Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Willy Reyes, protegido por el gobernador

El caso del asesinato del diputado Moisés Villanueva de la Luz y de su asistente Erick Estrada Vázquez entró la semana pasada en una rara parálisis que brinda un raro beneficio al principal acusado, el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, quien a pesar de haber perdido ya el fuero que impedía su detención, no ha sido molestado ni con el roce de un citatorio por la Procuraduría General de Justicia del estado.
La única explicación para que se diera el fenómeno de una Procuraduría que durante un año intentó que el Congreso local le retirara la inmunidad a Willy Reyes sólo para que cuando ya no tuvo esa inmunidad se quedara pasmada, es que el ex alcalde de Tlapa dispone de influencias que están por encima de las instituciones responsables de impartir justicia. Y como la Procuraduría no ha informado que la investigación del caso haya dado un vuelco, podemos dar por sentado que la acusación contra Willy Reyes, de haber ordenado la muerte del diputado y su ayudante, continúa vigente.
Pero el extremo en el que se encuentra en este momento el caso es absolutamente congruente con lo que sucedió a lo largo del año, desde que Willy Reyes fue incriminado por los responsables materiales del crimen y desde que la Procuraduría solicitó al Congreso del estado retirarle el fuero para detenerlo. Ahora sabemos que el juicio de desafuero fue solamente una estrategia para concederle al ex alcalde la gracia de terminar su gestión al frente del ayuntamiento de Tlapa y establecer ante la opinión pública el antecedente de que los diputados lo “exoneraron” de toda responsabilidad. Porque, en efecto, lo exoneraron.
Bueno, no sólo lo exoneraron, pues los diputados miembros de la Comisión Instructora –al menos aquellos que firmaron el dictamen, que aun sin ser aprobado surtió el efecto mediático esperado– se erigieron en entusiastas defensores de su inocencia y rebatieron como jueces todos los testimonios que aportó la Procuraduría y exaltaron los que presentó el abogado de Willy Reyes. La más pequeña contradicción entre las declaraciones ministeriales que señalan a Willy Reyes como el cerebro de la trama criminal, y encontraron varias, fue considerada prueba definitiva de su inocencia.
“Durante el período de ofrecimiento de pruebas, únicamente la parte denunciada ofreció pruebas documentales y testimoniales”, dice el dictamen. Y sí, de las averiguaciones previas entregadas como pruebas a la comisión parlamentaria por la PGJE, ninguna señala con contundencia a Willy Reyes como responsable del crimen. El dictamen hasta se permite un tono regañón con las autoridades al señalar que “al día de hoy se carece todavía de una averiguación previa instruida directamente en contra del presidente municipal”, o “el momento procesal idóneo para solicitar la declaración de procedencia, es cuando la averiguación previa se ha integrado y el ministerio público ha procedido a consignar al servidor público ante el juez penal correspondiente, para que éste decida pedir la declaración respectiva”.
Recapitulemos la historia. A solicitud de la Procuraduría, la Comisión Instructora del Congreso del estado analizó durante casi un año si le retiraba el fuero al ex alcalde Willy Reyes. Al término de su tarea concluyó que las pruebas presentadas por la Procuraduría eran insuficientes para autorizar el desafuero. El argumento principal que los diputados adujeron para ello no tenía que ver con su culpabilidad o su inocencia, terreno legalmente ajeno a la competencia del Poder Legislativo, sino con el hecho de que la Procuraduría no haya consignado en ningún momento ante un juez la averiguación previa en la que constara la acusación contra Willy Reyes. Es decir, la Procuraduría acudió al Congreso rogando no encontrar el desafuero, de ahí que no haya realizado mucho esfuerzo por sustentar su demanda.
Todo ello está explicado en el dictamen elaborado por la Comisión Instructora, que nunca fue presentado ante el pleno del Congreso y por lo tanto tampoco fue aprobado. Fue conocido fragmentariamente por una nota publicada en este diario el 7 de septiembre titulada “Circula en el Congreso dictamen que exonera a Willy Reyes del asesinato de Villanueva de la Luz”; y por una carta del ex diputado local Marco Antonio Leyva Mena (publicada aquí el martes pasado) vino a saberse que el dictamen está disponible para su consulta en un portal de internet (comisioninstructoragro.info). Por la carta de Leyva Mena también se supo que finalmente el dictamen fue firmado por todos los integrantes de la comisión (Marco Antonio Leyva Mena, presidente, y Ramiro Jaimes Gómez, Esteban García García, Ricardo Moreno Arcos, Pedro Reyes Ramírez), o así lo sugiere el ex diputado al expresar que el documento fue “firmado por sus integrantes”, lo que no puede verificarse en internet porque la de ahí es una copia simple*. Aunque el propio Leyva Mena había denunciado en la tribuna del Congreso, en los últimos días de la anterior legislatura, la renuencia de tres de ellos a hacerlo.
