Jaime Castrejón Diez

Muerte en Coahuila

En los primeros días de octubre en Coahuila sucedieron cosas que nos deben hacer ver la magnitud del problema que hay en algunos de los estados de la República. Por un lado el asesinato del hijo de Humberto Moreira ex gobernador de ese estado y ex presidente del PRI y por otro lado la muerte de Heriberto Lazcano El Lazca en un enfrentamiento con la Marina en un pueblo llamado Progreso de esa entidad, poco después el robo del cuerpo de este capo que se encontraba en una funeraria donde estaba depositado el cadáver porque el Servicio Forense no tiene morgue en esos lugares.
José Eduardo Moreira Rodríguez, el hijo mayor del ex gobernador coahuilense fue ejecutado en Ciudad Acuña y esto suscitó una serie de reacciones no solo dentro de la familia Moreira sino también en la población de esa entidad federativa. Por un lado el exabrupto de la viuda, que es natural en esas circunstancias trágicas, muestra un distanciamiento dentro de la misma familia. Se trata de un cacicazgo de Humberto Moreira que llegó también a ser dirigente nacional del PRI y con la facilidad de imponer como candidato y después como gobernador a su hermano Rubén Moreira. José Eduardo Moreira era un funcionario del estado que gobierna su tío y era parte de un clan que se había apoderado del poder en la entidad.
Se dice que un capo de Los Zetas decidió tomar venganza contra la familia Moreira porque había sido ultimado un sobrino suyo, lo que suscitó que aparecieran unas mantas en una parte del estado de Coahuila en las que se hablaba de una venganza familiar, un sobrino por otro sobrino eso es lo que en efecto decían las mantas que aparecieron en Ciudad Acuña.
Alejandro Treviño Chávez, sobrino del capo de la región había sido ultimado el mismo 3 de octubre en Piedras Negras, municipio cercano a Ciudad Acuña. Y la teoría que se deriva de las mantas mencionadas es que iban familia por familia, es decir, encontrar una venganza equivalente a la muerte del sobrino del capo. El asesinato del joven funcionario hizo que el gobierno federal enviara a la plana mayor de su equipo de seguridad para buscar al autor de este homicidio. Lo que ha suscitado una serie de reacciones preguntando por qué cuando se trata de un joven cercano a la clase gobernante se hace un esfuerzo muy serio por encontrar a los responsables y no así cuando las personas no son de esa misma altura política.
La muerte de El Lazca fue circunstancial, había ido a un partido de beisbol en un pueblo y al darse cuenta la gente que había personal con armas de alto poder, alguien dio aviso a las autoridades y la Marina se acercó a ver de que se trataba, cuando llegaron los recibieron con granadas y en la balacera que siguió, murió El Lazca. Se hicieron algunas de las pruebas periciales, pruebas dactilares, tipo de sangre, en fin algunas fotografías con la idea de tratar de identificarlo que fueron enviadas a la Plataforma México. Poco después se dieron cuenta que se trataba de El Lazca, cuyos datos se encontraban en ese archivo ya que había sido miembro del ejército del que había desertado. Fue cuando empezó a darse la noticia de que el cadáver se encontraba en una funeraria local. Un grupo armado, enmascarado robó los cadáveres de Los Zetas caídos y desaparecieron. Sin embargo, se confirmó por las fotografías y pruebas dactilares que se trataba de El Lazca.
Esto preocupa porque demuestra la forma tan fácil que tienen las organizaciones criminales de moverse en el estado de Coahuila. Han empezado a hacerse especulaciones de que haya habido una protección que posiblemente se acabó cuando un hermano le hereda a otro la gubernatura y posiblemente hubo en algún momento protección o por lo menos simulación de parte de las autoridades estatales para tolerar las actividades de los capos.
No deja de ser una serie de eventos y de situaciones que hacen pensar que el problema de la corrupción gubernamental y del poderío de los capos es tan grande que el Estado está perdiendo mucho del territorio en manos de estas organizaciones criminales. Aquí es pertinente pensar cuál debe ser la actitud del nuevo gobierno federal después del 1º de diciembre, apretar a los estados para evitar el contubernio con las organizaciones criminales, seguir la lucha frontal contra los cárteles o cambiar la forma de guerra al narcotráfico en una forma que pueda tomar diferencia y ser más efectiva que lo que ha habido hasta ahora.