Jesús Mendoza Zaragoza

A repensar la estrategia contra la violencia

El caso del municipio de Teloloapan ha visibilizado los alcances que ha tenido la infiltración del crimen organizado en el ámbito de los poderes públicos. En este caso, se ha mostrado la alta vulnerabilidad de los municipios ante las amenazas de las organizaciones criminales. Es posible que lo que sucedió al alcalde de ese municipio guerrerense sea sólo un botón de muestra de lo que está pasando en muchos municipios en los que dichas organizaciones criminales tienen la capacidad de imponer sus condiciones a los poderes públicos.
Esta capacidad ha sido construida a pulso por el crimen organizado a lo largo de décadas, cuando los gobiernos municipales aún contaban con capacidad de maniobra política ante las propuestas de los criminales. Si hace algunos años, éstos no tenían tanta capacidad para amenazar, ahora sí la tienen. Si anteriormente se contentaban con acumular dinero mediante el tráfico de las drogas, ahora van por el control del poder político. Si antes invertían en corromper a las autoridades con jugosas mochadas, ahora sólo tienen que amenazar para lograr sus fines.
Este es el precio que la clase política empieza a pagar por omisiones y acciones que han favorecido el crecimiento del crimen organizado. Lo peor es que las consecuencias las tenemos que pagar todos al estar subordinados a algo así como un narcopoder público. Las autoridades, sobre todo las municipales, se han vuelto vulnerables a esta clase de amenazas, pero lo más grave es que las instituciones públicas estén siendo secuestradas por las organizaciones criminales.
Esto complica las cosas, ya de suyo complicadas. La línea de separación entre el poder público y el crimen organizado está desapareciendo y la sociedad se va quedando en la orfandad. El Estado de derecho se va diluyendo y puede esperarse un cogobierno subordinado a las dinámicas de las organizaciones criminales en las regiones y en el país entero. De hecho, el caso del municipio de Teloloapan nos va mostrando un avance del poder de los criminales no sólo cuantitativo sino también cualitativo, en cuanto que en la práctica, están imponiendo condiciones de gobierno en los municipios y, es posible que también, en los estados.
Parece ser que desde los poderes públicos ya se está reconociendo la ineficacia de la Operación Guerrero Seguro. Hay voces que lo han manifestado y han planteado la necesidad de modificaciones a esta estrategia federal. Estamos ante una oportunidad para ejercitar la honestidad en este tema, pues no la ha habido. Es seguro que el gobierno tiene amplia información sobre el alcance del poder de los criminales pero no se permiten reconocer en público lo que ya saben en privado. Y se la han ido llevando, como se dice coloquialmente, con medidas totalmente desproporcionadas, es decir insuficientes.
Esto ha quedado claro en Acapulco donde recurrentemente repuntan las manifestaciones de violencia más desalmadas como son las ejecuciones a pesar de la presencia militar y policiaca en las calles. Hay que reconocerlo con claridad: esta estrategia es insuficiente y no tiene la capacidad para reducir la violencia. Es más, hay otras formas de violencia que han aumentado y están afectando a la gente, como las extorsiones, las amenazas y los secuestros, que no son tan visibles pero sí son dolorosas ya que causan no solo daños económicos, pues también dejan traumas emocionales con graves afectaciones para la salud de las personas y de las familias. Podemos ya hablar de que la violencia constituye un problema de salud pública que tiene que ser atendido como tal y no sólo con medidas represivas.
Una epidemia recibe el trato de problema de salud pública para ser afrontada con éxito. La epidemia de la violencia, porque eso es, no ha merecido el trato que le corresponde. La estrategia gubernamental es sumamente pobre, tanto que parece más una simulación que una respuesta responsable. Mientras tanto el poder arrollador del narcotráfico sigue creciendo.
En reiteradas ocasiones hemos escuchado voces desde el gobierno, que han reconocido que sin la sociedad civil no habrá salida a la violencia generada por el crimen organizado. El tono de este reconocimiento suele ser de incapacidad y de impotencia, además el de una invitación a la participación de la sociedad que está fuera de lugar. Desde luego que es cierto que sin la participación de la sociedad civil no hay solución que valga en este asunto y en todos los demás que agobian al país. Pero el gobierno no la logrado captar la confianza de la sociedad, y sin ella no se incentiva dicha participación. Ejemplo de ello, es el caso de la denuncia anónima que ha servido de juego a ociosos pero no es confiable para los ciudadanos por los altos grados de corrupción pública que padecemos.
Creo que el tema de la violencia amerita un trato más específico y honesto, que parta de un análisis y de un diagnóstico global de la realidad y se plasme en una estrategia compartida tanto por el gobierno como por la sociedad civil. Es necesario crear condiciones para una salida de fondo, que se prevé a largo plazo. Una de esas condiciones tendría que ver con una legislación necesaria que respalde una ruta de paz y de reconciliación. Buena parte de la sociedad mexicana está implicada directa o indirectamente en las dinámicas criminales y no pueden ser tratadas en términos de blanco y negro, de buenos o malos. Necesitan que se les abran opciones a multitudes de familias que viven de la economía negra construida por los criminales.
Recordemos la experiencia chiapaneca cuando emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuando el Congreso tuvo que votar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, allá por el año 1995, como una herramienta jurídica que abría el paso para soluciones profundas. Evidentemente, la movilización de los zapatistas no guarda semejanza con las acciones de los criminales, pero es necesario establecer condiciones para buscar que se sometan a la ley. ¿No sería necesaria la creación de una ley específica que abordara este tema y que planteara una salida corresponsable que incluya a todos los sectores del país para superar la violencia? ¿Una ley que visualizara una estrategia integral que responda a las necesidades del país y de todos los sectores sociales? ¿Una ley que definiera las obligaciones de cada nivel de gobierno para que dejen de evadir el tema? ¿Una ley que impulse la participación ciudadana en este tema, con facultades de contraloría y de toma de decisiones? Quizá esta parezca una propuesta aventurada pero intenta ser provocadora.
El caso es que la ruta seguida hasta ahora, que ha sido protagonizada básicamente por el gobierno federal, no ha funcionado. Hay que buscar otra que nos implique a todos, aún a los criminales. No se trata de negociar con ellos, sino de hacer un llamamiento ético para que puedan entender que a ellos les conviene también incluirse en un proceso de reconciliación y de paz. Necesitan someterse a la ley pero en términos distintos a los actuales, donde el Estado busca eliminarlos en lugar de crear condiciones para que el crimen organizado no crezca más y los criminales se percaten de que tienen otras alternativas distintas a las que ahora tienen: matar o morir.
Los criminales son criminales y tienen que responder ante la ley. Pero son millones de mexicanos los que viven de esa economía mafiosa que se está imponiendo. Hay que pensar en una forma que les permita dar un paso hacia la legalidad. No se trata de plantear leyes permisivas sino leyes que representen una oportunidad para que estas multitudes de mexicanos no sean vistos como enemigos a eliminar. Hay que buscar caminos de vuelta a la legalidad que permita la reconciliación que necesitamos.