obliga a cualquier autoridad a vigilar, proteger, privilegiar derechos humanos (…) todas las autoridades tendríamos que estar incorporando con un lenguaje distinto la protección de derechos, como el derecho al medio ambiente”.
En Guerrero, continuó, y en otras entidades federativas, la sociedad discute la conveniencia y posibilidad de realizar ciertas obras o actividades que alteren el entorno, eso se genera por la deficiencia de los instrumentos jurídicos para que haya claridad.
“No se puede supeditar el crecimiento económico al recurso del medio ambiente, justamente la idea de sustentabilidad es balancearlos y habrá cosas que no se puedan hacer en espacios específicos”, concluyó.
Al terminar la exposición, los expertos en derecho ambiental, Cecilia Escárcega Solís, de México, y Edy Nelson Hagos Pereyra, de Honduras, hablaron sobre la responsabilidad social de las empresas como compromiso obligado por el gobierno a partir de premios.
Señalaron que la responsabilidad social ambiental de las empresas está ligada estrechamente con el resultado de indicadores empresariales y con la imagen que proyectan.
Señalaron que aún está pendiente, en el caso de Honduras, que la responsabilidad social vincule a la sociedad civil con la empresa privada y que se trabajen prioridades y no se limite a la difusión de la imagen empresarial.
Cecilia Escárcega dijo que para que hubiera una “responsabilidad social ambiental”, se obligó a las empresas para que participaran, lo que derivó en que obtuvieran certificación y otros reconocimientos, dejando de lado aspectos de formación.
“La responsabilidad social debe ir más allá de la parte ambiental y abordar la problemática del entorno, como con una industria del agua en una comunidad que lo requiera. Que las industrias estén obligadas a regirse a la normatividad de acceso a la información”.