Documenta la Auditoría Superior los desvíos de recursos en Salud en el sexenio de Zeferino

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Entre los desvíos de recursos en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo destaca un bono para él por 10 millones 600 mil pesos en el año 2010, el pago de medicamentos por encima de su precio y el pago de salarios a trabajadores que ya habían sido dados de baja, sólo en el área de salud.
De acuerdo con un documento titulado “Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación, Pliego de Observaciones”, se ordena por ello al gobernador Ángel Aguirre Rivero que aplique una auditoría a los gastos de la administración anterior por el quebranto multimillonario.
El pliego R206/2012 da cuenta de que el ex gobernador se entregó un bono de 10 millones 600 mil pesos, que sacó del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
Sin embargo, aunque la utilización del dinero está bajo el concepto de “bono del gobernador”, Zeferino Torreblanca Galindo no está señalado, sino la subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del primero de enero al 16 de marzo del 2010, Angélica María Ramos Aguilera, quien “omitió revisar y ejercer el debido ejercicio presupuestal de los recursos del Fassa”.
Por lo mismo se señala también al subdirector de recursos financieros de la misma dependencia, quien estuvo del primero de enero al 16 de marzo del 2010, Adrián García Soto.
El Pliego de Observaciones R259/2012 de la Auditoría Superior de la Federación señala a los ex subdirectores de recursos humanos de Salud, Julio César Ávila Bello y Clara Judith González Fagoaga, de haber otorgado bonos a funcionarios públicos por 18 millones 865 mil 172.50 pesos.
Los recursos los desviaron del Fassa y ambos están señalados porque se “omitió vigilar y controlar las remuneraciones por concepto de ‘compensaciones discrecionales (bonos), realizadas a diversos trabajadores de los servicios estatales de salud, sin que existiera sustento normativo que lo autorice”.
El Pliego de Observaciones R258/2012 señala de nueva cuenta a González Fagoaga por el presunto desvío de 956 mil 934.79 pesos, “ya que efectuó pagos por concepto de medidas de fin de año a personal de mandos medios y superiores de los Servicios Estatales de Salud” con recursos del Fassa, otra vez, en quebranto de la normatividad.

Pagos a trabajadores dados de baja

De los ex funcionarios que habrían mal utilizado recursos federales destinados a salud, destaca la ex secretaria particular de Zeferino Torreblanca Galindo y ex subsecretaria de Finanzas de la Ssa, Magaly Salinas Serna, quien es señalada por un presunto daño causado al gobierno por 2 millones 486 mil 676.81 pesos, según consta en el Pliego de Observaciones R336/2012 de la ASF.
El documento, del cual se tiene una copia, da cuenta de que se ordenó a Aguirre Rivero, mediante el oficio AEGF/0595/2011 el 14 de junio del 2011, que practicara la auditoría 240 “de tipo financiera y de cumplimiento denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”.
Magaly Salinas habría autorizado 287 pagos a 100 trabajadores que ya estaban dados de baja, con lo que quebrantó las finanzas de la federación por la cantidad antes mencionada, “más los intereses generados que correspondan, desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo”.
En el apartado “fecha de la irregularidad” se lee “del 15 de enero al 30 de noviembre de 2010, según nóminas pagadas”, cuando era subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.
Con ella está también señalada quien fuera subdirectora de recursos humanos de la misma dependencia, Clara Judith González Fagoaga, y estuvo en el cargo desde abril de 2010 hasta abril del 2011.
De Judith González el documento señala que “omitió vigilar y controlar y vigilar los diferentes sistemas de remuneración al personal, pues permitió que se realizaran pagos de sueldos y salarios a servidores públicos de manera posterior a la fecha de su baja”.
Otra señalada es Angélica María Ramos Aguilera, quien también fue subsecretaria de Finanzas de la dependencia.

