Legaliza el gobierno las violaciones a los derechos indígenas, acusa Centro Morelos

Luis Daniel Nava

Chilapa

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que a 520 años del “descubrimiento” de este continente, en el país y en el estado, los pueblos originarios siguen siendo despojados de sus tierras, de su historia, de su lengua y están siendo condenados a negar su identidad.
En un comunicado, el organismo con sede en esta cabecera municipal, asienta que en 1492 inició una historia de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Sostiene que en la actualidad mediante reformas a la Constitución y a leyes secundarias, se han legalizado violaciones a los derechos individuales y colectivos, y se ha dado pie a la discriminación, al racismo y al saqueo de las riquezas naturales.
Los pueblos indígenas, agrega, “aún siguen siendo víctimas del despojo de sus tierras, de su historia, de su forma de vida, de su lengua, de su esencia, queriendo ser condenados a la negación de su identidad, de perder lo que aún conservan”.
Ejemplifica que en Guerrero, el gobierno federal ha entregado concesiones mineras en la zona de la Costa Chica-Montaña sin consultar a los pueblos, con lo que han saqueados sus tierras, han contaminado su entorno natural y les han arrebatado su cultura.
También indica que como defensores de derechos humanos han elaborado junto a comunidades indígenas de Chilapa, Hueycantenago y Tecoanapa, agendas mínimas de derechos humanos para plantear a los gobiernos municipales entrantes las carencias y necesidades históricas de esos pueblos; además de los derechos humanos incumplidos como la salud, la educación, vivienda digna y oportunidades de trabajo.
Contrario a impulsar el desarrollo y los derechos humanos, añade, el anterior alcalde priista de Chilapa, Sergio Dolores Flores, “tal parece que al ser empresario en la venta de materiales de construcción hizo el negocio redondo al dedicarse a pavimentar calles”, mientras que los candidatos “utilizaron los programas gubernamentales para hacer gestión y ganar votos”.
Sobre el nuevo alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, asienta que las comunidades esperan solución a sus demandas históricas, pero también recuerda su pasado reciente como funcionario.
“Recordemos que ya tuvo una oportunidad de apoyar a las comunidades indígenas cuando fue síndico procurador (de 2005 a  2008) y por el contrario prefirió reprimir y encarcelar a 15 ciudadanos del Consejo Ciudadano y a un defensor de derechos humanos (Manuel Olivares Hernández)”, señala el escrito.