La divulgación extraoficial del dictamen tuvo el interés de generar la apariencia de que los diputados habían “exonerado” a Willy Reyes del crimen que se le imputa, que lo habían declarado inocente y que por lo tanto no podía ir a prisión. El propio Willy Reyes utilizó esa versión para infatuarse y proclamar, durante su último informe como alcalde de Tlapa, que había vencido a los diputados, dando también la impresión de que había sido declarado inocente de los cargos.
Pues bien: fue exonerado exclusivamente en el ámbito del procedimiento parlamentario y solamente para efectos de la viabilidad de su desafuero, pero no declarado inocente por la sencilla razón de que los diputados no pueden invadir las atribuciones de un juez. Este autor cree que de todos modos, con el propósito de ayudar a Willy Reyes, se extralimitaron en su competencia y las invadieron, a tal grado que produjeron un documento sin validez pero en virtud del cual ahora parece normal que Willy Reyes no sea detenido pues ya fue “exonerado”. Por ejemplo, en una actitud que no les corresponde, los diputados califican de “inverosímiles y de total falta de credibilidad” las declaraciones ministeriales de Juan Miguel Martínez Plácido y Francisco Flores Lorenzo, que hunden a Willy Reyes.
La solicitud de desafuero contra Willy Reyes fue llevada de manera forzada a ese resultado probablemente por una consigna proveniente del exterior, porque ese procedimiento parlamentario no persigue el objetivo de dilucidar la inocencia o culpabilidad del enjuiciado, como sí lo hizo la comisión que presidió Leyva Mena. Esa comisión habría cumplido su misión si con diligencia y cierta prontitud hubiera valorado la gravedad de las imputaciones criminales y la seriedad de la petición, con lo cual habría facilitado el trabajo del ministerio público.
Hace ocho días escribimos aquí que a partir del primer minuto del 1 de octubre, el ex alcalde de Tlapa podía ser detenido porque desde ese momento carecía de inmunidad. Nos preguntamos si así sería y preguntamos también hacia dónde se cargaría la relación política y personal que Willy Reyes mantiene con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Creíamos que sería una aberración que esa amistad le permitiera a Willy Reyes evadir a la justicia y huir.
Sin embargo, no fue detenido, y ahora tampoco se sabe dónde pueda estar. El motivo de que no haya sido detenido inmediatamente después de concluir su gestión en Tlapa ni en los días transcurridos desde entonces, es que la Procuraduría ¡no cuenta con una orden de aprehensión! Lo informó el domingo pasado el subprocurador de Control y Procesos Penales, Fernando Monreal Leyva, quien no explicó por qué no existe esa orden de aprehensión pero dijo que en el transcurso de la semana la Procuraduría emitiría un comunicado para explicar la situación jurídica de Willy Reyes. Pero ese comunicado no fue emitido. La carencia de ese vital documento se explica por el mismo hecho que explica el rechazo de la Comisión Instructora del Congreso al desafuero: porque la Procuraduría nunca solicitó la orden de aprehensión a un juez, y no la solicitó porque nunca consignó el expediente.
Es decir, formalmente y para todo efecto práctico, las autoridades nunca acusaron a Willy Reyes de haber ordenado el homicidio de Moisés Villanueva, lo que a su vez le vino como anillo al dedo a los diputados para llegar a la conclusión de que era inviable su desafuero.
En conclusión, o Willy Reyes es víctima de una conspiración para involucrarlo en el homicidio –y la Procuraduría estaría obligada a precisar ese detallito–, o es culpable pero goza de una protección superior que le regaló un año de respiro mientras se consumaba la farsa de su desafuero en el Congreso y ahora le regala la impunidad a secas. Porque disipemos las dudas: en todo este tiempo la Procuraduría hizo como que quería detenerlo, y el Congreso como que lo iba a desaforar. Y el único capaz de manipular los hilos de la justicia de esa brutal manera es el gobernador.

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* Nota del editor. Marco Antonio Leyva Mena hizo llegar a El Sur una copia en papel del dictamen de la Comisión Instructora que presidía. Y efectivamente allí aparecen las firmas de todos los integrantes de la misma. Pero Leyva Mena tramposamente no precisa que el panista Ramiro Jaimes Gómez escribió al calce “Nota: sentido del voto abstención”, que el perredista Esteban García García escribe “por la abstención” y que el también perredista Pedro Reyes Ramírez escribe “en contra del dictamen”. No es cierto entonces, como sugiere Leyva Mena, que todos los miembros de la Comisión Instructora firmaron en el sentido de exonerar a Willy Reyes.