Cuatro millones de sobreprecio en medicamentos

La pasada administración causó también un quebranto a la federación por 4 millones 50 mil 510.48 pesos, porque compró medicamentos a precios más caros a los de referencia “sin consultar a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la salud”.
Dinero que salió del programa federal Seguro Popular, según el pliego de observaciones R545/2012 y donde se detalla que la ASF ordenó al gobernador que aplicara la auditoría número 448.
En este pliego también se señala que “se realizaron pagos por concepto de medicamentos que no se encuentran incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) por 81 mil 458.86 pesos.
Los proveedores de los medicamentos fuera de Causes son A.G.R. Outsourcing, SA de CV, y Guadalupe Díaz Goytia.
Las proveedoras a quienes se les pagó de más son Irma Estela Ramírez Sánchez, Amparo Acosta Lagunas, César Jesús Varela Blanco, A.G.R. Outsourcing, SA de CV, y Guadalupe Díaz Goytia.
Del quebrando a las arcas de la federación se señala al subdirector de recursos financieros de Salud del estado, quien estuvo en el cargo del primero de abril de 2005 al 15 de abril del 2010.
“Suscribió las solicitudes de pago de diversas facturas de medicamentos que no se encuentran dentro del listado nominal de medicamentos esenciales, así como de medicamentos con un precio superior al de referencia”, se lee en el documento en el apartado de “acción u omisión”.
Se señala en este documento a la subdirectora de recursos financieros de la Secretaría de Salud del estado, Brenda Ivonne Morales Benítez.
Y en el pliego R246/2012 se señala a la misma ex funcionaria de que “omitió llevar un control de la comprobación documental de los pagos efectuados al proveedor Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V realizados con el Fassa.

Dos millones del Seguro Popular

La administración de Zeferino Torreblanca Galindo también desvió dinero del programa federal Seguro Popular por dos millones 330 mil 449.38 pesos, que utilizó en el pago a la empresa de seguridad privada Jobamex, a la cual le pagó, de junio a septiembre del 2010, más de un millón 151 mil pesos.
Y a la empresa de limpieza Limpome, más de un millón 179 mil pesos para realizar la limpieza en “lugares distintos a las unidades médicas (jurisdicciones sanitarias y almacén general de Tecpan), no considerándose como servicios relacionados directamente con la atención médica de los afiliados”.
Esta información está en el pliego R135/2012 y responsabiliza a la subdirectora de recursos financieros de la Secretaría de Salud, Brenda Ivonne Morales Benítez, quien “solicitó el pago con cargo a los recursos de cuota social para vigilancia, lavandería, limpieza, higiene y fumigación en lugares distintos a las unidades médicas”.
A la misma funcionaria se le señala, en el Pliego de Observaciones R341/2012, de que autorizó el desvío de recursos del Seguro Popular para las aportaciones patronales de seguridad social (aportaciones al ISSSTE), por 13 millones 835 mil 660.67 pesos, de enero a diciembre del 2010.
En este documento también se señala a la jefa del Departamento de Tesorería de la Secretaría de Salud, Norma Silvia Wences González, porque fue quien pagó al ISSSTE con dinero del Seguro Popular

Otros desvíos

El Pliego de Observaciones R265/2012 señala un desvío por 46 millones 480 mil 811.8 pesos, de los que no se sabe su paradero porque se encuentran registrados en la cuenta de deudores diversos, préstamos y anticipos a comprobar, pendientes de recuperar con recursos del Fassa.
Por esto también está señalada la subdirectora de recursos financieros de la Secretaría de Salud, Brenda Ivonne Morales Benítez.
Por 21 millones 370 mil 634.62 pesos que se desviaron del Fassa y se utilizaron para subsidiar a los trabajadores el Impuesto Sobre la Renta, generado por el pago en efectivo de las medidas de fin de año (vales de despensa), se señala otra vez a González Fagoaga
También se desviaron del Fassa 14 millones 365 mil 106.57 pesos que se utilizaron para el pago de laudos de 25 personas. Se señala a Ivonne Morales Benítez.
Por un millón 52 mil 63.19 pesos se señala a Adrián García Soto, porque utilizó recursos del Fassa para el pago por concepto de arrendamiento de oficinas para el Seguro Popular y del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud (Sntsa) sección 76. Esto se encuentra en el pliego R253/2012.
Todos los documentos mandatan al gobernador Ángel Aguirre Rivero “la instrucción del procedimiento administrativo disciplinario (o su equivalente) cuando existan elementos y así proceda imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, con excepción de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación”.
Y están firmados por el auditor especial del gasto federalizado, David Colmenares Páramo.