Acuerda la UPOEG pagar la tarifa más baja a la CFE; buscará con abogados un amparo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades municipales y agrarias, líderes naturales y promotores sociales de los 42 municipios en donde tiene presencia la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordaron ayer pagar la tarifa “F” que es la más baja de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El acuerdo se tomó en el primer día de la asamblea estatal de la UPOEG, que comenzó ayer en la explanada del Congreso local, y además acordó encabezar una lucha no sólo por el reconocimiento al pago de la tarifa “F” que es la más baja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino también para la reducción a las tarifas del gas doméstico y la gasolina.
La tarifa “F” implica que los consumidores de la UPOEG pagarían tarifas de 30, 40, 50 y hasta 100 pesos por familia, según el consumo.
La asamblea de la UPOEG estuvo presidida además de los dirigentes de la agrupación por los diputados federales Carlos de Jesús Alejandro y Camilo Valenzuela, a quienes les pidieron su intervención para que avance en el Congreso de la Unión la propuesta de las reforma a la ley energética en la que se establecerá la reducción de las tarifas de la energía eléctrica, gas doméstico y gasolina.
En la asamblea participan, asimismo, el padre Mario Campos Hernández, autoridades municipales y agrarias, líderes naturales y promotores sociales de los 42 municipios en donde tiene presencia la UPOEG.
El objetivo central de dicha asamblea es la discusión y la toma de decisiones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, la consulta y la elección de las autoridades en los pueblos originarios mediante los usos y costumbres, la defensa del territorio, así como los altos cobros de la energía eléctrica. Ayer se comenzó con la discusión de este último tema.
Al respecto, además del acuerdo de pagar la tarifa más baja, acordaron seguir impulsando la propuesta de fondo que es la reforma a la ley energética que abarcaría la reducción no solamente de las tarifas de la CFE, sino también del gas y la gasolina.
Previamente, la dirigencia de la agrupación informó a los representantes que la CFE reconoció el pago de la deuda histórica hasta el bimestre septiembre-octubre, a partir de cuando habrá “borrón y cuenta nueva”, por lo que a partir del mes de noviembre se reinician los cobros.
El pago de la deuda histórica a la CFE por parte de los pueblos que participaron en la suspensión de pagos en protesta por las altas tarifas, fue cubierta con 35 millones de pesos que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado y otros 15 que aportó el gobierno estatal.
El dirigente Bruno Plácido Valerio informó que la dirigencia de la UPOEG se propone pagar a partir del bimestre noviembre-diciembre la tarifa “f” que es la mas baja, y que para eso la organización firmó un convenio con la Confederación Nacional de Abogados “para ver si, mientras tanto, nos amparamos o buscamos pagar ante un juez o Ministerio Público porque ya se va vencer el mes de octubre y a partir de noviembre se reinician los cobros y el problema es que la CFE sigue aplicando las altas tarifas y no queremos seguir pagando deuda sobre deuda”, dijo.
Informó que los indígenas no se niegan a pagar la energía eléctrica, pero que quieren pagar solamente lo que es justo “y el problema es que la CFE siempre nos ha cobrado más”.
Dijo que posteriormente la dirigencia de la UPOEG hará trabajo con tortilleros y otro tipo de empresarios a quienes también los está explotando la paraestatal “y no hemos visto una línea de conducción para los ricos ni una para los pobres, es la misma, entonces la CFE sigue abusando y ha convertido en víctimas a todos”.
Agregó que la intención es integrar un frente estatal en el que estén aglutinadas todas estas víctimas.
Otro de los temas que discutirá la UPOEG es la defensa del territorio, en el que se encuentra considerado el proyecto de la reserva de la biosfera en la región de La Montaña.
El dirigente de la agrupación, Plácido Valerio, informó que este martes la organización dará a conocer su pronunciamiento al respecto, “porque antes queremos informarnos bien de esta situación”.
Dicho proyecto ha provocado una irritación social en la región de La Montaña, porque no fueron consultados los pueblos originarios y porque la información que han recibido los habitantes de la zona es que les van a expropiar sus tierras lo que consideran que facilitaría la irrupción de la Policía Federal y el Ejército para imponer proyectos como el de las empresas mineras que pretenden explotar minerales en esa región.