Documenta más irregularidades la Auditoría Superior en el sexenio de Zeferino

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene observaciones a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por más de tres millones de pesos, sólo de fianzas que no pagó en carreteras y puentes que no construyó o finalizó en zonas indígenas en el 2010.
A su vez, señala al ex procurador David Augusto Sotelo Rosas por el mal manejo inadecuado de más de tres millones de pesos de recursos de la federación.
La ASF ordenó al gobernador Ángel Aguirre Rivero que practicara la auditoría 263 de tipo “Financiera y de Cumplimiento denominada ‘Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal’, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales” transmitidos al estado a través del fondo.
El Pliego de Observaciones R759/2012 señala que como resultado de la auditoría se detectaron irregularidades en el ejercicio de 2 millones 402 mil 849 pesos que recibió la administración de Zeferino Torreblanca Galindo en las fianzas para construir un puente vehicular en el municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero no se construyó.
El puente estaría en el tramo San Marcos-Oacatzingo del kilómetro 33+000 del Xalitla, San Francisco y Ozomatlán en Apango.
Por la malversación señala al director general de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeropuertaria del Estado de Guerrero (CICAEG), José Francisco Ruiz Adame, al jefe de la unidad de programación y contratos, Ignacio Taquillo Pastor, y al residente de puentes e infraestructura aeroportuaria de la misma dependencia, Fernando Rosas Linares.
Habrían omitido “vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la contratista, así como administrar conforme a las disposiciones legales los recursos financieros del CICAEG, toda vez que el 30 de octubre de 2011, fecha en que personal de la auditoría realizó la inspección física de la obra, ésta no se había concluido, no obstante que la cláusula primera del convenio se estableció que el plazo de ejecución era del primero de junio de 2010 al 31 de diciembre del 2010”.
“Además, derivado de la revisión del expediente técnico de la obra, se constató que no hizo efectiva la fianza de cumplimiento del contrato de mérito, la cual asciende a tres millones 35 mil 420.93 centavos, de los cuales al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) corresponden 471 mil 895.51 pesos”.
“Tampoco se hizo efectiva la fianza de la inversión o devolución del anticipo que asciende a 9 millones 106 mil 262.80 pesos y de los cuales, al FISE corresponde un monto de un millón 930 mil 953.61 pesos, en virtud de que la contratista no amortizó la totalidad del anticipo”, desglosa el documento.
El documento menciona que el 70 porciento de los recursos los aportó la federación a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) debido a que las poblaciones beneficiarias son, en su mayoría, indígenas y el 30 porciento restante el CICAEG, pero no precisa si el dinero para el puente se reintegró, pues lo señalado es exclusivamente lo de las fianzas.
Lo mismo sucede en el pliego de observaciones R760/2012 pero en la construcción de la carretera y puentes en Igualita-San Juan Puerto Montaña en el paupérrimo municipio de Cochoapa el Grande, del tramo del kilómetro 15+000 al kilómetro 45+000
Además de la construcción, del subtramo del kilómetro 15+000 al kilómetro 23+320 (nivel subrasante) del municipio de Xalpatláhuac, ambos con mayoría de población indígena.
Ambas “relativas al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebraron el CICAEG y la Constructora Calentana S.A. de C.V. por un monto de 13 millones 85 mil 978.70 pesos.
Da cuenta que el 30 de diciembre del 2010, cuando la CICAEG hizo constar que los trabajos de obra estaban suspendidos sin justificación alguna y que el avance era del 86.54 porciento, no obstante que la cláusula primera del convenio se estableció que el plazo de ejecución era del 24 de julio del 2010 al 30 de diciembre del mismo año.
“Tampoco se proporcionó evidencia documental de la rescisión del contrato en mención y no se hizo efectiva la fianza para el anticipo que asciende a 6 millones 642 mil 893.27 pesos, de los cuales al FISE le corresponden 523 mil 696.28 pesos, en virtud que la contratista no amortizó el anticipo”, señala.
Aquí el daño sería por “916 mil 275.64 pesos más los intereses que correspondan desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo”.
El documento también señala al director general de la CICAEG, José Francisco Ruiz Adame, al jefe de la unidad de programación y contratos, Ignacio Taquillo Pastor, y al residente de puentes e infraestructura aeroportuaria de la misma dependencia, Fernando Rosas Linares.

Tres millones de pesos con observaciones en la PGJE

El Pliego de Observaciones R682/2012 señala al que fuera titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), David Augusto Sotelo Rosas, por un daño a la Hacienda Pública Federal de 3 millones 257 mil 729.74 pesos.
Lo anterior, porque “firmó las tramitaciones de transferencias para el pago de las estimaciones del proyecto de obra ‘Construcción de la Cuarta Etapa del Centro Estatal de Capacitación’ con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010”.
Esto, a pesar de que la obra no está considerada en los cuadros de metas y montos del anexo técnico del convenio de coordinación del mismo fondo que firmó el gobierno del estado con la federación.
Este pliego también señala a la que fuera directora general de administración y finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Socorro Edith Vargas Soto, por lo mismo que al ex procurador.